La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela experimenta una creciente soledad diplomática en América Latina tras las derrotas electorales de dos de sus principales aliados regionales: los oficialismos en Honduras y San Vicente y las Granadinas, en un contexto en el que persiste la tensión con Estados Unidos debido al despliegue militar en el Caribe.
En Honduras, los resultados preliminares de los comicios del domingo pasado muestran que Rixi Moncada, apoyada por la presidenta Xiomara Castro -aliada de Maduro-, cayó al tercer lugar sin posibilidades de revertir la tendencia. El conteo está centrado entre dos candidatos de derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, este último respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos prometieron romper relaciones con el régimen de Maduro.
En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph Gonsalves, reconocido por su respaldo a Venezuela, perdió el poder tras casi un cuarto de siglo. El gobierno del país pasó a manos de Godwin Friday, político de centroderecha cuyo partido logró 14 de los 15 escaños parlamentarios.
Incluso las naciones gobernadas por líderes progresistas o de centroizquierda, como Brasil, Chile, México y Colombia, restringieron su relación con el régimen de Maduro. Y lo hicieron, fundamentalmente, tras los cuestionados comicios de 2024 en los que se proclamó su reelección pese a denuncias de irregularidades.
Los vínculos diplomáticos entre Venezuela y Argentina se cortaron casi por completo con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y quedaron prácticamente sin restablecer tras la llegada al poder del actual presidente, Javier Milei. A esto se suma el distanciamiento de otras naciones de la región que migraron hacia gobiernos de derecha en el último tiempo, entre ellas Ecuador, El Salvador y Bolivia.
En cuanto a Brasil, el lazo bilateral osciló entre etapas de cooperación durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y graves tensiones bajo administraciones de derecha. El regreso de Lula al Palacio del Planalto reabrió el diálogo con Caracas, aunque sin alcanzar el nivel de cercanía anterior.
Si la crisis en el Caribe se profundiza, Venezuela dispone de pocos aliados activos en el continente. La dictadura de Cuba continúa manifestando su respaldo a Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó en diálogo con CNN a fines de septiembre que la isla “apoya de forma plena y completa” a Caracas.
Al ser consultado sobre una posible acción militar en apoyo a Venezuela, Rodríguez declaró: “Es un escenario hipotético. Cuando me informen que ha ocurrido una intervención militar, le haré saber la respuesta”.
El régimen cubano enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, lo que limita su capacidad de asistencia efectiva.
El otro socio relevante que le queda a Venezuela es Nicaragua, encabezada por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los mandatarios, que cargan con denuncias de atropellos a los derechos humanos, adoptaron una postura reservada y brindaron escaso soporte a Caracas. No obstante, en septiembre, Ortega denunció el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y acusó a Washington de buscar “apoderarse del petróleo venezolano, fingiendo que la droga proviene de ese país”.
La posición de Estados Unidos ha determinado el marco actual. El Pentágono desplegó más de una docena de barcos de guerra y alrededor de 15.000 efectivos en la región bajo la operación conocida como “Lanza del Sur”.
Este lunes, Trump convocó a su Consejo de Seguridad Nacional para analizar los próximos pasos frente a la crisis bilateral con el régimen de Venezuela, luego de semanas de creciente presión militar.
“El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos”, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante consultas sobre eventuales nuevas acciones.
Trump ha incrementado la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro y la estrategia de Washington ha incluido una ofensiva militar en el Caribe desde septiembre. Estados Unidos sostiene que los ataques a 20 embarcaciones han causado 83 muertos en operativos enfocados en rutas del narcotráfico, que Washington atribuye al liderazgo de Maduro.
“Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, señaló Leavitt, que no descartó ni confirmó una intervención con tropas en suelo venezolano.
El pasado fin de semana, Trump declaró que el espacio aéreo sobre Venezuela debía considerarse “totalmente cerrado” y advirtió que la ofensiva contra narcotraficantes, hasta ahora limitada al mar, podría ampliarse “muy pronto” a operaciones terrestres.
La Casa Blanca subrayó que tales decisiones se toman para “eliminar amenazas” antes de que alcancen el territorio estadounidense. Entre las posibles opciones no figuraría actualmente una negociación directa con Maduro ni acuerdos en el sector petrolero, luego de que Washington calificara la reelección del dictador venezolano en 2024 como fraudulenta e ilegítima.
En cuanto a los ataques recientes, la vocera señaló que el almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, actuó bajo las órdenes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, al autorizar bombardeos de seguimiento para asegurar la destrucción completa de embarcaciones consideradas una amenaza.
“Actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, indicó Leavitt.
La portavoz defendió la legalidad de los operativos tras reportes de que sobrevivientes de un bombardeo inicial fueron ultimados en una segunda ofensiva ordenada por la cadena de mando militar estadounidense.
“Estas acciones están en cumplimiento de la ley de conflicto armado y aprobadas por los mejores abogados militares y civiles”, sostuvo Hegseth, respaldando la legitimidad de la campaña.
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