La deuda alimentaria del Perú

En el Perú, los compromisos en materia de seguridad alimentaria suelen presentarse con orgullo, pero se diluyen en la práctica entre presupuestos mínimos, programas sociales fallidos y una institucionalidad incapaz de articular. El actual gobierno tiene una deuda estructural con la seguridad alimentaria que atraviesa desde las ollas comunes y la alimentación escolar hasta la lucha contra la anemia y la desnutrición. Se trata de una deuda no solo presupuestal, sino ética y política, con los sectores más vulnerables del país.

Las ollas comunes son, quizás, el símbolo más evidente de esa deuda, nacieron de la organización comunitaria durante la pandemia, de la necesidad y de la solidaridad, no de una política pública diseñada desde el Estado. Son redes de mujeres que garantizan que miles de familias coman todos los días, y sin embargo, el presupuesto que reciben sigue siendo casi simbólico, ya que en pleno 2025, el Estado peruano continúa destinando solo S/ 2 por ración para las ollas comunes. Dos soles para preparar una comida supuestamente suficiente, cuando con ese monto, ni siquiera se puede cubrir el costo de los alimentos básicos, menos aún de los otros insumos como la luz, agua y gas.

En 2024, el presupuesto había sido de S/ 2.22, tras haberse reducido desde los S/ 3.70 anteriores. Es decir, en lugar de avanzar hacia la dignificación de estos espacios, hemos retrocedido. No se puede hablar de lucha contra el hambre con presupuestos que apenas sirven para sostener la apariencia de una respuesta estatal. Y mientras tanto, son las dirigentas quienes siguen cargando sobre sus hombros la responsabilidad que el Estado elude: sostener el trabajo diario y asegurar que las ollas no se apaguen.

La alimentación escolar es otro campo donde el gobierno mantiene una promesa incumplida, en teoría, los programas de alimentación escolar deberían ser una herramienta clave de equidad, nutrición y desarrollo humano. Sin embargo, la realidad muestra improvisación, cobertura parcial, escasa calidad nutricional y una débil articulación con la agricultura familiar. Una ración escolar bien planificada podría cubrir hasta el 20 % del aporte calórico diario recomendado, pero su efectividad depende no solo de la cantidad, sino de la pertinencia cultural, la calidad de los alimentos y la promoción de entornos alimentarios saludables desde las escuelas. Es decir, un programa de alimentación escolar debería promover también acciones que enseñen a comer bien, a valorar los productos locales y a fortalecer la soberanía alimentaria desde la infancia.

El Perú, a diferencia de otros países de la región, no cuenta con una ley que respalde ni garantice la alimentación escolar como un derecho, ni que la implemente como una estrategia de inversión en capital humano, salud y aprendizaje. Esta ausencia normativa deja a los programas sujetos a decisiones coyunturales, presupuestos inestables y visiones asistencialistas. Mientras en países como Brasil la alimentación escolar está reconocida por ley como parte del derecho a la educación y vinculada al desarrollo local, en el Perú sigue tratándose como un programa social más, sin un marco legal ni institucional que asegure su continuidad, calidad ni pertinencia cultural.

En otras palabras, en nuestro país la inseguridad alimentaria se ha vuelto el hilo conductor de múltiples crisis que el Estado no logra enfrentar con la urgencia ni la coherencia necesarias. Lo que ocurre con las ollas comunes y con la alimentación escolar no son hechos aislados, sino expresiones de un mismo problema estructural, la falta de una política integral de seguridad alimentaria que garantice a cada peruano el derecho a una alimentación adecuada, suficiente y saludable.

Y esta ausencia se refleja en el 41 % de la población peruana, la cual se ve afectada por la inseguridad alimentaria, convirtiendo al Perú en el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica, según la FAO. Este dato debería ser un punto de quiebre en cualquier agenda de gobierno, ya que detrás de ese porcentaje hay millones de familias que reducen porciones, sustituyen alimentos frescos por productos ultraprocesados más baratos o dependen de la solidaridad comunitaria para comer. Y lo más grave es que la inseguridad alimentaria no es una condición estática, porque termina transformándose en distintas formas de malnutrición, desde la desnutrición crónica y la anemia, hasta el sobrepeso y la obesidad en los sectores urbanos más empobrecidos.

Los indicadores nutricionales confirman la magnitud de esta crisis. Según el INEI, en 2024 la anemia afectó al 43.1 % de niñas y niños de entre 6 y 35 meses, mientras que la desnutrición crónica infantil alcanzó el 12.1 %. Son cifras que deberían movilizar una respuesta nacional sostenida y multisectorial, pero que año tras año permanecen casi intactas, con leves variaciones hacia el alza. La anemia es un espejo de la desigualdad estructural, no se explica únicamente por la falta de hierro, sino por una serie de factores sociales y económicos que afectan de forma desproporcionada a los hogares pobres: acceso limitado a alimentos frescos y de calidad, carencia de agua segura, deficiente o nula educación alimentaria y una atención primaria en salud debilitada o intermitente.

Si el nuevo gobierno no asume esta crisis como una prioridad nacional, con enfoque de derechos, presupuesto estable y participación social real, el país seguirá atrapado en un círculo de hambre, malnutrición y desigualdad. O se gobierna con mirada asistencialista, de corto plazo y respuestas fragmentadas, o se construye una verdadera política de Estado en seguridad alimentaria y nutricional, con visión territorial, sostenibilidad y justicia social.

Es momento de exigir medidas concretas y valientes, un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, una reforma profunda de la alimentación escolar, con enfoque nutricional, pertinencia cultural y articulación con la producción local, que transforme los entornos escolares en espacios de aprendizaje, salud y ciudadanía. Metas claras y verificables para reducir la anemia y la desnutrición infantil y políticas integrales que regulen los entornos alimentarios, frenen la expansión de productos ultraprocesados y promuevan la educación alimentaria desde la primera infancia hasta la formación docente.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad y la obligación de romper la inercia de décadas. No puede repetir el guion de los anteriores: planes sin presupuesto, diagnósticos sin acción y discursos sin voluntad. La sociedad civil, las organizaciones comunitarias y la academia ya han hecho su parte, lo que hoy falta es decisión política, liderazgo y coherencia.