El Concejo de Medellín recibió una petición de apertura de proceso disciplinario contra Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “El Gury” Rodríguez, elevada por el Ministerio del Interior para que se investigue su actuación durante la marcha en favor de Palestina que se llevó a cabo el 7 de octubre, en el barrio El Poblado.
De dicha manifestación, convocada en apoyo al pueblo palestino, circularon videos y fotografías que mostraban al concejal portando un bate de béisbol y emitiendo expresiones consideradas amenazantes hacia los participantes.
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Esta conducta despertó un fuerte debate institucional sobre los límites de la conducta permitida a funcionarios públicos durante protestas sociales.
La cartera de Interior, en su comunicación formal, recordó que “el derecho a la protesta pacífica está protegido por el artículo 37 de la Constitución y regulado por el Decreto 003 de 2021”, y solicitó evaluar si el comportamiento de Rodríguez Puerta habría vulnerado garantías ciudadanas, según reportó Caracol Radio.
El documento, adicionalmente, enfatiza la importancia de que los funcionarios públicos mantengan una actitud que se ajuste a los límites éticos y disciplinarios, particularmente en contextos donde el respeto a los derechos fundamentales se encuentra bajo escrutinio.
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior Gabriel Rondón, dijo, a través de un comunicado de la cartera: “Estamos en Medellín para dialogar con las víctimas, con la institucionalidad, con la Policía Metropolitana, y esperamos contar con la presencia del señor alcalde o del secretario de Seguridad para esclarecer hechos que, a todas luces, son inaceptables en un Estado de Derecho”, afirmó.
El funcionario también se refirió en ese comunicado de manera indirecta al concejal Rodríguez. Dijo que, como institución, “no podemos permitir que en un país democrático, personas de civil o contratistas asuman funciones policiales y, peor aún, ejerzan violencia contra la ciudadanía. Esto configura violencia institucional y podría constituir delitos de gravedad como el paramilitarismo”, añadió
El Ministerio Público ya está tomando cartas también
En paralelo, se supo que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía ya abrieron investigaciones sobre el accionar de Rodríguez Puerta.
Esta situación fue resaltada en el escrito ministerial, que insta al Concejo de Medellín a decidir si corresponde adelantar una actuación interna adicional frente a su miembro, ponderando así la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana hacia quienes han sido elegidos por voto popular. Entre los requerimientos, el Ministerio solicitó también que el cabildo informe sobre la adopción o no de medidas preventivas o correctivas acerca del caso.
El viceministro de Diálogo Social, Héctor Gabriel Rendón, recordó al concejo su obligación de responder en un plazo de diez días hábiles, conforme lo establece la Ley 1755 de 2015 para peticiones entre autoridades.
La autoridad ministerial hizo hincapié en que “es deber de las corporaciones territoriales promover un comportamiento ejemplar de sus integrantes y garantizar que los espacios de protesta ciudadana no sean escenarios de intimidación ni confrontación por parte de servidores públicos”, según consta en la carta.
Los hechos, que ganaron amplia visibilidad tras su circulación en redes sociales y diversos medios de comunicación, han suscitado preocupaciones sobre la actuación de los representantes públicos en escenarios de manifestación.
A su vez, la Defensoría del Pueblo respaldó la petición del Ministerio y enfatizó la necesidad de proteger los derechos de quienes participan en movilizaciones sociales. La entidad también recibió la denuncia de Daniela Ospina, candidata al Consejo Distrital de Juventud (CDJ), que afirmó haber sido intimidada y perfilada tras asistir como defensora de derechos humanos y prensa al evento.
Ospina relató que el concejal gritó frases como: “guerrilleros, vine a darle palo a todos” y advirtió que “nos va a ir muy mal cuando ellos lleguen al gobierno nacional porque están cansados de los vándalos, que van a poner orden, que eso es libertad o muerte”.
Mientras avanza la investigación, la respuesta esperada del Concejo de Medellín se perfila como un episodio clave para determinar el estándar ético y disciplinario al interior de la corporación.
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