Caso Qali Warma: dictan 36 meses de prisión preventiva a tres funcionarios del ex programa del Midis

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra tres exfuncionarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar, Qali Warma. La investigación fiscal se centra en los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio. Se trata de Jean Chuquibala, Ángel Apagueño Arévalo y José Floriano Miranda, quienes ocuparon cargos estratégicos en las unidades territoriales del desaparecido programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La Fiscalía sostiene que los implicados habrían recibido sobornos a cambio de beneficiar con contratos a la empresa proveedora Frigoinca, a pesar de que esta distribuyó productos en mal estado. La denuncia no solo apunta a un esquema de corrupción interna, sino también a un atentado contra la salud de miles de escolares que consumieron dichos alimentos en diversas regiones del país.

“Es muy lamentable que se haya puesto en riesgo la salud de nuestros niños. Ellos finalmente han consumido carne de caballo, carne en estado de putrefacción, avena con hongos y gorgojos”, señaló el abogado penalista James Rodríguez, tras conocerse la decisión del Poder Judicial.

Los hechos investigados ocurrieron en la segunda mitad del año de 2024. Según el Ministerio Público, los tres implicados integraban una red de funcionarios que, presuntamente, recibían pagos irregulares para favorecer la distribución de alimentos de Frigoinca en Ayacucho, Áncash, La Libertad, Ica, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Madre de Dios y Puno.

Jean Chuquibala, quien se desempeñaba como supervisor de planta y almacenes en la unidad territorial de Amazonas, habría recibido depósitos de hasta mil quinientos soles entre mayo y septiembre. Por su parte, Ángel Apagueño Arévalo, especialista alimentario de la unidad territorial de Ucayali, es decir, quien tomaba decisiones sobre el menú escolar, también está acusado de recibir pagos ilícitos por un monto de dos mil soles.

En el caso de José Floriano Miranda, también especialista alimentario en la región Cajamarca, los depósitos ascenderían a mil doscientos, algunos de ellos enviados mediante cuentas bancarias de familiares. “Los vouchers de depósito a nombre de estos funcionarios son la prueba de la coima. Son más que suficientes para detener a un funcionario público”, comentó el abogado.

El caso fue revelado tras un megaoperativo realizado a fines de mayo, cuando la Fiscalía allanó 11 inmuebles en simultáneo en las regiones de Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y Ucayali. Participaron fiscales del Ministerio Público, peritos especializados, agentes de la Dirección de Inteligencia (Dirin) y de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el operativo, se incautaron documentos, registros bancarios y equipos electrónicos que formarían parte del acervo probatorio que sustenta la tesis de una organización criminal del programa reemplazado por Wasi Mikuna. La Fiscalía ha advertido que existen más implicados bajo investigación, por lo que no se descarta nuevas detenciones.

Cabe recordar que este no es el único caso vinculado al programa. A mediados de mayo, también se dictó prisión preventiva por 36 meses contra Ronald Loza, exfuncionario de la Dirección Regional de Salud de Puno, acusado de pertenecer a la misma red delictiva.

La medida de prisión preventiva impuesta a los tres imputados busca garantizar la continuidad de las investigaciones, evitar el riesgo de fuga y prevenir la obstrucción de la justicia, en un proceso que podría extenderse por meses debido a su complejidad y al número de implicados.

Tras la desaparición de Qali Warma, el programa Wasi Mikuna asumió el servicio de alimentación escolar. Sin embargo, tras su disolución y tras confirmarse una reorganización, los lineamientos recién publicados dejan en evidencia las debilidades en su implementación inicial.

Entre las medidas anunciadas figuran visitas inopinadas, muestreos, mayor transparencia sobre los productos entregados y canales de comunicación directa con padres de familia, proveedores y comités escolares. También se plantea involucrar a la academia y organizaciones civiles en la vigilancia del servicio.

Estas disposiciones, similares a promesas hechas meses atrás por autoridades como Julio Demartini y Leslie Urteaga, se presentan en un contexto de cuestionamientos por falta de control efectivo. Mientras tanto, las investigaciones del Ministerio Público continúan, y persiste la preocupación por garantizar un servicio alimentario escolar seguro para millones de escolares en el país.