La técnica llegada de EEUU para desactivar conflictos en las empresas sin llegar a los tribunales: qué es el derecho colaborativo

El aumento de tensiones en el entorno laboral por la implantación de la inteligencia artificial, la reorganización interna o las nuevas modalidades de trabajo híbrido entre presencial telemático, ha llevado a numerosas empresas a buscar métodos alternativos para resolver conflictos sin recurrir a los tribunales. Frente a esta realidad, el derecho colaborativo destaca como una técnica originaria de Estados Unidos que, gracias a su enfoque estructurado y confidencial, comienza a ganar terreno en el ámbito corporativo europeo.

Esta metodología, lejos de centrarse únicamente en grandes disputas judiciales, ha demostrado eficacia en situaciones cotidianas, como ilustran varios ejemplos recientes recogidos por el diario Le Figaro. Una pyme, enfrentada a los retos de una transformación asociada a la inteligencia artificial, logró acordar unas fases de reorganización gracias a esta estrategia; una startup solucionó el desacuerdo con uno de sus técnicos fundadores respecto a la supervisión por parte de un nuevo superior; y una consultora informática alcanzó un compromiso sobre el equilibrio entre teletrabajo y presencialidad tras intensos debates internos.

Según declaraciones de Marie-Charlotte Diriart, abogada experta en derecho laboral y socia del despacho Bignon Lebray, “el derecho colaborativo es un modo alternativo de resolución de conflictos muy utilizado en Estados Unidos, que se basa en una negociación estructurada dentro de un equipo colaborativo formado por las partes, asistidas por abogados específicamente formados en esta práctica”. Esta fórmula, relata al medio francés, permite que todas las preocupaciones sean tenidas en cuenta a través de un procedimiento regulado que fomenta el consenso y evita la judicialización.

El proceso se compone de una sucesión de etapas perfectamente definidas: comienza con una reunión inicial y la firma del citado contrato colaborativo; sigue con un diagnóstico de la situación, la identificación conjunta de intereses y prioridades, y una auditoría legal y financiera. Posteriormente, cada parte debe presentar al menos tres propuestas alternativas, buscando áreas de convergencia. Si se alcanza un acuerdo, este puede formalizarse mediante la firma de un protocolo que, si así se desea, será homologado judicialmente.

En Francia, donde aterrizó inicialmente en 2007 para casos de divorcio, hoy se emplea también en entornos laborales. De las 2.035 personas formadas en la Asociación Francesa de Profesionales del Derecho Colaborativo, al menos 217 están especializadas en derecho laboral, señala Le Figaro. El procedimiento requiere que las partes involucradas firmen un compromiso contractual para resolver su disputa por esta vía no litigiosa. Tal y como destaca Diriart, “el equipo colaborativo trabajará en la resolución de su litigio con total transparencia y respetando una confidencialidad reforzada”.

En España, el derecho colaborativo se aplica como un método alternativo de resolución de conflictos que busca alcanzar acuerdos sin acudir a los tribunales. Al igual que en el caso de Francia, su práctica se inició en ámbitos como el derecho de familia, pero hoy también se extiende a conflictos mercantiles y civiles. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sobre la eficiencia del Servicio Público de Justicia, reconoce el derecho colaborativo como medio adecuado de solución de controversias (MASC), otorgándole respaldo normativo. En este proceso, las partes y sus abogados se comprometen a negociar de forma transparente y a no litigar si no se logra acuerdo.

Diversas instituciones, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Asociación de Derecho Colaborativo de Cataluña (ADCE), promueven su desarrollo profesional. Aunque aún carece de regulación detallada, su práctica es plenamente compatible con el ordenamiento jurídico español.