La lucha por la supervivencia de Apadis, la asociación de personas con discapacidad a la que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes reclama 400.000 euros

La asociación Apadis de San Sebastián de los Reyes (Madrid) lleva más de 40 años trabajando en la atención, apoyo y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, pero temen desaparecer debido a un conflicto con el Ayuntamiento, que les reclama una deuda de cerca de 400.000 euros por el uso de un terreno cedido hace más de dos décadas. Si las partes no llegan a un acuerdo, y de momento el consistorio liderado por Lucía Fernández (PP) “no está por la labor”, según denuncia la organización, en septiembre se celebrará el juicio.

Las autoridades sostienen que nunca se abonó el canon estipulado por el uso del terreno municipal cedido en 1996 para el proyecto ‘Surtidor de Oportunidades’, una gasolinera regentada por personas con discapacidad, mientras que APADIS sostiene que el consistorio “ignora que ese pago estaba condicionado a la firma de un convenio que nunca se formalizó”, pese a su insistencia. “Sin la firma de ese convenio, esto es un regalo envenenado”, dice a Infobae Miguel Ángel Jiménez, gerente de la asociación, que aclara que aunque firmaron un convenio en noviembre de 2023 con el actual Ayuntamiento para regularizar la cesión de los terrenos y no tener que abonar más ese canon en el futuro, ese último acuerdo no resuelve la situación actual. El conflicto se centra en los pagos no realizados durante los últimos cinco años, ya que las deudas anteriores han prescrito.

La ONG recuerda que fue el gobierno formado por el PSOE y Ciudadanos de la legislatura anterior el que reclamó esa deuda y llevó el caso a los tribunales, y por aquel entonces el Partido Popular apoyó a la asociación, al considerar que “se le reclamaba algo injusto”. Sin embargo, cuando el nuevo equipo de Lucía Fernández asumió la alcaldía en junio de 2023, “su postura cambió”.

“En cuanto el PP llegó al Ayuntamiento, dijo que no podía hacer nada al respecto. El apoyo que habíamos recibido y lo que habían defendido anteriormente desapareció. Todos quieren ayudar cuando están en la oposición, pero una vez llegan al poder se olvidan”, lamenta el responsable de la asociación. “Hay numerosas entrevistas donde Fernández -cuando aún no era alcaldesa- asegura que este conflicto no era culpa de la entidad, sino que se trataba de un error burocrático y que lo solucionaría si llegaba a gobernar”.

Fuentes del Ayuntamiento, sin embargo, aseguran a este periódico que Fernández durante su campaña electoral se comprometió a “buscar soluciones para Apadis en la medida en que la ley lo permitiera”, y ahora como alcaldesa, “no puede entrometerse en un proceso judicial que ya está en marcha” y hay que esperar a que la Justicia dicte sentencia. “Es la única vía legal para solucionar una controversia que nunca se debió producir”, argumenta el consistorio, que defiende que han hecho “todo lo que está en su mano”.

Jiménez, no obstante, considera que con “voluntad política” aún hay tiempo para resolver estos “años de inacción y errores administrativos” y así evitar la celebración del juicio. Apadis defiende esta opción basándose en la recomendación del destacado bufete de abogados Uría Menéndez, que no solo ve factible ese acuerdo extrajudicial entre ambas partes, sino también recomendable. “Cabría la posibilidad de que, previa la tramitación administrativa correspondiente, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes alcanzara una transacción aprobada por el Pleno para poner fin a la controversia”, tal y como contempla el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, recoge el informe.

El despacho de abogados defiende que la postura de la asociación es legal porque solo se podría exigir el pago del canon una vez que se firmara un convenio donde también se fijaran las deudas del ayuntamiento con Apadis y la forma de compensarlas. Sin embargo, el consistorio insiste en que es la Justicia quien debe resolver la situación.

En cualquier caso, Apadis asegura que, aunque ganaran el juicio, "será difícil recuperarse del daño reputacional” que les ha causado todo este proceso. “Nos gustaría que el PP cumpliera con lo que manifestaron durante tanto tiempo antes de llegar a la alcaldía”, indica Jiménez, que también ha reprochado a la líder popular que no se haya reunido con ellos en el último año, si bien recientemente han mantenido encuentros con concejales. La entidad ha presentado tres peticiones formales mediante registro al Ayuntamiento de la localidad para solicitar una reunión con la alcaldesa, “fechadas en julio de 2024, enero y mayo de 2025″, pero no han recibido respuesta. “Eso es violencia administrativa”, sostiene Jiménez, que también ha informado de esa falta de respuesta al Defensor del Pueblo.

En ese sentido, el consistorio asegura que la alcaldesa y su equipo han mantenido encuentros con la asociación en muchas ocasiones.

Pese al “miedo y la incertidumbre”, Apadis, una entidad en la que trabajan 200 personas y cuenta con un presupuesto anual de 6,5 millones de euros, ha permanecido abierta a lo largo de todo este tiempo para dar servicio a las cerca de mil usuarios con discapacidad intelectual que atienden, así como a sus familias, de forma que ofrece desde espacios de atención, formación, terapia y actividades, con el objetivo de fomentar la autonomía y la integración social, a programas formativos para facilitar el acceso al trabajo de este colectivo.

No obstante, la asociación lamenta que el consistorio les haya retirado ciertas subvenciones en este último tiempo, pues agrava su incertidumbre financiera y dificulta el desarrollo de algunos de sus programas sociales. Con un juicio previsto para el próximo 9 de septiembre, Apadis ha iniciado una campaña en Change.org para recoger firmas.