Estados Unidos impuso este miércoles sanciones financieras contra la actriz, modelo y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, al considerarla parte de la red de apoyo del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional surgida en la prisión venezolana de Tocorón y designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Araya en una lista de individuos a los que acusa de brindar “apoyo material” al Tren de Aragua. Según el comunicado oficial, las autoridades creen que mantiene una relación con Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, líder del grupo, y que habría facilitado su fuga de Tocorón en 2012.
El Tesoro sostiene que parte de los ingresos obtenidos por Araya en sus presentaciones como DJ en Colombia, donde trabaja de manera recurrente, habrían sido utilizados para financiar actividades delictivas de la organización. Entre los locales mencionados figura Maiquetía VIP Bar Restaurant, en el sur de Bogotá, cuyo propietario, Eryk Landaeta, fue arrestado por las autoridades colombianas en 2024 y ya había sido sancionado por Estados Unidos por utilizar fiestas y espectáculos para la venta de drogas y el lavado de dinero.
Araya, de 42 años, posee 3,5 millones de seguidores en Instagram y alcanzó notoriedad en Venezuela por su participación en programas humorísticos y apariciones televisivas antes de reorientar su carrera hacia la música electrónica. Desde hace años figura con alta presencia en discotecas y eventos nocturnos en varias ciudades de Colombia, lo que la mantenía en el radar público como personalidad del entretenimiento antes de las acusaciones formales de Washington.
Además de Araya y Landaeta, el Tesoro sancionó a Kenffersso Sevilla, alias El Flipper, detenido en noviembre pasado en Colombia y considerado una de las figuras más cercanas a Niño Guerrero. También fueron incluidos Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrubal Escobar y Cheison Guerrero, señalados como integrantes de la estructura operativa del grupo criminal.
Con estas sanciones, quedan bloqueados los activos y propiedades de los individuos designados bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíbe a empresas y ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. El objetivo, según el Tesoro, es interrumpir las fuentes de financiación y logística que permiten al Tren de Aragua operar en Venezuela y expandirse hacia países vecinos.
En paralelo, el Departamento de Estado anunció que aumentó de tres a cinco millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias El Viejo, considerado uno de los principales líderes del Tren de Aragua y actualmente incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.
La organización criminal nació en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, pero durante la última década se ha expandido hacia Colombia, Chile y Perú, aprovechando rutas de migración irregular, redes de trata de personas, extorsión y narcotráfico. Informes policiales en la región han documentado su capacidad para replicar estructuras de control y violencia en distintos países.
La ofensiva de Washington combina sanciones financieras, recompensas internacionales y cooperación con fuerzas de seguridad latinoamericanas. El endurecimiento coincide con el interés de Estados Unidos en debilitar a las organizaciones transnacionales que operan con esquemas de lavado de dinero y tráfico regional, en un momento en que el Tren de Aragua se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación en materia de crimen organizado en América del Sur.
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