Ley de etiquetado: los cambios necesarios para lograr los objetivos

Si el proyecto de ley de etiquetado frontal, con media sanción del Senado, avanza sin modificaciones clave corre el riesgo de convertirse en una norma que desaliente su objetivo: garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada de la población. Básicamente porque el 90% de los alimentos que encontrará una persona en la góndola tendrá al menos un sello negro en su frente, referido al supuesto exceso de nutrientes críticos (azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio) y calorías, sin ningún tipo de información sobre su real composición nutricional.

La efectividad del sistema de etiquetado propuesto se ve restringida cuando solo se pone foco en apenas una parte de la naturaleza del problema alimentario: la advertencia de excesos en calorías, grasas, azúcar y sodio en los alimentos envasados. Y la limitación se agrava con el método elegido: etiquetas negras y perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

Por supuesto que Argentina necesita una ley de etiquetado frontal, pero debe ser una norma alineada con diagnósticos propios y no ajenos; que tome en cuenta la dieta de los argentinos, sus brechas alimentarias y marque un sendero de cambios hacia una mejor alimentación. Esto no se observa en la redacción del Senado.

Cuando se parte de un diagnóstico sesgado (“el problema se origina solamente en el consumo de alimentos envasados”), las normas resultantes también lo son. Es necesario -y se puede- mejorar el proyecto de ley, haciéndolo consistente con las guías alimentarias, promoviendo en forma efectiva los alimentos más saludables, priorizando los frescos, pero contemplando también los buenos alimentos que tienen envases.

Hace dos meses atrás el Ministerio de Salud junto al de Desarrollo Productivo y Agricultura definieron y consensuaron lineamientos para un etiquetado que permitiera alcanzar criterios más razonables con los mismos objetivos declarados por la ley. El proyecto actual en discusión deja por fuera esos lineamientos suponiendo que todo alimento es un riesgo por su mera condición de procesado. Según el perfil de nutrientes elegido, de OPS, casi la sola “presencia” de un nutriente crítico califica al alimento con un sello de “exceso”.

De aplicarse así el proyecto, una galletita o pan integral tendrá la misma cantidad de sellos negros que las galletitas dulces con más alto contenido de azúcar; un tomate triturado tendrá más sellos que una bebida azucarada; una lata de arvejas secas, con alta cantidad de fibra, será tan “negra” como un jugo azucarado, la leche descremada tendría tres sellos negros y un queso untable light sería peor que uno común.

Más crítico aún, el proyecto prevé que en las escuelas no se ofrezca ningún alimento con al menos un sello negro: no más arroz (aunque sea integral), fideos (aunque sean con verduras) o pan, ni tampoco buenos y necesarios alimentos como legumbres. Todos los programas sociales y la propia canasta básica corren el riesgo de poblarse de sellos negros.

Es evidente que si el consumidor tiene ante sus ojos alimentos muy diferentes pero con igual cantidad de sellos que indiquen excesos carecerá de información clara y veraz para discernir y mejorar la calidad de su dieta. Este es un punto central que parece no considerarse en el texto que hoy está bajo la lupa de las comisiones a las que se giró el proyecto de ley.

El exceso en la ingesta de nutrientes críticos en nuestra población se concentra en 12 alimentos. De todos ellos, como las etiquetas frontales solo impactan en los envasados, resulta que solo un 25% de los alimentos alcanzados pertenecen a las categorías “críticas”. Mientras tanto, otros alimentos igualmente responsables de aquellos excesos quedan por fuera de la norma (azúcar en infusiones, sal agregada a las preparaciones, pan, algunas carnes, fiambres y embutidos, pastelería casera, pizzas). Y a la vez, otro 25% de alimentos que por el contrario son reconocidos como “protectores” por las guías alimentarias terminarán con sellos negros.

El proyecto se encuentra aún en discusión y desde la Cámara de Diputados se observa intención de escuchar opiniones basadas en evidencias. Una escucha activa de nuestros representantes puede introducir las modificaciones necesarias para que la ley efectivamente pueda alcanzar el fin perseguido.

El autor es profesor adjunto de la carrera de Nutrición de la UCA y licenciado en Nutrición (MN 1170)