El PP se abre en su ponencia a pactos con Vox y otros partidos dentro de la Carta Magna y rechaza "cordones arbitrarios"

La ponencia Política que el PP debatirá y votará en su XXI congreso de julio apuesta por el "diálogo democrático" y se abre a pactos con otros partidos dentro del marco de la Constitución, sin mencionar expresamente a ninguna formación política como Vox o Junts. Además, rechaza los "cordones arbitrarios" y recrimina a los socialistas que lleven años "queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático".

"Se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten, y con todos los que estén dispuestos a cumplirlas, a través de las reglas y de los procedimientos previstos en las propias normas", asegura el PP.

Es más, subraya que cree en "el diálogo democrático", que es "lo opuesto a la imposición, la ilegalidad, o el precio político al mantenimiento del poder". Así se recoge en el texto de la ponencia Política que han presentado este mismo martes en Sevilla sus ponentes: el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la eurodiputada Alma Ezcurra, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Ahora se abrirá un plazo de una semana para que los militantes del PP puedan presentar enmiendas al documento y aquellas que se mantengan 'vivas', se votarán en el cónclave que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio.

"NI CORDONES ARBITRARIOS, NI MAYORÍAS INCOHERENTES"

El PP expresa su rechazo a los "cordones arbitrarios" y asegura que "el socialismo actual lleva años queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático". "Al tiempo que pacta con los que trabajan a diario para la desaparición de España, pretende bloquear la formación de mayorías alternativas dando muestra de un tacticismo arbitrario y muy poco escrupuloso", afirma.

El PP señala que, desde el Pacto del Tinell de 2003, "cuando todas las fuerzas políticas nacionalistas y de izquierdas acordaron una prohibición expresa de alcanzar acuerdos de gobernabilidad con el PP en Cataluña y toda España", "los dirigentes socialistas renunciaron a buscar acuerdos amplios, vertebradores de la Nación, para ocultar su posición minoritaria apoyándose en fuerzas políticas radicales".

"Su falta de compromiso con la estabilidad del sistema atenta contra los intereses de la gran mayoría de los españoles y desgasta nuestro sistema democrático", asegura el texto de la ponencia, para añadir que el PP "aspira a obtener una mayoría suficiente que le permita gobernar aplicando su programa sobre la base de la Constitución y la defensa del interés general como únicas guías".

En este sentido, el partido asegura que no va a renunciar a sus "principios y valores" y añade que tampoco entrará en "subastas políticas". El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes en la 'cadena Cope' que la ponencia Política habla de "un proyecto nacional" que recoge los principios y valores del PP y ha resaltado que la Carta Magna es su límite para cualquier pacto con otros partidos.

"Nosotros dentro de la Constitución hablamos con los grupos parlamentarios, que se conformen, pero nuestro objetivo, no se lo oculto, es tener un Gobierno respaldado por 10 millones de votos", ha declarado Feijóo.

"EL MARCO COMPETENCIAL NO PUEDE SER UN ZOCO"

Además, el texto de la ponencia asegura que el marco competencial "no puede ser un zoco en el que se compran mayorías parlamentarias". "El núcleo de competencias indelegables del Estado en ningún caso puede estar sujeto a negociación", añade.

El Partido Popular subraya asimismo que el Gobierno "no puede usar su poder para secuestrar los recursos que les corresponden a las comunidades, que deberían ser transferidos anual y automáticamente por ley".

Los 'populares' también abogan por un Estado de las Autonomías "racional y viable" y lamentan que el modelo de descentralización política esté "siendo gravemente dañado por la persistente actuación desintegradora del Gobierno y las minorías parlamentarias".

"No es sólo la incapacidad de pactar el esquema de financiación territorial, es sobre todo la distribución de prebendas y la negociación de numerosos traspasos como condición previa a la segregación que algunos anhelan", agregan.

UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y REPENSAR EL PAPEL DE DIPUTACIONES

En su ponencia también apuesta por una financiación "transparente y equitativa" y recalca que "la inconsistencia del sistema de financiación autonómica, reconocida desde el mismo instante de su puesta en marcha, no ha hecho más que agravarse con el paso de los años".

Por eso, subraya que es "urgente aprobar un nuevo sistema que garantice una financiación suficiente, transparente y equitativa, y que permita a las autonomías definir sus propias políticas tributarias dentro de una competencia leal y ser plenamente responsables de sus gastos".

A su entender, "la solución debe ajustarse a la Constitución, ser coherente con la financiación local y establecer un marco estable y corresponsable para los próximos años".

En clave municipal, el PP señala que "ha llegado el momento de repensar el papel de las diputaciones provinciales y los cabildos insulares: potenciar su papel, evitar duplicidades y transformarlas en herramientas eficaces al servicio de los pequeños municipios, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación".

MANTENER LA HABILITACIÓN NACIONAL DE LOS SECRETARIOS MUNICIPALES

A renglón seguido, defiende una financiación local "moderna, no como reclamación, sino como garantía para ofrecer a los españoles los servicios de calidad que demandan". "Ese es el mejor antídoto contra la desconexión entre instituciones y ciudadanos: gobernar desde la calle, desde la experiencia y desde el sentido común, para que la política ejerza su auténtica vocación de servicio a las personas".

El PP también defiende en el texto de la ponencia Política mantener "la habilitación nacional de los secretarios e interventores de la administración como garantía de profesionalidad, transparencia y rigor".

Los 'populares' ya anunciaron hace una semana que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) la "cesión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Junts por la gestión en Cataluña de los secretarios, interventores y tesoreros municipales.

DEROGACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

El PP también reitera su compromiso con las víctimas del terrorismo y se compromete a aprobar "las reformas legales necesarias para que no puedan concurrir en las listas electorales aquellos que hayan cometidos delitos de sangre y para que las víctimas del terrorismo dejen de ser humilladas por los asesinos con actos de homenaje o enaltecimiento del terror".

Además, asegura que "para acceder al tercer grado penitenciario, será imprescindible la petición expresa de perdón y la colaboración efectiva con la Justicia". "No cejaremos en nuestro empeño de esclarecer la autoría de todos y cada uno de los atentados que ETA cometió".

En este capítulo también reitera su compromiso de derogar "la mal llamada 'ley de memoria democrática', corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia -con los victimarios- desde la manipulación y el enfrentamiento".