Jueces y fiscales convocan una huelga los días 1, 2 y 3 de julio si no se retiran las nuevas medidas del Gobierno en el ámbito de la Justicia

Las principales asociaciones judiciales y fiscales continúan con su ofensiva contra la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal presentada el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y han convocado una huelga de las carreras judicial y fiscal los días 1, 2 y 3 de julio “en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos”.

“Esta decisión se adopta dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada. De no producirse dicha rectificación, la huelga se llevará a cabo como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho, así como de las condiciones profesionales de jueces y fiscales”, explican las asociaciones convocantes

Estas son todos los colectivos, salvo los progresistas: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-.

Fuentes del Ministerio de Justicia indican que ante la huelga se presenta “un gran dilema: reformas o inmovilismo”. “La mayoría parlamentaria y la mayoría de la sociedad está con las reformas, que seguirán su tramitación en las Cortes. No obstante, respetamos la convocatoria que se ha producido”, añaden.

En el escrito relatan que tras esos días realizarán una revisión conjunta, atendiendo a la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, en la que se valorará, de forma coordinada, la continuación de la huelga.

“Esta evaluación se llevará a cabo atendiendo al respaldo de las respectivas bases, y con el objetivo de garantizar una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho”, añaden.

Esta decisión ha sido tomada tras el parón de diez minutos que llevaron a cabo el pasado 11 de junio y será precedido por una concentración ante el Tribunal Supremo el próximo sábado 28 de julio y con la que se espera que se consiga su objetivo, lo que permitiría cancelar la huelga.

“El emplazamiento elegido es profundamente simbólico e institucional. No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, explican.

Agregan que, “este es el lugar donde los opositores que aspiran a formar parte de nuestras carreras aprueban sus exámenes; un espacio que representa la culminación a largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad. Es, por tanto, un escenario idóneo, icónico y cargado de significado institucional y cívico”.

Destacan que “la convocatoria está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general” y se desmarcan de que suponga una “reivindicación partidista”.

Entre las medidas del proyecto presentado por el Gobierno, destacan el blindaje de las becas SERÉ para opositar a la Judicatura y la Fiscalía, ya que tendrán una cuantía mínima igual al SMI y una duración de hasta 4 años, la sustitución de una prueba oral por un caso práctico escrito en las pruebas de acceso y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales.

Además, busca la ampliación de las carreras y la estabilización del personal interino, mediante la garantía de que una de cada cuatro plazas de jueces y magistrados provengan del cuarto turno, una vía de acceso a la carrera judicial en España que permite a juristas con reconocida experiencia y competencia acceder a la categoría de Magistrado sin tener que pasar por la oposición tradicional, lanzando un proceso extraordinario de estabilización para jueces sustitutos y fiscales interinos.

A parte, estas organizaciones están también en contra del anteproyecto de ley que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.