Que los empleados públicos de Andalucía puedan solicitar la evaluación individual de sus logros profesionales representa un cambio que impacta de forma directa en la dinámica interna de la administración. Según publicó Europa Press, este martes se formalizó en Sevilla un acuerdo que introduce una valoración personalizada de los méritos de cada funcionario, modifica de raíz el sistema de promoción, y supone la inversión de 250 millones de euros para transformar la gestión, la carrera y la estabilidad del personal al servicio de la Junta de Andalucía.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, firmó el nuevo convenio en el Palacio de San Telmo, acompañado de representantes de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, SAF e ISA, según consignó Europa Press. La medida beneficiará a más de 80.000 trabajadores de la administración autonómica y del sector instrumental durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2030. El convenio responde a una reivindicación sindical de larga data: que los empleados públicos obtuvieran reconocimiento oficial de sus méritos y una certificación individualizada de su evolución profesional, algo previamente gestionado sin distinción personalizada y con criterios colectivos que, a juicio de las centrales, no favorecían el desarrollo equitativo ni el reconocimiento particularizado.
Europa Press explicó que, con la reforma, se facilita que los funcionarios soliciten evaluaciones de manera individual, fomentando así la movilidad y la promoción interna bajo nuevas bases objetivas. Para este propósito, la Junta ha comprometido 250 millones de euros, distribuidos en cinco tramos anuales de 50 millones de euros, destinados a financiar sistemas de evaluación que toman parámetros de excelencia y rendimiento profesional, adaptados de modelos ya implementados en el sector sanitario andaluz. Los mecanismos de valoración consistirán en procesos estandarizados que certifiquen y premien los logros y la aportación específica de cada integrante del personal funcionario.
En materia de empleo, el acuerdo persigue la reducción de la temporalidad en las contrataciones públicas, con el objetivo de situarla por debajo del 8 por ciento, detalló Europa Press. Las nuevas convocatorias de empleo, en adelante, priorizarán la consolidación de las plazas estructurales, acotarán el recurso a contrataciones temporales y establecerán controles para limitar los escenarios de provisionalidad. Esta estrategia de estabilización se enmarca en el diseño plurianual del convenio, orientado a garantizar una plantilla estable y afrontar posibles imprevistos que afecten el funcionamiento organizativo de la administración regional.
El sistema retributivo también se ve alterado por la reforma. Europa Press informó que el convenio sustituirá los actuales complementos específicos por un nuevo suplemento salarial, que dependerá tanto de la responsabilidad asumida como de la especialización y la dedicación exigida a la persona titular de cada puesto. El propósito es corregir desigualdades en el régimen retributivo y asegurar que los criterios para asignar complementos económicos respondan a principios de equidad y transparencia, eliminando las arbitrariedades y promoviendo una asignación pública y uniforme de las retribuciones accesorias.
Dentro de los cambios organizativos, el acuerdo favorece fórmulas más flexibles en la gestión de recursos humanos y materiales. Según publicó Europa Press, se promoverá la creación de unidades administrativas que podrán servir de forma compartida a varias áreas, una adaptación que busca optimizar la redistribución de efectivos y materiales conforme evolucionen las necesidades de la administración. De este modo, la respuesta ante contingencias se agiliza y la estructura institucional gana en capacidad de adaptación.
En el ámbito normativo, el VII Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía reemplazará a la normativa anterior, vigente desde 2002, ajustando así las condiciones laborales a la Ley de Función Pública de Andalucía y a los cambios legales recientes. Europa Press informó que este marco legal unificado permite actualizar el empleo público a los requisitos regulatorios y organizativos del momento, alineando la administración autonómica con las reformas legislativas y las necesidades actuales.
Respecto a la prevención de riesgos laborales y la salud en el trabajo, el acuerdo contempla un refuerzo del Servicio de Prevención Propio. Europa Press detalló la articulación de una cooperación más cercana entre personal sanitario, técnicos y equipos directivos, promoviendo la corresponsabilidad en las tareas preventivas y asegurando el mejor aprovechamiento de los recursos destinados a proteger la salud de los empleados públicos.
La modernización administrativa también incluye medidas para intensificar la digitalización y achicar las brechas tecnológicas detectadas entre la plantilla. Según describió Europa Press, se implementarán acciones formativas específicas dirigidas a quienes muestran menor capacitación en tecnologías de la información, dentro del marco del Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030. El propósito es dotar a la administración andaluza de herramientas para agilizar la toma de decisiones y asegurar una gestión interna acorde con los estándares digitales vigentes.
De acuerdo con la información facilitada por la Junta de Andalucía y recogida por Europa Press, esta batería de reformas aspira a fortalecer la estabilidad en el empleo público, viabilizar procesos de profesionalización y promover criterios de justicia en la administración autonómica. Los objetivos marcados incluyen situar a la función pública andaluza en una posición relevante a nivel estatal, tanto en la capacidad organizativa como en su adecuación tecnológica, y elevar la calidad de los servicios prestados. Las modificaciones afectan tanto a la regulación como a las prácticas laborales y organizativas, con el propósito de dar respuesta institucional a las exigencias de eficiencia, transparencia y modernidad que plantea la ciudadanía.
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