La ansiedad, el estrés académico, los conflictos familiares y la falta de acceso a servicios de acompañamiento emocional afectan a la juventud panameña, que percibe barreras para acceder a apoyo psicológico y sienten ausencia de espacios seguros para expresar sus necesidades.
Así lo afirma la Defensoría del Pueblo en su último informe de derechos humanos, donde insta a las autoridades a fortalecer la cobertura de salud mental con equipos interdisciplinarios, activar plenamente las comisiones nacionales existentes y garantizar una atención que respete la dignidad y los derechos humanos de la población joven.
Con una población de 4.2 millones de habitantes, los jóvenes en Panamá representan un 25.4%, según el XII Censo de Población y Vivienda de 2023.
Los jóvenes reportaron en 2025 experiencias de abandono emocional, falta de acompañamiento en escuelas y hogares, y escasez de profesionales disponibles en comunidades, destaca la entidad gubernamental, basada en la Consulta Nacional sobre Salud Mental, así como en el Foro de Niñez y Adolescencia, que confirman que esta situación se da en todas las provincias del país.
En 2023 Panamá aprobó la Ley 364 sobre Salud Mental, que debe garantizar el acceso a servicios de calidad para la atención de la salud mental, asegurar la no discriminación de las personas con padecimientos mentales y reducir los estigmas y prejuicios relacionados con esta afectación.
La disposición establece que el Estado reconoce la salud mental como un derecho humano para toda persona sin discriminación alguna, por lo que garantizará la disponibilidad de programas y servicios.
El artículo 11 mandata a las instituciones educativas públicas y privadas, a las organizaciones y entidades gubernamentales a planificar y llevar a cabo programas educativos que promuevan el bienestar mental de la población.
En su informe de derechos humanos de 2025 la Defensoría del Pueblo también registra que continúan las brechas en el acceso a servicios básicos, educación intercultural, salud primaria y protección comunitaria para la niñez indígena.
Niñas, niños y adolescentes indígenas se vieron expuestos, durante el periodo analizado, a hechos de violencia que afectaron su seguridad emocional y generaron temor frente a las autoridades.
Entre los desafíos identificados, el ente oficial apunta a un conocimiento limitado sobre las responsabilidades parentales y las rutas de protección existentes, así como en muchos casos una falta de activación oportuna del subsistema local de protección.
La distancia geográfica, las barreras lingüísticas y las condiciones de pobreza profundizan la vulnerabilidad de la niñez indígena frente a la violencia, el abuso y la explotación.
En este contexto, la institución de defensa de la población subraya la urgencia de territorializar los servicios de protección, fortalecer la gobernanza indígena, asegurar la coordinación efectiva entre autoridades tradicionales y estatales.
El objetivo sería garantizar que todas las políticas públicas de niñez incorporen un enfoque intercultural que reconozca y respete la identidad de los pueblos indígenas en todo el territorio nacional.
Las barreras encontradas trascienden más allá, y también persisten en la protección efectiva que deben recibir las mujeres, en cuanto a procesos de denuncia, atención inicial y en la respuesta institucional.
También se menciona la desigualdad territorial en el acceso a información y servicios, que afecta sobre todo a mujeres que viven en comarcas indígenas, zonas rurales y áreas de difícil acceso.
El aumento de casos de femicidios, que el año pasado sumaron 20, y la reiteración de patrones de violencia en distintas provincias, de igual manera señalan, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, falencias que revelan la necesidad de fortalecer la perspectiva de género.
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