Rescatan a seis menores de 15 y 17 años que eran víctimas de explotación sexual en bares de la Selva

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Satipo ejecutó un operativo en bares y cantinas de los distritos de Mazamari, Pangoa y Satipo, en la Selva Central, donde rescató a seis menores de edad, de entre 15 y 17 años, que eran víctimas de explotación sexual. La acción se realizó con la intervención de ocho fiscales dirigidos por el fiscal provincial Hamilton Jhon Montoro Salazar, en coordinación con la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional.

Durante el allanamiento, además de las seis adolescentes, fueron identificadas otras presuntas víctimas de 24, 29 y 32 años. Estas mujeres eran obligadas a consumir bebidas alcohólicas en los establecimientos. El operativo culminó con la detención en flagrancia de diez personas, quienes enfrentarán investigaciones por el presunto delito de trata de personas, promoción o favorecimiento a la explotación sexual. A raíz de esta intervención, el Ministerio Público inició diligencias urgentes.

El procedimiento incluyó la entrevista única a las menores, realizada en cámara Gesell, así como exámenes médicos legales. Estas pruebas forman parte del sustento legal para solicitar la prisión preventiva de los detenidos. La Fiscalía de la Selva Central subrayó que continuará desarrollando acciones para proteger los derechos fundamentales de las víctimas y perseguir penalmente a los responsables de estos delitos.

En el mismo periodo, la Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, encabezada por la fiscal superior Gladys Rosario Villafana Ascencio, confirmó una condena de 22 años y seis meses de prisión contra Edgar Paquiyauri, por tentativa de violación sexual de una menor de tres años en Pisco, Ica. La sentencia, ratificada en segunda instancia, también ordenó el pago de una reparación civil para la agraviada.

El expediente reveló que el condenado ingresó a la vivienda donde se encontraba la menor con la intención de violentarla sexualmente. La contundencia de las pruebas condujo a una confesión y conclusión anticipada del proceso judicial.

Este caso pone en relieve tanto la gravedad de la violencia sexual contra la niñez en el Perú como los retos para que las víctimas y sus familias obtengan justicia y reparaciones efectivas.

Entre enero y marzo de 2025, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 3,262 denuncias de violencia sexual en todo el país, lo que equivale a una nueva víctima cada 40 minutos. De este total, el 94% corresponde a mujeres, y casi el 60% son menores de edad, principalmente niñas y adolescentes. Lima Metropolitana registró la mayor cantidad de casos, seguida de regiones como Arequipa, Cusco y La Libertad.Aunque los hombres representaron el 6% de los casos atendidos, dentro de ese grupo, más del 80% eran menores. Además, personas con discapacidad, pertenecientes a la comunidad LGBTI o extranjeras también figuran entre las víctimas, lo que evidencia las dificultades adicionales para acceder a justicia y protección.

Solo el 13% de las denuncias fueron iniciadas directamente por los CEM, pero en la mayoría de los casos la intervención estatal permitió activar procesos judiciales y medidas de protección urgentes, así como acercar atención médica y psicológica a las personas afectadas.

Las autoridades del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer reforzaron los canales de ayuda para víctimas de violencia sexual. Entre ellos, destacan la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer, con atención en todo el país y en distintos idiomas.