Una empresa exportadora de plátanos despide a sus 7.000 empleados que llevaban un mes de huelga: “No queda ni un solo trabajador de toda la plantilla”

La filial panameña de Chiquita Brands, uno de los mayores exportadores de plátanos a nivel mundial, va a despedir a prácticamente toda su plantilla después de estar un mes con disputas laborales y huelgas, una situación que ha paralizado su actividad en el país centroamericano. El Gobierno panameño ha detallado que la empresa estadounidense despedirá a los 1.600 empleados que aún estaban en nómina.

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Con esta decisión se cierra un capítulo lleno de tensiones sociales e incertidumbre en la provincia caribeña de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, donde Chiquita se había consolidado como uno de los pilares económicos, ya que llegó a tener hasta 7.000 trabajadores, según datos oficiales recogidos por BFM Business. El cese total de las operaciones es consecuencia directa de una huelga iniciada hace más de un mes por los trabajadores, quienes protestan contra la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Congreso.

En mayo, la empresa ya había anunciado el despido de los empleados, acusándolos de “abandono injustificado del trabajo” y paralizando por completo el centro de producción en Changuinola, un enclave principal. Aquel primer recorte dejó en suspenso el destino laboral de miles de empleados. Ahora, el golpe se hace definitivo.

Así confirmó durante una rueda de prensa la ministra panameña de Trabajo, Jackeline Muñoz: “Se nos está presentando una solicitud de autorización para despedir a más de 1.600 empleados, no queda ni un solo trabajador de toda la plantilla de la empresa”. La ministra viajó acompañada por otros representantes para intentar negociar un acuerdo que evitara la medida, pero los esfuerzos no dieron sus frutos.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por Chiquita, la huelga ha causado pérdidas millonarias, estimadas en 75 millones de dólares. A los problemas financieros se suma el bloqueo de carreteras principales, lo que ha afectado no solo al sector agrícola, sino también al sector turístico, otro motor de la economía local.

Los sindicatos, por su parte, sostuvieron que la raíz del conflicto reside en el desmantelamiento progresivo de los beneficios laborales y sociales acordados con la empresa, que garantizaban mejores pensiones y acceso a servicios de salud para los empleados y sus familias.

Este conflicto ha puesto sobre la mesa el malestar social creciente frente a las políticas adoptadas por el Gobierno actual, especialmente en lo referente a los derechos sociales. El Ejecutivo, ante la presión sindical, ha accedido a la redacción de un proyecto de ley que restituiría los beneficios sociales de los trabajadores del sector del plátano, aunque esto está condicionado a la reapertura de las carreteras bloqueadas. Los trabajadores, por su parte, han rechazado esta propuesta y mantienen las protestas.

Estos hechos se añaden a las demás movilizaciones que se están sucediendo en el país. Al paro de trabajadores agrícolas se suman los reclamos de los empleados de la construcción y de los docentes de las escuelas públicas. Y a los problemas por la reforma de las pensiones se suman otros temas: uno de los puntos más polémicos es el acuerdo alcanzado entre Panamá y Estados Unidos, que contempla el despliegue de tropas estadounidenses para reforzar la seguridad en torno al Canal de Panamá. Este acuerdo también ha sido motivo de protestas y marchas en varias ciudades del país durante las últimas semanas.