Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Comunidades rurales han denunciado hostigamientos y presiones sistemáticas por parte del Clan del Golfo en su contra, a cambio de recolección de datos personales de caficultores y trabajadores rurales en el norte de Antioquia.

Según información obtenida por Caracol Radio, los líderes sociales de varias poblaciones con vocación cafetera han sido obligados a entregar listados detallados con nombres, números de cédula, teléfonos y hasta fotografías de los propietarios de fincas y sus empleados.

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Estas exigencias, impuesta por los comandantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, ha expuesto a los habitantes a riesgos crecientes y revive prácticas de control territorial, que recuerdan a las implementadas por las extintas Autodefensas (AUC) en la década de los 2000.

La situación se agrava en un contexto donde casi ninguna subregión de Antioquia permanece ajena a la influencia de estos grupos armados. Caracol Radio había reportado recientemente el aumento de restricciones de convivencia en veredas del municipio de Buriticá, en el occidente del departamento, como parte de una estrategia de presión que se extiende a otras zonas rurales.

Las comunidades afectadas advierten que la entrega de información personal no solo vulnera su seguridad, sino que también pone en peligro la producción cafetera, especialmente en una época clave de cosecha.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Caracol Radio, los líderes comunales enfrentan una doble amenaza: si acceden a las demandas del Clan del Golfo, corren el riesgo de ser señalados por las disidencias de las Farc como colaboradores, quedando atrapados en medio de la confrontación entre ambos grupos armados. Uno de los líderes expresó que “ser social es un riesgo que les puede causar la muerte”, enfatizando la gravedad de la estigmatización y la exposición a represalias.

La preocupación se intensifica ante la proximidad de las elecciones presidenciales, ya que, aunque no se ha confirmado que los listados solicitados tengan fines electorales, existe una coyuntura similar a la de años anteriores, cuando la recopilación de datos personales fue utilizada para ejercer control político y territorial. Las comunidades recuerdan que este tipo de prácticas se implementó en el pasado con el objetivo de influir en procesos electorales y consolidar el dominio de los grupos armados sobre la región.

En respuesta a esta problemática, los líderes y lideresas comunitarios han solicitado al gobierno nacional, la fuerza pública y las autoridades civiles locales y departamentales que refuercen las medidas de seguridad y garanticen condiciones para el trabajo rural.

La comunidad insiste en la necesidad de acciones concretas que protejan a quienes se encuentran más expuestos al conflicto, especialmente en el actual periodo de cosecha cafetera. Paralelamente, persisten denuncias sobre la presencia de símbolos y mensajes de grupos armados en las vías principales del departamento.

Usuarios de la carretera Medellín-Ituango, en el tramo entre San Andrés de Cuerquia y el Valle de Toledo, han reportado que una valla instalada por el frente 36 de las Disidencias permanece visible en el sector Los Naranjos desde hace más de dos semanas.

Los habitantes expresan su desconcierto ante la inacción de las autoridades para retirar la estructura, recordando que en ese mismo lugar el grupo ilegal ha colocado artefactos explosivos y que un militar perdió la vida en septiembre pasado.

El reciente despliegue de tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en la vereda El Porvenir, ubicada en el corregimiento de La Danta, municipio de Sonsón, Antioquia, culminó con la neutralización de uno de los principales miembros de la estructura Magdalena Medio del Clan del Golfo.

La operación, que se desarrolló con el apoyo de unidades especializadas de inteligencia militar y en coordinación con personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, permitió a las autoridades asestar un golpe directo a esta organización delictiva.

Durante el enfrentamiento armado, las fuerzas legítimas lograron la muerte en combate de alias 24, quien ejercía funciones como escolta principal del cabecilla conocido como alias Hugo. La acción se produjo a pesar de que, en los momentos posteriores al operativo, la población civil obstaculizó el debido proceso de las autoridades, según informó la institución castrense en un comunicado oficial.

El operativo no solo culminó con la baja de alias 24, sino que también permitió la detención de tres presuntos integrantes adicionales del Clan del Golfo en el mismo lugar de los hechos. La participación conjunta de los equipos de inteligencia militar y del CTI fue determinante para sostener los enfrentamientos y lograr estos resultados.