Una oleada de suicidios sacude el Ministerio de Economía de Francia: 13 trabajadores se han quitado la vida en seis meses

El pasado 10 de enero, los trabajadores del centro de finanzas públicas de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) se encontraron con una escena estremecedora al llegar a su puesto: un joven inspector, menor de 30 años, apareció ahorcado en el vestíbulo del edificio. Según relata Le Monde, el funcionario había abandonado su puesto el día anterior y regresado por la noche para quitarse la vida en el mismo lugar donde trabajaba. El suceso golpeó con especial dureza al colectivo, ya que los padres del joven también forman parte de la administración.

Este trágico episodio marcó el inicio de una oleada sin precedentes. Desde el 1 de enero, se han contabilizado en toda Francia veinte casos entre suicidios consumados y tentativas en la Dirección General de Finanzas Públicas, según cifras oficiales del Ministerio de Economía. “Son dramas que traumatizan a todo nuestro colectivo, y unas cifras muy preocupantes”, reconoció la directora general de Finanzas Públicas, Amélie Verdier. “No quiero minimizarlos en absoluto”.

En 2012 ya se vivió un año negro, con 19 suicidios en la Dirección General de Finanzas Públicas. Desde entonces, las cifras habían oscilado entre seis y doce casos anuales, con once registrados en 2023 y nueve en 2024. Las cifras actuales, solo en el primer semestre, superan ampliamente esas medias. De mantenerse este ritmo, el índice de suicidios duplicaría al de la población general francesa.

La situación ha generado una gran inquietud entre los trabajadores. Mientras en otras áreas del Ministerio no se han detectado aumentos similares, Le Monde recuerda que el pasado 7 de mayo una empleada de limpieza se quitó la vida saltando desde el tejado del edificio principal de Bercy, en París.

Olivier Brunelle, secretario general del sindicato Force Ouvrière des Finances Publiques, advierte: “La lista incluye hombres y mujeres, de todas las edades, tanto en París como en otras regiones. Es difícil establecer patrones claros. Pero el ritmo creciente obliga a hacerse preguntas, evidentemente”.

Ante la preocupación del personal, Verdier ha programado reuniones con los sindicatos para abordar la situación. Una de ellas, prevista desde hace semanas, tuvo lugar el pasado lunes 7 de julio. La siguiente, centrada exclusivamente en los suicidios, se celebrará este miércoles 9. La cuestión clave: ¿tienen estos casos relación con el entorno laboral?

En algunos casos, el vínculo parece débil. Como el de Pierre Cousein, informático de Lille de 48 años con una enfermedad de Parkinson precoz, que viajó a Bélgica para acceder a la eutanasia, tras haberse pronunciado públicamente sobre su situación. En otros, se identifican motivos personales como divorcios, enfermedades mentales o problemas familiares. La última víctima, una mujer de 63 años, se arrojó desde un puente en el Loira en junio, tras estar cuatro años de baja médica.

De los veinte casos registrados este año, solo dos o tres ocurrieron directamente en el lugar de trabajo, como el de Saint-Denis. Y en trece años, “la imputabilidad al servicio (organización y funcionamiento) solo se ha reconocido en tres ocasiones, la última en 2018”, precisó Verdier.

Sin embargo, los sindicatos no comparten este enfoque. Sandra Demarcq, secretaria general de Solidaires-Finances Publiques, denuncia que “las razones de un suicidio son en general múltiples, pero la dirección tiende a descartar de entrada los factores laborales. Solo abre investigación si el hecho ocurre en el puesto de trabajo. Nosotros pedimos que se investigue siempre. Necesitamos saber si hay causas profesionales detrás”. A esta demanda, Verdier ha respondido que “a partir de ahora, vamos a proponer sistemáticamente que se abra una investigación”.

Los representantes sindicales insisten en que es necesario analizar en profundidad la situación. Más allá de las circunstancias particulares, temen que el aumento de suicidios sea reflejo de un malestar estructural, posiblemente vinculado a la gestión del personal.

“No estamos ante un caso como el de France Télécom a finales de los años 2000, cuando desde la dirección se asumía la necesidad de hacer marchar a los empleados ‘por la ventana o por la puerta’”, apunta Demarcq. “Pero las reestructuraciones constantes en nuestra administración están teniendo consecuencias muy graves para compañeros vulnerables”.

Desde la fusión de las antiguas direcciones de Impuestos y Contabilidad Pública en 2008, la DGFiP ha sufrido importantes recortes. Según Le Monde, se han eliminado unos 32.000 puestos, dejando la plantilla en 93.800 empleados a finales de 2024, de los cuales 4.360 son contratados. “Es la administración que más personal ha perdido en toda la función pública”, resume Olivier Villois, de la CGT-Finances Publiques.

Las tareas, sin embargo, no han disminuido. “Se exige a los funcionarios que cumplan objetivos cada vez más exigentes con menos medios”, denuncia Brunelle. “Se ha estirado el elástico hasta el límite. Quizá ha llegado el momento en que se rompe. ¿Hasta cuándo se puede seguir debilitando a la administración que financia a todas las demás?”. En 2025, se prevén 575 nuevas supresiones de empleo en el Ministerio. “Nuestros compañeros sienten que, si hay que ahorrar, los primeros en pagar serán siempre ellos”, añade Villois. Un panfleto reciente de la CGT lo resume así: “La Dirección General de Finanzas Públicas se ha convertido en una máquina de triturar”.

Una encuesta interna realizada en febrero, con más de 52.000 respuestas, refleja este desánimo. El 60% de los empleados considera que la Dirección General de Finanzas Públicas no evoluciona en la buena dirección, frente al 30% en el resto de la función pública. Solo un 54% está satisfecho con su carga de trabajo (por debajo del 72% en otros sectores públicos). Uno de cada tres reconoce niveles de estrés muy altos. “Los resultados han mejorado, pero siguen por debajo de la media del resto de la función pública”, admite Verdier.

Ante esta situación, Bercy ha anunciado un plan de prevención. “A partir de septiembre, vamos a extender las formaciones en primeros auxilios en salud mental que ya hemos probado en la región Centro-Valle del Loira”, informó la directora. También se prevén medidas para identificar a empleados en situación de vulnerabilidad. No obstante, los sindicatos temen que no sea suficiente.