La SAE se pronunció sobre el ‘penthouse’ en El Poblado, con el que está relacionado Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un pronunciamiento público luego de que se conocieran nuevas revelaciones sobre el presunto uso irregular de un inmueble administrado por la entidad, el cual es mencionado en las investigaciones judiciales que involucran a Miguel Quintero Calle —hermano del exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle—.

Los señalamientos surgieron a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que vinculan a Miguel Quintero con un entramado de contratos cuestionados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), y que ascienden a más de $17.000 millones. En el desarrollo del caso, se hizo referencia a un penthouse ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, el cual habría sido utilizado por el implicado para reuniones privadas y encuentros que hoy son materia de investigación penal.

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Frente a las versiones que circularon en distintos medios de comunicación sobre la presunta ocupación de este apartamento por parte de Miguel Quintero, la SAE dio a conocer un comunicado oficial en el que aclaró la situación jurídica y administrativa del bien, reafirmando que no existe relación alguna entre la entidad y el señalado.

“Se permite aclarar que el apartamento 1602 del edificio ‘Sierraalta’, ya extinto, situado en la Calle 7 Sur #23-10, barrio El Poblado, permanece bajo la administración de la Entidad desde el 13 de junio de 2003, fecha en la que fue secuestrado dentro de un proceso de extinción de dominio”, señala el texto difundido por la entidad.

En el mismo documento, la SAE precisa que el bien fue entregado en calidad de administración al depositario Uver Giraldo Muñoz Valencia en febrero de 2020, y que posteriormente, en noviembre de 2021, mediante resolución oficial, se retiró la administración delegada para que el organismo retomara el control directo del inmueble, hecho que ocurrió formalmente el 17 de enero de 2022.

Desde esa fecha, de acuerdo con lo informado, el apartamento permanece desocupado y no figura como disponible para arrendamiento. “El inmueble se encuentra priorizado para venta por parte de la Dirección Comercial de la SAE, razón por la cual no aparece publicado para arrendamiento”, reitera el documento.

La SAE también informó que, hasta el momento, no existe documento alguno que demuestre que Miguel Quintero Calle tenga o haya tenido algún tipo de vínculo contractual con la entidad, ni con la administración del edificio mencionado.

Además, se explicó que se solicitó información oficial a la administración de la propiedad horizontal del edificio, con el fin de verificar las afirmaciones sobre el uso del apartamento, sin que hasta ahora haya llegado una respuesta formal al requerimiento.

“Frente a las versiones sobre una posible ocupación del inmueble por parte del señor Miguel Quintero Calle, la SAE informa que no existen documentos que soporten la suscripción de un contrato alguno con dicha persona con la administración de la propiedad horizontal, la entidad solicitó información a la administración del edificio Sierraalta y hasta esta fecha no ha dado respuesta del requerimiento”, enfatizó la SAE.

La entidad estatal también reafirmó que mantiene su compromiso con el manejo transparente de los activos bajo su responsabilidad y aseguró que seguirá realizando todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos.

Este inmueble, de 500 metros cuadrados e incautado por el Estado, se convirtió en el centro de una investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en la administración de contratos durante la gestión de Daniel Quintero como alcalde.

La controversia surgió tras la revelación de chats y audios en poder de la Fiscalía; en las conversaciones, Miguel Quintero menciona que el apartamento “ya es mío” y discute con otros implicados sobre cómo “organizarlo” y hacerse cargo de su administración.

Además, se filtró una foto de Miguel en el jacuzzi del penthouse junto a Jorge Liévano, exgerente de Metroparques, que también es investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Este caso forma parte de las investigaciones sobre una presunta red de corrupción en la Alcaldía de Medellín, donde se habrían negociado contratos a cambio de coimas. A pesar de la gravedad de las pruebas, no hay registros oficiales que indiquen que Miguel Quintero haya tenido un acuerdo legal para ocupar el inmueble.

Otro de los testigos citados en el expediente indicó que allí se sostuvo una reunión en agosto de 2021 para discutir presuntas operaciones ilícitas relacionadas con un lote perteneciente a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en la que Miguel Quintero habría propuesto un esquema de apropiación de recursos mediante una venta ficticia.

Pese a estas revelaciones, la SAE dejó claro que no existe ninguna relación formal ni permiso concedido a Miguel Quintero para el uso del apartamento. El comunicado concluye con una reafirmación de la postura institucional frente al manejo de los bienes públicos bajo extinción de dominio.