
La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB) aseguró que el sector sufre un deterioro estructural en todo el país y expuso su situación al día de hoy, a través de un comunicado.
Según la entidad, que ya venía advirtiendo de este estado de cosas a raíz del desfasaje entre el aumento de los costos operativos y los aranceles que perciben los laboratorios, dijo que ahora “alcanzó un punto crítico”, con consecuencias directas sobre la capacidad de sostener el acceso a estudios de diagnóstico y seguimiento de enfermedades.
En un contexto de inflación acumulada y suba constante de insumos, el informe difundido por CALAB advierte que la brecha económica es cada vez más profunda. El impacto afecta la sustentabilidad de los laboratorios, especialmente aquellos ubicados fuera de los principales centros urbanos, donde los márgenes operativos son más ajustados, reveló la entidad.
Asimismo, alertó que en algunos casos ya comenzaron a registrarse cierres de establecimientos, mientras otros enfrentan dificultades para mantener prácticas esenciales.

“Entre los principales factores que alimentan la crisis se encuentra el incremento exponencial del precio de los reactivos, insumo clave para la realización de análisis clínicos”, dijo la entidad.
Según datos relevados por CALAB, estos productos registraron una suba del 836% entre enero de 2023 y la actualidad. En el mismo período, los salarios del sector aumentaron 443% conforme a lo pautado en las paritarias de los convenios colectivos 108/75 y 122/75. Por su parte, la inflación general informada por el INDEC acumuló un 636%, lo que arrastró también el alza de otros costos fijos como alquileres, servicios y mantenimiento de equipamiento.

Frente a esa estructura de costos, los aranceles que abonan obras sociales y prepagas presentan una evolución notoriamente inferior. Desde la Cámara remarcaron que, además de la insuficiencia de los valores, el sistema de pagos agrava el desequilibrio.
Las prestaciones son cobradas entre 60 y 120 días después de realizadas, lo que obliga a los laboratorios a asumir gastos corrientes sin ingresos inmediatos. La dinámica genera un desfasaje financiero estructural que muchas entidades, especialmente las de menor escala, ya no pueden sostener.
A esta situación se suma un factor impositivo que desde hace años representa un obstáculo adicional para el equilibrio económico del sector. El crédito fiscal de IVA, acumulado por compras de insumos como los reactivos, es no computable desde el año 2002, indicó.
Esto significa que los laboratorios no pueden aplicar el saldo a favor que generan en IVA para cancelar otras obligaciones fiscales como aportes patronales, cargas sociales o Impuesto a las Ganancias. Según explicaron desde CALAB, esta restricción opera como una retención que inmoviliza recursos genuinos que podrían destinarse al sostenimiento de la actividad.

La situación podría agravarse aún más a partir del 31 de diciembre de 2025, cuando finalice la Emergencia Sanitaria vigente desde hace más de dos décadas. La eventual reactivación de deudas fiscales hoy suspendidas, advierten desde la Cámara, podría traducirse en embargos y asfixia definitiva para muchas instituciones. En ese sentido, plantearon que una eventual reforma normativa que habilite el cómputo del crédito fiscal del IVA sería una medida concreta para revertir parte del deterioro económico.
La entidad, que agrupa a laboratorios privados de todo el país y forma parte de la Unión Argentina de Salud (UAS), insiste en la necesidad de implementar soluciones estructurales que contemplen la dinámica específica del sector. El acceso a análisis clínicos no solo es un componente central del sistema sanitario, sino una herramienta clave para la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de enfermedades crónicas. Su continuidad está directamente vinculada a la viabilidad del modelo económico que lo sostiene.
Desde CALAB advierten que, sin una política activa que contemple tanto los costos reales como los plazos de pago y las condiciones fiscales, el sistema de laboratorios privados podría colapsar. La entidad recordó que los análisis clínicos representan una parte esencial de las decisiones médicas, y que sin acceso garantizado, el impacto en la salud pública sería inmediato y generalizado.

“El sistema no puede seguir funcionando con aranceles congelados frente a insumos dolarizados, salarios en alza y pagos a tres meses”, sintetizaron desde la Cámara en su documento técnico. Según remarcan, la respuesta debe provenir tanto de las autoridades regulatorias como de las entidades financiadoras, con una mirada federal que contemple las realidades de las provincias y los municipios, donde el cierre de un laboratorio puede dejar sin acceso a estudios básicos a comunidades enteras.
En el escenario actual, el riesgo no es solo económico. Lo que está en juego, advierten desde el sector, es la capacidad de sostener un servicio esencial para millones de personas. La necesidad de soluciones urgentes, con medidas fiscales, financieras y de actualización de aranceles, es parte de un reclamo que ya no se limita al equilibrio del sector bioquímico, sino que alcanza de lleno al derecho a la salud.
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