Un trabajador de una fábrica automotriz se orina encima después de que el jefe le prohíba ir al baño: la empresa es condenada a pagarle una gran indemnización

Después de más de ocho años, una sentencia del Tribunal de Casación italiano ha puesto punto final a un proceso judicial que comenzó en una planta automotriz de la compañía Stellantis, anteriormente conocida como Sevel FCA. Un trabajador, que en febrero de 2017 sufrió una vejación en su lugar de trabajo porque no se le permitía ir al baño durante su turno, ha logrado finalmente que se reconozcan judicialmente sus derechos. El caso ha sido calificado por los sindicatos como un precedente en la lucha por la dignidad laboral.

Todo comenzó en la planta de Atessa, en la región italiana de Abruzzo, cuando un empleado solicitó permiso para ausentarse brevemente de su puesto para ir al baño. Sus superiores le denegaron el poder levantarse para ir al servicio, y esto provocó que el trabajador terminara orinándose encima. Incluso después de esto, la empresa tampoco le permitió cambiarse de ropa, y esto provocó una gran indignación entre los compañeros, por lo que el sindicato USB (Unione Sindacale di Base) convocó una huelga inmediata.

Por su parte, el trabajador presentó una demanda por lo que consideró un trato humillante y lesivo para su integridad. En primera instancia, el Tribunal de Lanciano le dio la razón y concluyó que la empresa había incurrido en una “lesión de la dignidad personal ocurrida en el lugar de trabajo”, en contra con lo estipulado en el artículo 2087 del Código Civil italiano, que obliga al empleador a garantizar condiciones laborales que respeten la integridad física y moral de sus empleados.

Tal y como ha recogido el medio italiano Open, Stellantis intentó revertir la sentencia desfavorable mediante una apelación ante el Tribunal de L’Aquila, que volvió a fallar en favor del trabajador. La empresa llevó el asunto hasta el Tribunal de Casación, la máxima instancia del sistema judicial italiano, pero su recurso fue declarado inadmisible, lo que supuso la confirmación definitiva del fallo.

Como resultado, la compañía ha sido condenada a pagar los costes judiciales del proceso y una indemnización cuya cuantía exacta no ha sido divulgada públicamente, aunque fuentes cercanas al caso señalan que se trata de una gran cantidad de dinero.

Desde el sindicato USB, uno de los primeros en apoyar al trabajador, se celebró la sentencia con satisfacción. En un comunicado, han señalado que se trata de “una sentencia que devuelve la dignidad a un trabajador que tuvo la valentía de emprender un proceso judicial para evitar que se repitieran episodios similares”.

El sindicato también ha recordado que, aunque su entonces coordinador regional, Fabio Cocco, fue denunciado por difamación agravada en prensa por sus declaraciones en defensa del trabajador, dicho procedimiento fue archivado en 2020 por decisión del juez de instrucción del Tribunal de Lanciano. Según diversas asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores, el control excesivo del tiempo en cadena de montaje puede derivar en prácticas abusivas que atentan contra los derechos más básicos de los empleados.