Un juez declara ilegal el pacto del PP con seis tránsfugas del PSOE para “comprar” la alcaldía de Cartagena

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Cartagena ha declarado nulas las designaciones y delegaciones otorgadas a los seis concejales tránsfugas del PSOE que dieron la alcaldía a Noelia María Arroyo Hernández (PP) a cambio de puestos claves en la administración, al considerar que violaron la normativa vigente sobre transfuguismo político y los límites a los derechos de quienes pierden su pertenencia partidaria.

La denuncia vino por parte de José López Martínez, en su doble carácter de ciudadano y representante del Movimiento Ciudadano de Cartagena en el Concejo Deliberante, en la que impugnaba tres resoluciones administrativas dictadas en 2021. Estas resoluciones ratificaron la composición de la Junta de Gobierno Local, los nombramientos de tenientes de alcalde y la estructura de la organización municipal, así como la designación de representantes en organismos, sociedades y fundaciones municipales.

El eje de la demanda fue la continuidad en cargos de gobierno y representación de los seis concejales que, tras haber sido elegidos por el PSOE en las elecciones de mayo de 2019, fueron expulsados del partido por pactar con el Partido Popular y Ciudadanos para formar gobierno, en contra de la directiva partidaria.

Los hechos probados recogen que Ana Belén Castejón Hernández, la anterior alcaldesa del PSOE, asumió la intendencia tras un acuerdo político que le costó la expulsión a ella y a otros cinco concejales socialistas.

Pese a perder su afiliación partidaria, continuaron en sus cargos y, tras la renuncia de Castejón a la alcaldía en junio de 2021, la nueva alcaldesa, Noelia María Arroyo Hernández ratificó a los expulsados en puestos clave de la administración y en organismos municipales. El decreto de 12 de junio de 2021, por ejemplo, designó a Castejón como vicealcaldesa y concejal delegada de área, y a sus excompañeros en áreas como Cultura, Infraestructura, Hacienda y Educación, todos con régimen de dedicación exclusiva y las retribuciones correspondientes.

El argumento central de López Martínez fue que estos nombramientos y delegaciones, realizados cuando los ediles ya eran “no adscritos”, constituyeron un fraude a la ley y una violación del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Este artículo, interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, limita los derechos políticos y económicos de los concejales que pierden su pertenencia partidaria por transfuguismo, impidiéndoles acceder a cargos o retribuciones que no tenían antes de su expulsión.

El demandante sostuvo que la ratificación de los cargos y la asignación de nuevas responsabilidades a los concejales no adscritos supuso una mejora personal, política y económica prohibida por la ley.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena alegó en su defensa que los actos impugnados no supusieron ninguna mejora para los concejales no adscritos, ya que simplemente ratificaron los cargos y funciones que ya desempeñaban desde el inicio de la legislatura, cuando aún formaban parte del PSOE. Además, planteó la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación de López Martínez, quien había dejado de ser concejal tras las elecciones de 2023, y la carencia sobrevenida de objeto por la renovación de autoridades municipales. Ambas objeciones fueron rechazadas: la primera por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la segunda por el propio juzgado.

En el fallo, el magistrado subraya que la jurisprudencia ha ampliado el concepto de “tránsfuga” para incluir no solo a quienes pactan con otras fuerzas para cambiar mayorías, sino también a quienes se apartan del criterio de sus órganos partidarios, son expulsados y luego se benefician de su conducta con cargos o atribuciones de gobierno: “En nuestro procedimiento el nombramiento de los concejales del PSOE como concejales delegados fue posterior a su expulsión de dicho partido por no haber respetado el criterio de los órganos competentes de su partido, es decir, en el momento en que se les nombró como concejales delegados ya eran concejales no adscritos”.

Por ello, la sentencia concluye que los actos administrativos impugnados son nulos por violar la ley y la doctrina judicial sobre transfuguismo, y ordena su anulación con todos los efectos inherentes. Además, impone al Ayuntamiento de Cartagena el pago de las costas procesales, aunque las limita a 500 euros “por todos los conceptos atendiendo al grado de complejidad del pleito”.

Tras el conocimiento de al sentencia, desde el PP han negado que existiera transfuguismo y han informado de que van a presentar un recurso contra la misma, porque “las decisiones de la legislatura pasada no representan ningún caso de transfuguismo como los previstos en acuerdos políticos y en sentencias anteriores”.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, Ignacio Jáudenes, sostuvo que “un tránsfuga es un concejal que vende su voto para dar el gobierno a otro partido”, y recordó que “lo que ocurrió en Cartagena fue un pacto entre el PSOE y el Partido Popular para gobernar, y fue el PSOE el que expulsó después a los concejales”.

Los ediles expulsados “ya formaban parte del Gobierno antes de esa decisión interna de su partido” y que “ninguno de ellos obtuvo una ventaja, porque las delegaciones se mantuvieron sin cambios durante toda la legislatura”, ha subrayado.

Por su parte, López Escolar, denunciante y concejal de MC Cartagena, ha anunciado la petición por registro los decretos firmados por los concejales tránsfugas para “depurar responsabilidades”.

“Queremos saber cuántos decretos firmaron, qué decisiones adoptaron y cuántos cartageneros se vieron afectados por actos de gobierno que ahora se sabe que carecían de legitimidad”, ha señalado. “Cada decreto firmado por los tránsfugas es una huella del fraude con el que Arroyo compró su Alcaldía”, ha añadido.

Para el edil cartagenero, el paso siguiente debe ser depurar responsabilidades políticas y administrativas: “Noelia Arroyo convirtió en rutina la ilegalidad y ahora debemos conocer el alcance real de esa corrupción institucionalizada que la justicia ha empezado a desenmascarar”.