La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

Durante los meses más duros de la pandemia de Covid-19, entre marzo y mayo de 2020, las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se convirtieron en el epicentro del horror silencioso. En apenas unas semanas, 7.291 residentes murieron sin ser trasladados a hospitales, muchos de ellos sin recibir atención médica adecuada, en completa soledad y en condiciones precarias.

En esa situación, la Comunidad de Madrid, que ante la situación decidieron crear lo que ha terminado conociéndose como “protocolos de la vergüenza”. Firmados por la Consejería de Sanidad, se ordenaba que no se derivara a los hospitales a ancianos con dependencia severa o deterioro cognitivo, lo que llevó a que muchos de ellos fallecieran sin oxígeno ni ninguna medida para controlar el dolor. En la primera ola de la pandemia, el 78% de las muertes en Madrid fueron en estas residencias.

Así nació una lucha liderada por los familiares de los afectados para conseguir justicia para las 7.291 muertes. Dos asociaciones, ‘Marea de Residencias’ y ’7291:Verdad y Justicia’, llevan cinco años buscando que los responsables de estos protocolos puedan ser juzgados y condenados.

Los primeros frutos llegaron hace un año, el 10 de octubre de 2024. En esa fecha se presentó una denuncia colectiva, firmada por 109 familiares de 115 víctimas de residencias, ante la Fiscalía de Madrid, que ha sido el germen de las investigaciones que se están llevando a cabo.

Este escrito “se presenta por un delito tipificado en el artículo 511 del Código Penal, que es un delito de denegación discriminatoria de las asistencias sanitarias”, según explica a Infobae España uno de los abogados que lleva el caso, Carlos Castillo.

“Junto a la denuncia, varios familiares presentaron también sus propias querellas”, añade Castillo, pero todas iban dirigidas a los mismos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid y principales autores intelectuales tras los protocolos: Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca.

El Ministerio Fiscal decidió dividir la denuncia colectiva de forma que abrió diligencias diferentes por cada uno de los 109 denunciantes. Algunas diligencias concluyeron con la presentación de una denuncia en los Juzgados por parte de la Fiscalía, y en el caso de 48 denunciantes, la Fiscalía Provincial de Madrid pidió que, a la vista de las nuevas pruebas, se reabriesen procedimientos que se habían archivado en su día.

De los 92 procedimientos incoados inicialmente, hay 73 que están aún en Instrucción, 10 pendientes de recursos ante la Audiencia Provincial, 4 en el Tribunal Constitucional y 5 en los que los denunciantes desistieron.

La última noticia que llegó esta semana, y que supone un gran paso adelante, según el abogado, es que “hay ocho procedimientos diferentes en los que están imputados formalmente los principales denunciados”.

El letrado destaca que el proceso no está siendo sencillo y asegura que “hay algunos juzgadores que están actuando con bastante desidia”. “Nosotros vemos que ha habido juzgados en los cuales han recaído querellas que se presentaron antes de mayo de este año y en los que todavía no se ha proveído ni una diligencia”, añade.

En los Juzgados de Móstoles 6 y de Navalcarnero 5, por ejemplo, recayeron varias denuncias el pasado día 2 de abril, y por el momento no han adjudicado un número de diligencias previas a la querella. Parecido es el caso del Juzgado 39 de Madrid, que dictó un auto de inadmisión de las diligencias de investigación que le envió el Ministerio Fiscal, fechado el 25 de marzo, pero que no lo ha notificado a la parte demandante hasta el 22 de septiembre. “Hay juzgados que, pese a tener diligencias abiertas, no las estaban realizando, por lo que pedimos que hagan su trabajo y así evitar posibles prescripciones”, explica Castillo.

El abogado también afirma que las estrategias de los investigados están buscando dilatar el proceso. En mayo de 2025, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid llamó a declarar como investigados a Carlos Mur y a Francisco Javier Martínez Peromingo, pero se suspendió porque sus abogados alegaron que no habían recibido las actuaciones y necesitaban tiempo para estudiarlas. En junio, estas mismas personas estaban citadas en el Juzgado número 6 de Leganés, pero también se suspendieron las declaraciones, porque este Juzgado se inhibió tras solicitar el abogado de Peromingo la acumulación de los procedimientos en el Juzgado número 3 de Madrid.

Y es que este es otro de los puntos sobre los que está girando el proceso, ya que, junto al de Leganés, otros seis Juzgados se inhibieron en los meses de junio, julio y agosto en favor del número 3 de Madrid. Pero este juzgado, en un auto del 27 de agosto, decidió que no aceptaba las inhibiciones, oponiéndose a que todos los procedimientos se acumulasen en su juzgado. Castillo asegura que podría ser beneficioso congregar todos los casos en uno para tener una única estrategia.

Sobre si en el futuro habrá más imputaciones, el abogado responde que “puede ser”, pero “depende de los juzgados que vayan avanzando en la investigación y decidan sobre más investigados”.