Sevilla, 31 dic (EFE).- La asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha exigido “el fin de las redadas y la persecución al colectivo de manteros y vendedores ambulantes” a raíz de la muerte el domingo en Sevilla de un mantero senegalés de 43 años tras arrojarse al río Guadalquivir al percatarse de la presencia policial en el marco de un dispositivo contra la venta ambulante.
En un comunicado, la asociación ha lamentado que este hombre "murió, únicamente, por intentar ganarse la vida dignamente como vendedor ambulante" y ha exigido “una investigación independiente y el esclarecimiento de todas las circunstancias que rodean el dramático fallecimiento”.
Para Pro Derechos Humanos de Andalucía, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera recaer sobre quienes que participaron en la persecución, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es el "responsable político último de la muerte de Mahmoud”.
La entidad andaluza ha denunciado que la “criminalización institucional de la pobreza se está cobrando vidas humanas” y ha recordado que la primera medida que tomó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, fue implementar un plan contra la venta ambulante, dirigido específicamente contra los colectivos más vulnerables que, con esta práctica, "intentan sobrevivir ante la falta de oportunidades”.
Las personas de origen extranjero son uno de los colectivos que más frecuentemente se ven obligados a recurrir a la venta ambulante ante la imposibilidad de acceder a otros trabajos como consecuencia de la aplicación de la Ley de Extranjería, ha indicado.
La entidad recuerda que en 2018, en Madrid, una persona de origen africano y que también se dedicaba a la venta ambulante murió al sufrir un infarto cardíaco tras una larga persecución policial. EFE
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