Una técnica de farmacia es despedida por ejercer 27 años sin titulación, pero la condena le va a caer a sus jefes: debieron haberlo comprobado

Veintisiete años de trabajo como técnica de farmacia han finalizado de manera abrupta para una empleada en el sur de Francia tras descubrirse que no disponía del diploma necesario para ejercer. Una inspección de la Agencia Regional de Salud (ARS) ha provocado tanto su despido como una sanción al propietario de la farmacia por no verificar correctamente las cualificaciones de su personal, informa Le Figaro.

La historia comenzó en 1998, cuando la empleada se incorporó a la farmacia. Desde el primer día, asumió las funciones propias de una técnica de farmacia: dispensar medicamentos, atender a los clientes y adaptarse a los procedimientos internos. Durante años, su desempeño no generó dudas y la confianza de los propietarios se mantuvo. Sin embargo, la documentación sobre su titulación nunca se revisó en profundidad, y el expediente personal no reflejaba la ausencia del diploma exigido para el puesto.

A lo largo de los años, la farmacia experimentó varios traspasos y cambios de dirección. Cada nuevo propietario heredó la plantilla y los procedimientos sin interrumpir la actividad ni revisar en profundidad los expedientes de los empleados. Según Le Figaro, esta falta de verificación documental se convirtió en una rutina, especialmente en profesiones reguladas como la de técnico de farmacia, donde la titulación es obligatoria. El control sobre las cualificaciones se relajó y la ausencia de comprobaciones sistemáticas permitió que la irregularidad pasara inadvertida.

El punto de inflexión llegó a finales de 2017, cuando un inspector de la ARS solicitó los diplomas de todo el personal. En ese momento, resultó imposible presentar el diploma de la técnica de farmacia. Los responsables de la farmacia pidieron a la empleada que aportara el documento, primero de forma verbal y después por escrito. La empleada, sin embargo, se encontraba de baja por enfermedad y no respondió a las solicitudes.

Ante la falta de respuesta, el empleador optó por suspenderla de manera preventiva y, en febrero de 2018, formalizó el despido por falta grave. En la carta de despido se alegaba no solo la carencia de cualificaciones, sino también una supuesta falta de buena fe y el riesgo de sanciones penales por ocupar un puesto regulado sin la titulación correspondiente.

La empleada negó haber ocultado información y afirmó que los anteriores propietarios conocían su situación. Además, sostuvo que el nuevo propietario no realizó ninguna verificación documental durante la adquisición de la farmacia. El conflicto se centró así en la responsabilidad de comprobar las cualificaciones y en la gestión interna de los expedientes.

El caso llegó a la Justicia, a los tribunales laborales, en 2021. El primer fallo consideró que el despido había sido improcedente e injustificado, condenando al empleador a abonar más de 34.800 euros en concepto de indemnización. El tribunal valoró los años de servicio, la falta de inspecciones previas y la ausencia de documentación completa como factores determinantes. El debate giró en torno a la obligación del empleador de verificar la situación contractual y profesional de la empleada.

En 2023, el Tribunal de Apelación revocó la sentencia inicial. En esta ocasión, se consideró que la empleada había incumplido el deber de lealtad al no informar de su falta de titulación, y se desestimó su demanda. Además, se le impuso el pago de las costas procesales. El tribunal subrayó que informar al empleador sobre cualquier deficiencia, incluida la ausencia de cualificaciones, formaba parte de la lealtad exigida a todo trabajador.

Este 2025, el Tribunal de Casación ha anulado la decisión de apelación y establecido un principio claro: el empleador no puede justificar un despido por falta grave alegando su propia negligencia en la verificación de cualificaciones. El tribunal condena al empleador a pagar 3.000 euros en costas judiciales y devuelve el caso al tribunal inferior para una nueva revisión. Según recoge Le Figaro, la sentencia subraya que la verificación inicial, el seguimiento y la correcta documentación son tan relevantes como la experiencia acumulada.

Así, la decisión del Tribunal de Casación no ha cerrado el caso, que ahora debe ser revisado de nuevo por el Tribunal de Apelación. El proceso judicial sigue abierto y pendiente de una resolución definitiva, pero la jurisprudencia ya ha fijado un criterio: la responsabilidad de verificar, documentar y asumir las consecuencias de la falta de control recae en el empleador.

En el sector farmacéutico, la seguridad de los pacientes y la confianza en el servicio dependen de una gestión documental exhaustiva y actualizada. La omisión en la verificación de cualificaciones no solo expone a sanciones, sino que puede poner en riesgo la integridad del sistema y la protección de quienes acuden a la farmacia. Por tanto, en cualquier caso, e independientemente del castigo a la empresa, a los empleadores, la empleada no volverá a ejercer.