Petro acata orden de rectificación, pero insiste en sus críticas hacia la Fiscalía y el fiscal Mario Burgos

El presidente Gustavo Petro publicó una extensa declaración en su cuenta oficial, en la que acata la orden judicial que le exigía retractarse por haber llamado “narcofiscal” a Mario Andrés Burgos Patiño, funcionario de la Fiscalía General de la Nación, pero, al mismo tiempo, mantiene y profundiza sus críticas hacia esa entidad y hacia el propio Burgos, a quien volvió a señalar de presuntas omisiones en investigaciones clave.

La retractación fue ordenada por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de tutela con radicado 11001334205420250030100, tras confirmarse en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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La justicia determinó que las declaraciones del presidente vulneraron los derechos fundamentales del fiscal Burgos al buen nombre, honra, dignidad humana e integridad personal, al acusarlo sin pruebas de tener nexos con el narcotráfico y de encubrir responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Cartagena.

El Tribunal enfatizó que la libertad de expresión no es absoluta y que, aunque el presidente tiene un margen amplio para el control político, no puede atribuir conductas delictivas sin sustento probatorio, especialmente cuando tales afirmaciones provienen del jefe de Estado y afectan la credibilidad de la justicia.

En un comunicado dirigido “a la ciudadanía”, el mandatario expresó: “En mi calidad de Presidente de la República de Colombia, y en cumplimiento de la orden judicial emanada del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, manifiesto a la ciudadanía: reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política.”

Petro añadió que sus manifestaciones previas sobre Burgos fueron “juicios de valor y opiniones críticas” emitidas en el marco del debate democrático y el control político propio de su investidura, reiterando su respeto por la independencia judicial como pilar del Estado Social de Derecho.

Sin embargo, el mandatario aprovechó su retractación para cuestionar los límites impuestos a su derecho a dirigirse al país, advirtiendo una contradicción entre las decisiones judiciales que le ordenan rectificar públicamente y la sentencia del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 2025, que restringe sus intervenciones ante la Nación salvo en casos de “urgencias nacionales”.

“Una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar”, escribió. “Surge entonces una tensión institucional profunda: ¿es constitucionalmente proporcional limitar la voz del Presidente de la República cuando el tema en debate es la transparencia de la justicia?”

Petro afirmó que callar bajo la apariencia de prudencia institucional constituye una forma de censura y sostuvo que su deber es hablar con transparencia al pueblo colombiano sobre los asuntos que afectan la confianza ciudadana.

“El Presidente de la República no puede ser reducido al silencio cuando una nación en búsqueda de la paz, de la seguridad, de la verdad y de la igualdad exige comunicación fluida, claridad y rendición de cuentas”, enfatizó.

El jefe de Estado defendió además que durante su gobierno no se ha censurado a la prensa ni limitado la libertad de expresión, destacando que “el debate público fortalece la democracia”.

“El derecho a la palabra presidencial no puede subordinarse al miedo ni al silencio. Su esencia es servir a la verdad, a la justicia y al pueblo que me confió esta responsabilidad”, concluyó.

Poco después de publicar su retractación, Petro volvió a pronunciarse en X y reafirmó su postura crítica contra la Fiscalía y el propio Mario Burgos. En un extenso hilo, el mandatario aseguró que la “junta del narcotráfico” habría cooptado parte de la dirección de la Fiscalía durante la administración del exfiscal general Francisco Barbosa, y denunció que esa red criminal “buscó extorsionarlo a través de su hijo Nicolás Petro”.

“Mi posición sigue siendo la misma: la junta del narcotráfico ha cooptado una parte de la dirección de la Fiscalía en tiempos de Barbosa. Buscaron extorsionarme con mi hijo”, escribió.

Petro también señaló a la exfiscal general Martha Mancera, a quien acusó de estar vinculada con un grupo de fiscales y funcionarios ligados al narcotráfico. Según el presidente, Mancera habría designado a Burgos para dirigir el proceso contra su hijo y este, a su vez, omitió investigar al principal sospechoso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, el uruguayo Sebastián Marset, presunto integrante de lo que Petro denomina “la Junta del Narcotráfico”.

“El fiscal Burgos es muy cercano a la exfiscal Mancera y lo puso al frente del caso de mi hijo. Burgos no investigó al principal sospechoso del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, el señor Marset, integrante de la Junta del Narcotráfico”, afirmó.

El mandatario también denunció que investigadores del CTI que estuvieron vinculados al caso de su hijo han sido capturados por narcotráfico, y que la nueva fiscal encargada del proceso “pertenece a la misma cuerda de Burgos”.

“Cada vez que más denuncio, más procesos se abren contra mi hijo”, escribió, insistiendo en que su familia ha sido víctima de una “persecución judicial orquestada por sectores criminales infiltrados en la justicia”.

Petro cerró su publicación con una advertencia: “La junta del narcotráfico es el principal cartel exportador de cocaína en el mundo y tiene el mercado europeo. Esa junta quiere callarme por cualquier medio.”

La rectificación de Gustavo Petro constituye un precedente inédito en la historia judicial y política de Colombia, pues, es la primera vez que un presidente en ejercicio se retracta públicamente por orden de un juez. Sin embargo, su pronunciamiento no solo no cerró la controversia, sino que la profundizó, al mantener y ampliar las acusaciones contra la Fiscalía General y sus funcionarios.

El presidente reavive en su mensaje el debate sobre los límites entre la libertad de expresión presidencial y el respeto por las decisiones judiciales, en un contexto de creciente tensión institucional entre el Ejecutivo y el ente acusador.

Mientras el Tribunal de Cundinamarca insiste en que el presidente debe actuar con prudencia y respeto al debido proceso, Petro argumenta que su deber es alertar al país sobre posibles irregularidades dentro del sistema judicial, incluso si ello incomoda a otras ramas del poder público.