Previsión en emergencia: El bolsillo exhausto de la tercera edad en Argentina

Desde hace más de una década, el sistema previsional argentino enfrenta una crisis persistente caracterizada por fragilidad financiera, deterioro constante del poder adquisitivo y una estructura legal volátil.

Se han realizado al menos nueve modificaciones legislativas o administrativas entre 2008 y 2025. Este ritmo de reformas no solo ha desdibujado la previsibilidad del sistema, sino que ha erosionado la confianza pública en la capacidad estatal de asegurar una vejez digna.

En paralelo, la creciente informalidad y la aparición sucesiva de regímenes de excepción tensionan aún más el régimen de reparto, resultando en jubilaciones que apenas cubren las necesidades más elementales de los adultos mayores.

Aunque la situación exige respuestas urgentes, el panorama político posterga cualquier reforma estructural hasta, por lo menos, 2026. Mientras tanto, la fórmula actual que ajusta los haberes jubilatorios según la inflación opera únicamente como una medida temporal, sin resolver los problemas de fondo. En este contexto, muchos argentinos se cuestionan la viabilidad de alternativas que garanticen una mejor protección en la jubilación.

La evolución de la jubilación mínima ilustra crudamente el deterioro del beneficio, especialmente cuando se mide en dólares a lo largo de los últimos quince años. Esta caída no solo refleja el peso de la inflación y la devaluación, sino también la volatilidad de las políticas previsionales, que frecuentemente se compensan con bonos discrecionales. Estos refuerzos no modifican el ingreso estructural, sino que mantienen a los beneficiarios en una situación de vulnerabilidad.

Al analizar la trayectoria de la jubilación mínima -incluyendo los bonos extraordinarios- en pesos actuales y según el dólar paralelo promedio de cada período, se observa que el valor máximo se registró en septiembre de 2017, cuando el haber llegó al equivalente de USD 404, sin incluir bono. En marcado contraste, en junio de 2025, la jubilación sin bono se ubica en USD 259, y con bono, en USD 319, es decir, casi 100 dólares menos que el máximo histórico aun contando con asistencia adicional. El piso más bajo se alcanzó en octubre de 2020, en plena pandemia, cuando el valor cayó a solo USD 106,26 sin refuerzos.

Este recorrido expone la pérdida del poder de compra, incluso en contextos de relativa estabilidad macroeconómica. La ausencia de una política previsional sostenible a largo plazo y la repetida utilización de bonos como paliativo han originado una dependencia estructural de medidas excepcionales, sustituyendo soluciones de fondo por acciones transitorias.

Desde diciembre de 2019 la política previsional profundizó el enfoque de corto plazo, adoptando los bonos como eje central para paliar el deterioro, sin atender los desequilibrios sistémicos de base. El contraste entre la curva del haber regular y la del haber bonificado pone al descubierto la “bono-dependencia” vigente, donde un porcentaje significativo del ingreso de los jubilados no está garantizado por ley, sino que depende de la discrecionalidad del Ejecutivo en turno.

Para dimensionar el verdadero deterioro del poder adquisitivo, resulta indispensable comparar el haber jubilatorio con el costo real de vida de una persona mayor. La Defensoría de la Tercera Edad confecciona la Canasta Básica de Jubilados, la cual contempla, además de alimentos y medicamentos, componentes como vivienda, servicios, transporte y recreación.

En su última actualización, correspondiente a abril de 2025, el valor mensual de esta canasta ascendió a $1.200.523. Alimentos y medicamentos representan el 45% del total, mientras que la vivienda aporta un 20%, rubros que habitualmente muestran aumentos superiores al promedio general.

Frente a esta referencia, la jubilación mínima más bono, que en junio de 2025 alcanza $374.783, cubre apenas el 31% de la canasta básica estimada para un adulto mayor. Esto implica que un jubilado dependiente del haber mínimo, incluso sumando el refuerzo estatal, no puede afrontar ni un tercio de los gastos esenciales incluidos en esa canasta.

Desde 2010 hasta hoy, la relación entre jubilación mínima (con bono) y canasta básica nunca alcanzó la cobertura total del costo de vida estimado y la tendencia ha sido claramente descendente, con leves y transitorios repuntes en el camino.

En 2025 se requieren más de tres jubilaciones mínimas completas para cubrir una sola canasta básica, lo que evidencia el ensanchamiento de la brecha entre el ingreso previsional y el umbral de autonomía y dignidad necesarios en la vejez. La gravedad de esta situación sintetiza la experiencia cotidiana de millones de jubilados argentinos, para quienes ni siquiera los refuerzos extraordinarios alcanzan para asegurar condiciones mínimas de bienestar.

El 2017 marcó el último pico en poder adquisitivo de la jubilación mínima para los adultos mayores. Desde entonces, el haber nominal subió, pero siempre por detrás de la canasta básica específica del jubilado. Al comparar la evolución de ambos indicadores -por un lado, el haber mínimo sin bonos para no distorsionar la medición y, por otro, el valor que debería haber alcanzado para conservar el poder adquisitivo de enero de 2017-, la evidencia es contundente: el haber mínimo siempre quedó por debajo del monto necesario para cubrir la canasta.

Mientras en 2017 la jubilación mínima cubría el 40% de la canasta, para 2025 ese porcentaje cae al 25%. Es decir, donde antes se requerían 1,5 haberes mínimos para cubrir los gastos prioritarios, hoy se necesitan cuatro. En ocho años, los jubilados han perdido más de 40 puntos porcentuales en capacidad de compra, un retroceso que no se corrige con los bonos compensatorios.

En el plano regional, la comparación resulta igualmente desfavorable. Argentina permanece en la mitad menos favorecida del ranking latinoamericano en cuanto al haber mínimo jubilatorio medido en dólares. Los jubilados argentinos perciben solo un poco más de 250 dólares mensuales, situándose por debajo de los adultos mayores de Brasil, Colombia, México, Costa Rica y Uruguay. Esto sucede pese a que la economía argentina es de mayor tamaño y destina un porcentaje históricamente alto de su PBI al gasto previsional.

No obstante, la inestabilidad macroeconómica, la inflación persistente y la licuación permanente de los ingresos han hecho perder valor real y relativo al haber mínimo, incluso frente a países con menor desarrollo económico y sistemas previsionales más acotados. Hoy, un jubilado argentino cobra poco más de la mitad de lo que percibe uno uruguayo y menos que sus pares colombianos o mexicanos, a pesar de que esos países no cuentan con coberturas previsionales tan amplias como las de Argentina.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market