Adulto mayor muere al conocer el monto de la multa para retirar su auto del depósito de La Victoria

Un hombre de 60 años murió de un paro cardiaco tras conocer que debía pagar una costosa multa para evitar que su vehículo fuera internado en el depósito de la Municipalidad de La Victoria. El adulto mayor se encontraba dentro de un taxi que lo trasladaba al lugar cuando sufrió la descompensación.

La víctima se dirigía al depósito municipal para regularizar una infracción de tránsito. En el camino, al revisar el documento de sanción, se enteró del monto exacto de la multa. Según testigos, segundos después perdió el conocimiento y no respondió a los intentos de reanimación.

La multa fue impuesta por haberse estacionado en una zona restringida de la avenida Nicolás Ayllón. El caso ha generado indignación en la ciudadanía, ya que un reciente fallo del Tribunal Constitucional declaró que las municipalidades distritales no tienen competencia para ordenar el internamiento de vehículos.

La víctima había salido a realizar compras en una agencia de viajes ubicada en La Victoria. Al salir del local, se dio cuenta de que su auto ya no se encontraba en el lugar donde lo había estacionado minutos antes. Al consultar con personal de Serenazgo, le informaron que su vehículo fue trasladado al depósito.

Decidido a recuperar su automóvil, el conductor tomó un taxi rumbo al depósito municipal. Según el testimonio del chofer que lo transportaba, el hombre pensaba que debía abonar una multa de aproximadamente 70 soles. En el trayecto, revisó con más detenimiento el papel entregado por el personal de tránsito.

“Cuando estábamos entrando, le dije: ‘Señor, pague aquí’. Él respondió: ‘Ya, ya, señor’. Entonces abrió la hoja y vio: 700 soles. Fue en ese momento que se desmayó”, relató el taxista. La cifra exacta superaba los 700 soles e incluía el servicio de grúa y otras penalidades.

La víctima, visiblemente alterada, comenzó a respirar con dificultad antes de perder el conocimiento. El taxista pidió ayuda a los trabajadores municipales y a personas que se encontraban cerca del depósito. Aunque recibió primeros auxilios, el hombre no respondió.

El caso generó cuestionamientos debido a que, según un reciente fallo del Tribunal Constitucional, las municipalidades no cuentan con la facultad de ordenar el internamiento de vehículos ni de imponer multas de esa naturaleza. La normativa fue declarada inconstitucional por exceder las competencias de los gobiernos locales.

La Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado oficial tras lo ocurrido. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de una persona mayor de sexo masculino, ocurrido en la cuadra 9 del Jr. Unanue, víctima presumiblemente de un paro cardiaco, por lo que extendemos a sus familiares nuestras más sentidas condolencias”, expresó la comuna.

Indicaron que personal médico municipal acudió al lugar para brindar atención de emergencia al ciudadano. Sin embargo, no lograron reanimarlo. Según la información difundida, el hombre había acudido a regularizar una sanción debido a que su vehículo restringía el uso de un espacio público.

La municipalidad informó que viene colaborando con las autoridades correspondientes en las investigaciones. Aseguró que brindará todas las facilidades necesarias para esclarecer el fallecimiento del ciudadano.

Además, aseguró que el accionar del personal municipal responde a lo establecido en la ordenanza municipal 435. Esta norma sanciona el uso indebido de los espacios públicos y regula los procedimientos de fiscalización en el distrito.

El expediente 00014-2021-PI/TC del Tribunal Constitucional anuló la Ordenanza 375-2021 de la Municipalidad de La Victoria, la cual autorizaba el uso de grúas y el internamiento de vehículos mal estacionados en depósitos municipales. El fallo determinó que dicha ordenanza excedía las competencias legales de la comuna.

Según el TC, la regulación del tránsito, incluidas las sanciones por infracciones como el mal estacionamiento, es una atribución exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Asimismo, precisó que las municipalidades provinciales y la Policía Nacional del Perú (PNP) son las únicas entidades con autoridad para imponer estas medidas.

El pronunciamiento del Tribunal también aclara que las municipalidades distritales pueden colaborar en el ordenamiento vial, pero no están facultadas para aplicar sanciones adicionales ni disponer el internamiento de vehículos. Estas acciones deben realizarse bajo un marco legal estricto y con respeto a las competencias definidas por la ley.

Esta resolución crea un precedente para otras comunas distritales que implementaron ordenanzas similares, generando ingresos por sanciones que, en muchos casos, no contaban con sustento legal. El TC recomendó a los alcaldes revisar sus normativas locales para evitar la aplicación de sanciones ilegales y eventuales responsabilidades legales.