Golpes, quemaduras y descargas eléctricas: el infierno de un niño a manos de su padrastro y la larga batalla en tribunales

El infierno comenzó cuando apenas tenía tres años y lo hizo en el peor lugar posible: su hogar. Aquel sitio que tendría que significar el principal refugio de cualquier menor de edad terminó siendo el escenario de torturas y humillaciones perpetradas por su padrastro y permitidas por su madre.

Originario de Reynosa, Tamaulipas, el niño nació el 2 de octubre de 2013, producto de la relación que su padre y su madre comenzaron apenas un año antes. Sin embargo, el amor no duró mucho y después de un año y 10 meses de relación, ambos se separaron y cada quien siguió con su vida, unidos únicamente por su hijo.

La mujer rápidamente rehizo su vida sentimental. Conoció a otro hombre, se hicieron novios, se casaron y tuvieron una hija. Se mudaron a San Nicolás de los Garza, en Nuevo León con la esperanza de formar una nueva familia.

Pero la ilusión acabó rápidamente y el sueño se convirtió en pesadilla a los pocos meses, la cual se encuentra documentada en la sentencia de Amparo Directo 353/2022 emitida el pasado 7 de marzo del 2024.

Al poco tiempo comenzó la pesadilla para el pequeño. A la menor provocación, el niño era regañado por la pareja y como castigo recibía brutales muestras de violencia física. Cuando salía de su cuarto sin permiso o tomaba juguetes sin autorización, el padrastro le propinaba golpes con los puños cerrados en las manos y en las piernas.

La severidad de las agresiones aumentaron rápidamente. En una ocasión, el menor agarró el juguete de su media hermana y como consecuencia su padrastro lo tomó con ambas manos del cuello y lo apretó fuertemente al grado que le quedaron rasguños, no suficiente con ello, le dio toques eléctricos en sus piernas y le quemó las manos con un encendedor.

Todo esto en presencia de su madre, quien no hizo nada por impedir las torturas, ni por brindar ayuda o atención médica a su hijo. No solo eso, a la postre también fue partícipe de los violentos castigos.

La única que intentó interceder por el menor de edad fue su abuela materna, quien logró grabar las lesiones y el testimonio de los hechos en una escapada al centro comercial.

En el video se ve al pequeño con ya cuatro años de edad con lesiones en la cara y el cuello diciendo que su padrastro lo había golpeado.

La abuela hizo llegar la grabación a su padre biológico en 2017, cuando las agresiones ya llevaban alrededor de un año.

En todo este tiempo, el padre había sido apartado del niño. Aunque la expareja había quedado en un acuerdo para que él lo pudiera ver constantemente, nunca se cumplió. Incluso, el padrastro lo amenazó de muerte para que dejara de buscarlo.

Cuando el video llegó a manos del padre biológico, presentó una denuncia ante el DIF, sin embargo, –dice– nunca le dieron seguimiento al caso pese a su insistencia.

En 2020 comenzó la pandemia de covid-19 y las autoridades educativas mandaron a los estudiantes a casa donde retomaron las clases en línea. Sin embargo, la situación fue aprovechada por el padrastro y la madre del menor –quien para entonces ya tenía siete años– para simplemente sacarlo de la escuela y seguir con las torturas cada vez más severas.

En una ocasión, el pequeño fue castigado con permanecer encerrado en el cuarto, sin comer, solo para ir al baño –esta vez fueron “piadosos” con él pues a veces le dejaban cubetas para que hiciera sus necesidades en la misma habitación–.

Cuando el niño comenzó a tener hambre, salió del cuarto buscando comida hallando únicamente un dulce de tamarindo de la mesas, lo tomó, junto con un juguete, y se regresó al cuarto. Lo que el menor no sabía es que todo ese tiempo fue visto por su madre, quien advirtió de lo sucedido al padrastro mientras se encontraba en el trabajo.

A su regreso, después de darle una paliza, el padrastro amarró al niño en una silla permaneciendo así dos días, amarrado, sin comer, sin poder moverse y sólo lo desataban para que fuera al baño.

En una ocasión que la madre lo desató y lo volvió a amarrar a la silla, pero no quedó suficientemente fuerte y cuando se quedó dormido su cuerpo se inclinó su cuerpo se inclinó hacia el frente lo que molestó al padrastro, le gritó que se enderezara para luego amarrarlo más fuerte ocasionándole mucho dolor.

Un par de días después del incidente de la silla, en octubre de 2020, la madre por fin decidió separarse, se fue a la ciudad de Torreón, en Coahuila, y presentó una denuncia contra el padrastro por la violencia a la que sometió a su hijo.

Como parte del protocolo de la denuncia, un médico revisó al menor quien presentaba varias lesiones por los maltratos de los que fue víctima.

Además, la mujer presentó fotografías del menor amarrado en la silla como prueba, así como el video que la abuela materna había tomado y que le mostró al padre biológico.

Con la denuncia realizada, tanto la víctima como su padres biológicos y su abuela declararon ante el Ministerio Público el infierno que el niño sufrió por largos cuatro años.

El 6 de mayo del 2022, poco menos de dos años después de la denuncia, el padrastro fue declarado culpable por violencia intrafamiliar, lesiones equiparadas y hasta privación de la libertad y sentenciado a ocho años y seis días de prisión, así como al pago de una multa equivalente a los 86 mil 966.88 pesos, más el tratamiento psicológico de la víctima.

Pese a haber denunciado los hechos, la madre también fue encontrada responsable por las torturas que sufrió su hijo y recibió la misma sentencia que el padrastro.

Aunque la violencia duró más de cuatro años, de 2016 a 2020, la justicia sólo reconoció las agresiones ocurridas de 2017 –cuando la abuela grabó el video de las lesiones y la confesión del menos– a 2020 –tras la denuncia de la madre–.

Ante la sentencia, el padrastro no se quedó con los brazos cruzados y apeló argumentando que hubo una violación al debido proceso y a su presunción de inocencia durante el caso.

El agresor acusó, entre otras cosas, que el testimonio de padre biológico no tenía validez porque le tenía un “odio” y porque su testimonio era de “oídas”.

También que uno de los dictámenes hechos sobre la violencia que sufrió el menor tampoco debería tener validez porque la doctora que lo hizo no contaba con cédula profesional.

De igual manera rechazó el testimonio de una psicóloga argumentando que no grabó la sesión que tuvo con la víctima.

Incluso pidió descartar la declaración de un elemento de la policía ministerial porque durante el caso falleció.

Por su fuera poco, rechazó que hubiera un caso de privación de la libertad asegurando que la víctima nunca manifestó querer irse de la casa.

La madre tampoco estuvo de acuerdo que la culpabilidad la alcanzara, pues ella misma había presentado la denuncia.

Además, acusó que el caso careció de una perspectiva de género ya que ella también fue víctima del padrastro a tal grado que, cuando se separó, terminó en un refugio para mujeres maltratadas.

Pese a los argumentos de ambas partes, la Cuarta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y luego el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, rechazaron la apelación y el amparo de los victimarios.

La condena favorable al menor fue emitida el 7 de marzo del 2024, casi cuatro años después de que se presentara la denuncia, con la víctima cerca de cumplir los 10 años y casi un lustro de violencia constante.