CJNG, Cártel del Golfo, LNFM y otros grupos del narco han formado alianzas peligrosas, revela la DEA

En el mapa criminal de México, las líneas entre cárteles rivales son más borrosas de lo que aparentan. Aunque los enfrentamientos armados entre organizaciones criminales dominan el panorama de violencia, el más reciente informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) revela una realidad operativa más compleja: alianzas estratégicas, pactos temporales y colaboraciones funcionales entre grupos históricamente enfrentados.

En su 2025 National Drug Threat Assessment (NDTA), publicado en mayo de este año, la DEA documenta cómo al menos seis cárteles mexicanos han establecido acuerdos operativos entre sí para asegurar rutas de tráfico, acceder a infraestructura clave —como puertos y laboratorios— y blindar sus operaciones de producción y distribución de drogas, particularmente de fentanilo y metanfetamina.

Estas alianzas no implican fusiones o unificaciones jerárquicas, pero sí permiten que células que responden a intereses distintos colaboren para sortear controles y maximizar ganancias.

Una de las hipótesis más significativas del informe apunta a la posibilidad de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de “Los Chapitos” —liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera— hayan pactado una alianza táctica contra sus antiguos enemigos para hacer frente al grupo rival en la guerra intestina del Cártel de Sinaloa (CDS): la facción de “Los Mayos”, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.

Según la DEA, esta alianza surge tras el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrida el 25 de julio de 2024 en Nuevo México, lo que exacerbó las tensiones internas entre las dos alas principales del CDS.

“Una alianza estratégica entre CJNG y Los Chapitos tiene el potencial de expandir sus territorios, recursos, poder de fuego y acceso a funcionarios corruptos”, advierte el documento. Y añade: “Esta alianza tiene el potencial de causar una disrupción significativa en el equilibrio del poder criminal en México”.

Además del control territorial, la colaboración implicaría el intercambio de recursos estratégicos: precursores químicos, armamento y puntos de producción compartidos. La DEA sugiere que los laboratorios clandestinos en el Pacífico podrían estar siendo utilizados por ambas organizaciones en momentos distintos, de forma alternada y sin enfrentamientos abiertos, como parte de un arreglo práctico.

El informe también documenta una relación funcional entre la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, y el Cártel del Noreste (CDN). Según la agencia estadounidense, La Mayiza suministra al CDN cargamentos de fentanilo ilícito, metanfetamina cristalina y cocaína, que luego son introducidos de contrabando hacia Estados Unidos a través de rutas controladas por el propio CDS.

“La facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa provee al CDN con fentanilo ilícito, metanfetamina cristalina y cocaína, que luego el CDN introduce de contrabando hacia Estados Unidos”, señala el informe National Drug Threat Assessment.

Aunque no se trata de una alianza formal, la DEA describe este vínculo como una cooperación logística que permite al CDN mantener su flujo constante de drogas hacia ciudades estadounidenses mediante redes y rutas establecidas por el Cártel de Sinaloa.

En el noreste de México, la DEA documenta otra alianza operativa entre el CJNG y una de las facciones del fragmentado Cártel del Golfo (CDG), conocida como Los Metros.

Este grupo ha facilitado al CJNG el acceso a puntos de entrada clave en la frontera entre Tamaulipas y Texas, así como al puerto de Altamira, usado para importar precursores químicos desde Asia.

“La facción de Los Metros se ha convertido en un brazo de apoyo operativo del CJNG”, señala el informe. En este esquema, Los Metros protegen cargamentos de metanfetamina y cocaína propiedad del CJNG que cruzan hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo logístico y militar.

Esta colaboración también ha permitido al CJNG posicionarse estratégicamente en zonas del noreste históricamente controladas por el CDG y por el Cártel del Noreste (CDN).

En palabras de la DEA: “Las facciones del CDG —especialmente Los Metros— han funcionado como aliados clave del CJNG, ofreciendo acceso a rutas fronterizas, infraestructura logística y apoyo armado en territorios estratégicos del noreste”.

En el Pacífico mexicano, el informe detalla los vínculos de La Nueva Familia Michoacana (LNFM) con múltiples organizaciones, entre ellas el CJNG, facciones del Cártel de Sinaloa y el propio Cártel del Golfo.

El objetivo común ha sido el control del Puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, uno de los principales puntos de entrada para precursores químicos desde China y para cargamentos de cocaína provenientes de Colombia.

Aunque la LNFM opera de forma independiente, ha pactado alianzas puntuales con estos grupos mayores para acceder a rutas fronterizas y asegurar la llegada de insumos para laboratorios clandestinos.

“LNFM ha establecido relaciones con múltiples TCO (organizaciones criminales transnacionales), incluyendo CJNG, CDS y el Cártel del Golfo, para facilitar el transporte de drogas sintéticas y cocaína desde los puertos del Pacífico hacia los mercados de consumo”, precisa la DEA.

También ha habido intercambios logísticos clave: la DEA documenta que estas organizaciones comparten infraestructura de almacenamiento y casas de renta dentro de Estados Unidos, utilizadas como bodegas o centros de redistribución. En este modelo, la colaboración es discreta, pero efectiva.

En el estado de Michoacán, la organización conocida como Cárteles Unidos (CU), que agrupa a células como Los Viagras, el Cártel del Abuelo y remanentes de los Caballeros Templarios, mantiene una alianza con La Nueva Familia Michoacana y La Familia Michocana para frenar el avance del CJNG.

El informe indica que esta coalición de defensa regional ha resistido durante años los intentos del CJNG por tomar el control de la Tierra Caliente, especialmente en Tepalcatepec.

Aunque el CU opera mayoritariamente en el suroeste de Michoacán, su control de rutas clave ha facilitado el movimiento de cargamentos de drogas y precursores químicos desde Acapulco y el Puerto de Lázaro Cárdenas hacia Guadalajara y la frontera norte.

Lejos de una lógica binaria de guerras entre cárteles, el documento de la DEA describe un ecosistema criminal que se adapta constantemente. “Las TCO mexicanas operan en estructuras altamente fluidas, estableciendo alianzas temporales según las condiciones locales, las amenazas de seguridad y las oportunidades de ganancia”, afirma el informe.

Además de estas alianzas intercartelarias, la DEA documenta cómo múltiples organizaciones mexicanas colaboran con redes chinas de lavado de dinero, con grupos armados en Centroamérica, y con bandas locales en Estados Unidos que se encargan de distribuir drogas y mover ganancias hacia el sur.

Uno de los ejemplos más representativos fue documentado en septiembre de 2024, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a empresas y personas vinculadas al CJNG por su participación en el contrabando de petróleo robado desde México hacia EEUU, operación en la que también estaban implicadas redes del CDS, la LNFM y el Cártel del Golfo. Esta modalidad —conocida como “huachicoleo fiscal”— sirvió para lavar millones de dólares en operaciones legales transfronterizas.