Nuevo sueldo de Dina Boluarte bajo la lupa: Palacio de Gobierno usó Ley Servir para sortear tope legal

La presidenta Dina Boluarte se habría subido el suelo en poco tiempo, instrumentalizando la Ley Servir. Como se sabe, la normativa fue oficializado con la firma de la propia presidenta y del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, en un contexto donde tanto la mandataria, como su gabinete, tienen una baja aprobación.

La abogada constitucionalista, Beatriz Ramirez, indicó a Panamericana que esta medida permite superar el tope legal que tradicionalmente fijaba la Ley 28212 para el salario del presidente de la República, es decir, que el jefe de Estado tenga el salario más elevado del sector público, pero restringido por un tope de 26 mil soles mensuales.

La posibilidad de superar el límite de 26 mil soles mensuales fijado hasta ahora encontró una justificación en el ajuste de remuneraciones según las reglas del Servicio Civil, lo que habría permitido a ministros y otros funcionarios acceder también a una compensación mayor. La constitucionalista señala que “en la actualidad las personas que son ministras cobran más también con esta excusa del Servicio Civil, es que están usando esta nueva medida”.

“It’s a joke” (“Es una broma”) fue la frase que eligió Reuters para titular su cobertura sobre el reciente aumento de sueldo de Dina Boluarte, reflejando el sentir de muchos ciudadanos en Lima. El medio británico subrayó que el nuevo salario presidencial, equivalente a USD 10.000 (S/35.568), representa casi 30 veces el salario mínimo en el Perú y fue aprobado mediante un decreto supremo de vigencia inmediata. En ese contexto, la noticia principal es el incremento del sueldo de la mandataria peruana, que la convierte en una de las presidentas mejor remuneradas de América Latina y ha provocado una ola de críticas tanto dentro como fuera del país.

El Gobierno del Perú anunció el aumento a S/35.568 mensuales, duplicando el monto que regía desde 2006. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, justificó la decisión como un intento de alinear la remuneración presidencial con los estándares regionales, tras una revisión comparativa entre doce países latinoamericanos. Sin embargo, la medida se produce en un contexto de desaprobación ciudadana histórica, investigaciones fiscales abiertas contra Boluarte y persistentes niveles de pobreza.

La cobertura internacional ha sido especialmente crítica. Reuters recordó que la presidenta cuenta con entre 2 % y 4 % de aprobación, según encuestas de Ipsos y Datum, y recogió testimonios de ciudadanos que consideran el aumento un insulto frente a las carencias sociales. El medio también mencionó los escándalos de presunto enriquecimiento ilícito, como el caso de los relojes Rolex, y el papel de Boluarte en las muertes durante las protestas de 2023.

La BBC abordó el tema desde la crisis de popularidad del gobierno peruano. La periodista Vanessa Buschschlüter reportó que Boluarte pasará de ganar S/16.000 a S/35.500, y que su aprobación se mantiene en apenas 3 %, según los últimos sondeos de Datum Internacional. El medio británico explicó que el Ejecutivo aplicó una metodología de comparación basada en sueldos ajustados por paridad de poder adquisitivo y en los ingresos más altos del aparato estatal, pero cuestionó la transparencia del proceso. Además, citó un reporte anterior de Deutsche Welle que no incluía a Perú en su ranking regional de sueldos presidenciales. La BBC también recogió reacciones en redes sociales, donde usuarios calificaron el aumento como “escandaloso” y compartieron imágenes de agresiones simbólicas recientes contra Boluarte, como el lanzamiento de piedras y huevos a su vehículo en Arequipa.