La revolucionaria propuesta científica que busca salvaguardar el océano abierto

Un grupo de científicos internacionales lanzó un llamado urgente para prohibir de forma permanente toda actividad extractiva en altamar, advirtiendo que la explotación actual y futura de estos territorios oceánicos amenaza la estabilidad climática del planeta y la supervivencia de la biodiversidad marina.

La petición fue presentada en la Conferencia de los Océanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Niza, Francia, donde se debate el futuro de las aguas internacionales, que abarcan el 61% de la superficie oceánica y el 43% del total terrestre.

Según un informe difundido por Nature, los expertos sostienen que una protección total de la altamar es esencial para frenar el deterioro ambiental. Subrayan que no se puede esperar otra década para afrontar los impactos acumulados de las actividades humanas, y llaman a actuar antes de que entre en vigor el Tratado de Altamar de la ONU, cuya ratificación avanza con lentitud.

La altamar representa cerca de dos tercios del volumen de la biosfera y desempeña un rol clave en el sustento de la vida en la Tierra. No obstante, menos del 1% de su extensión cuenta con protección efectiva, debido a la falta histórica de mecanismos globales de gobernanza más allá de la Antártida.

En 2023, la ONU aprobó el Tratado de Altamar con el objetivo de aumentar las áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Sin embargo, su entrada en vigor depende de la ratificación de 60 países; hasta la fecha de publicación del informe de Nature, solo 28 lo habían hecho.

Entre los principales obstáculos figuran la escasez de datos científicos, los desacuerdos sobre las responsabilidades compartidas y los desafíos propios del multilateralismo. “Los cambios químicos y físicos en los océanos, una vez producidos, podrían ser irreversibles durante siglos o milenios”, advierten los autores.

Las aguas internacionales albergan una biodiversidad marina extensa, incluyendo especies migratorias como cetáceos, tortugas, atunes y tiburones. Además, desempeñan un papel central en el ciclo del carbono, crucial para el equilibrio atmosférico. Con una profundidad media de 4.100 metros, la altamar constituye el mayor sumidero natural de carbono del planeta.

Este ecosistema funciona mediante dos procesos claves. La bomba biológica se activa con la migración diaria de peces e invertebrados desde la zona mesopelágica hacia la superficie, donde se alimentan, para luego descender y depositar carbono en forma de desechos.

Sin este ciclo, las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico serían 200 partes por millón más altas y la temperatura global hasta 3°C mayor, según Nature.

Por su parte, la bomba de nutrientes se pone en marcha cuando animales y restos biológicos descienden desde la superficie a zonas profundas. La mezcla limitada de aguas restringe la disponibilidad de nutrientes en las capas superiores. Especies como el atún patudo, el cachalote y la tortuga laúd transportan estos nutrientes al emerger, impulsando la producción biológica y la captura de carbono.

La explotación de la altamar comenzó con la caza de ballenas en el siglo XVII y se intensificó en el siglo XX con la pesca industrial. En décadas recientes, la presión se extendió a zonas más profundas y a nuevas actividades como la minería submarina, cuyos impactos ecológicos aún no se comprenden del todo.

El auge de la pesca fue sostenido por subsidios estatales. En 2018, unas 3.500 embarcaciones operaban en estas aguas, de acuerdo con Nature. Esta intensificación generó sobreexplotación de especies y daños severos en hábitats y fauna marina, afectando a especies emblemáticas como albatros, tiburones oceánicos y tortugas laúd.

Aunque muchas especies mesopelágicas no se consumen directamente, la industria las utiliza para producir harina y aceite destinados a la acuicultura. Esta práctica compromete la capacidad de los océanos para almacenar carbono y debilita la base alimentaria de otras especies marinas, como delfines, tiburones y atunes.

La gestión de la altamar está condicionada por marcos jurídicos internacionales poco sólidos y por la débil supervisión de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP). Las actividades extractivas operan con escasa vigilancia y cumplimiento, y enfrentan problemas recurrentes como la captura incidental, la mortalidad de especies no objetivo y la contaminación.

Nature documenta que las pesquerías de palangre pelágico matan anualmente cientos de miles de aves marinas, miles de tortugas y millones de tiburones. El uso de dispositivos de agregación de peces (dFADs) agravó el problema: entre 2007 y 2021 se desplegaron más de 120.000 dFADs al año, cubriendo el 37% del océano. Hasta el 90% de estos dispositivos se pierde o es abandonado.

La pesca en altamar representa menos del 6% del total mundial. Sin embargo, el 80% de esas capturas proviene de seis regiones: China continental, Taiwán, Japón, Indonesia, España y Corea del Sur. Esta concentración responde, en gran parte, al apoyo de subsidios públicos que, en 2014, alcanzaron los 4.200 millones de dólares, según el informe.

Muchas operaciones reducen costos mediante salarios bajos o, en casos extremos, mediante el uso de mano de obra forzada, con frecuentes violaciones a los derechos humanos. La eliminación de estas prácticas liberaría recursos públicos y pondría fin al financiamiento de actividades que deterioran la biodiversidad.

La sobreexplotación provocó colapsos en poblaciones marinas, reduciendo tanto la biodiversidad como la capacidad de los océanos para disminuir el cambio climático. El calentamiento global y la estratificación del agua causaron una pérdida del 2% del oxígeno oceánico en los últimos 50 a 60 años, reduciendo el hábitat disponible para especies como tiburones y atunes.

Estas condiciones obligan a los animales a permanecer en la superficie, donde son más vulnerables a la pesca, y deterioran su tamaño, crecimiento y capacidad reproductiva. El estudio afirma que la interacción entre pesca intensiva, minería, calentamiento y destrucción de hábitats pone en riesgo la productividad y estabilidad del océano abierto.

Prohibir las actividades industriales en altamar permitiría recuperar poblaciones de especies objetivo y trasladar la pesca a aguas nacionales, donde la gobernanza es más efectiva. Según Nature, el 98,6% de los peces explotados en altamar también habitan aguas jurisdiccionales, lo que facilitaría su gestión sostenible.

Esta reorientación generaría beneficios de conservación mayores que en zonas costeras y ampliaría las oportunidades para países de ingresos bajos y medios. La recuperación de la megafauna marina ayudaría a reforzar la bomba de nutrientes y mitigar la pérdida de productividad provocada por la desoxigenación.