La Justicia Federal elevó a juicio una causa por lavado de activos vinculados al narcotráfico, con Nelson “Chirola” Pizarro Quintero, de 56 años, como principal acusado. Pizarro, ya condenado por ingresar casi 50 kilos de cocaína a Mendoza en 2019, enfrenta ahora una investigación que detalla los intentos de legalizar el dinero proveniente de actividades ilegales y amplía la imputación a nuevos involucrados, entre ellos, integrantes de una familia.
En los últimos días, el fiscal Federal Fernando Alcaraz, responsable del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, impulsó la elevación a juicio de la investigación por lavado de dinero. Junto a Pizarro, figuran como imputados Edgardo Daniel Sánchez Aguilera (condenado a seis años de prisión) y sus hijas C.L., N.A. y F.S. Sánchez Vila. La medida, que aún no está firme tras la apelación del abogado defensor de Pizarro, Sergio Carreño, será tratada en una audiencia una vez finalizada la feria judicial.
Según lo informó el portal del diario Los Andes, la hipótesis de la Fiscalía describe que desde 2011 hasta agosto de 2019, Pizarro, Sánchez y las mujeres mencionadas desplegaron un esquema para dotar de apariencia legal al dinero obtenido por el tráfico de drogas. De acuerdo con la acusación, se habrían adquirido cinco vehículos, dos inmuebles y una suma cercana a los 10.500 dólares, sin que los ingresos declarados de los involucrados justificaran ese patrimonio.
Entre los bienes figuran vehículos de alta gama y propiedades. Uno de los autos adquiridos es un BMW 315 modelo 116I, utilizado por Pizarro en maniobras de tráfico por las que fue condenado. Otro es un Citroën C4 modelo 2008, comprado en 2016, que fue incautado en el Camping Los Tilos, de Guaymallén, sitio donde Pizarro desempeñaba funciones administrativas. La investigación señala operaciones específicas para blanquear capitales, como la compra de 2.500 dólares en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, y el cambio de 8.000 dólares en la sección ruleta americana del Casino de Buenos Aires, ambas en 2017.
Por otra parte, Sánchez Aguilera habría aprovechado a sus hijas como intermediarias para incorporar al circuito legal dos inmuebles en Colonia Molina, Guaymallén, y tres vehículos: un Gol Trend 0 km, una camioneta Toyota Hilux 4x2 y un Peugeot 208 Feline 1.6, todos registrados a nombre de las jóvenes, pero con autorización para que el padre los utilizara.
La consistencia de la acusación fiscal se apoya en la ausencia de actividades declaradas que permitieran justificar los montos invertidos. Según el expediente, las maniobras de lavado resultaron posibles gracias a los beneficios obtenidos con el tráfico de estupefacientes, actividad por la que parte del clan fue condenado en agosto de 2022.
En ese proceso, además de Pizarro y Sánchez, el Tribunal Oral Federal N° 1 condenó a Claudio Marcelo Olivera Ruarte (seis años de prisión) y a Alejandro Daniel González Dielli (tres años y seis meses). A ellos se sumaron Luis Wilmer Zalazar Acosta y Ernesto Guerrero Heimer, ambos con penas de ocho años y seis meses. El tribunal dispuso también el decomiso de tres vehículos: un BMW, una Toyota y una Volkswagen Saveiro, este último utilizado para transportar la droga hasta Mendoza.
Pizarro ya tenía antecedentes: en 2014 recibió una condena a seis años de cárcel tras ser hallado culpable por el tráfico de 255 kilos de marihuana. Las nuevas pruebas recabadas en los operativos de 2019 confirmaron la persistencia y alcance de la organización.
La investigación sobre el otro juicio en su contra se centró en la operación realizada el 7 de agosto de 2019, cuando la banda concretó el traslado y tenencia para comercialización de 47,704 kilogramos de cocaína compactada. La droga, fraccionada en 43 ladrillos y seis medios ladrillos, se hallaba oculta en un doble fondo de una camioneta Saveiro.
Las tareas de inteligencia, encabezadas por la Policía de Mendoza, incluyeron intervenciones telefónicas y vigilancia. El 5 de agosto de ese año, Pizarro, Olivera, Sánchez y González se habían reunido en Córdoba con uno de los proveedores, Luis Zalazar, antes de trasladar la carga ilegal a Mendoza. Dos días después, personal de la División Robos y Hurtos instaló un control en el Arco Desaguadero, interceptando primero un Toyota Avensis en el que viajaban Pizarro, Sánchez y González, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En el vehículo se secuestraron teléfonos clave para la reconstrucción de los hechos.
Más tarde, una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por Olivera ingresó también por el límite provincial y fue detenida. El hallazgo de casi 48 kilos de cocaína fue determinante para consolidar las imputaciones. En paralelo, la Policía identificó una maniobra de distracción: el tercer vehículo de la banda, un BMW negro manejado por Zalazar y Guerrero, transitó por San Juan antes de ingresar a Mendoza, donde finalmente fue interceptado y se secuestró el dinero y los teléfonos transportados.
Pese a la apelación presentada por la defensa de Pizarro, la causa por lavado sigue su curso y se espera que la audiencia posterior a la feria judicial defina la continuidad del proceso.
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