El ataque armado contra los defensores venezolanos de derechos humanos Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche, ocurrido el lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá, llevó a la ONU Derechos Humanos a exigir al Estado colombiano acciones urgentes para garantizar su protección.
Ambos activistas resultaron heridos tras ser atacados con armas de fuego, y el organismo pidió una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables.
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La ONU Derechos Humanos reiteró su condena al atentado que dejó lesionados tanto a Velásquez, reconocido defensor de los derechos Lgbt+, como a Peche, politólogo, periodista y ciudadano con doble nacionalidad colombiana-venezolana.
“ONU urge al Estado colombiano a garantizar la atención médica necesaria para la recuperación de los dos defensores de derechos humanos venezolanos”.
El organismo instó a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, y así evitar la repetición de hechos similares.
Asimismo, exigió que el Estado colombiano garantice la atención médica integral necesaria para la recuperación de ambos defensores. La ONU subrayó la importancia de brindar una respuesta adecuada a todas las personas forzadas a huir que requieren protección internacional en el país.
Trayectorias marcadas por la defensa de derechos humanos
El caso de Yendri Velásquez refleja los riesgos que enfrentan los activistas venezolanos.
En 2024, fue víctima de detención arbitraria en Venezuela cuando se dirigía a Ginebra, Suiza, para intervenir ante el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial.
Su situación fue documentada por la Oficina de ONU Derechos Humanos en Venezuela y referida en informes del Comité de la ONU, de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y del Secretario General de la ONU sobre represalias (A/HRC/60/62).
Velásquez fundó el Observatorio para la Defensa de los Derechos de Personas Lgbt+ y colabora con Amnistía Internacional Venezuela desde 2016. Desde 2024 tramita su solicitud de refugio ante el Estado colombiano.
Por su parte, Luis Alejandro Peche es defensor de derechos humanos, consultor político, internacionalista y periodista, dedicado a la difusión de información política, económica y social sobre Venezuela. Abandonó su país de origen y llegó a Colombia en mayo de 2025.
Una señal de alerta sobre la protección a refugiados
La ONU Derechos Humanos destacó la magnitud del fenómeno migratorio en Colombia, donde cerca de tres millones de personas han buscado acogida y nuevas oportunidades para rehacer sus vidas.
Para que esta integración sea posible: “es esencial fortalecer los mecanismos de protección, promover el respeto mutuo y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación”.
El atentado del lunes constituye, según la ONU, una señal de alerta que exige al Estado colombiano reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad, la integridad y la labor de quienes defienden los derechos humanos, tanto de origen extranjero como de aquellos forzados a huir de sus países.
Nuevas pistas sobre el atentado
El hallazgo de dos pistolas traumáticas modificadas en un Mazda 626 Matsuri modelo 1995 ha dado un giro clave a la investigación. El vehículo, usado por los sicarios y abandonado en Suba, está registrado a nombre del empresario risaraldense Jhon Jairo R. R., quien también figura como propietario de un local comercial en Dos Quebradas (Risaralda).
Las autoridades verifican si las placas del Mazda son originales o gemeladas y rastrean sus desplazamientos por varias ciudades. Los agresores, que residían en el mismo edificio que las víctimas, fueron grabados huyendo tras dispararles en las piernas y el abdomen.
El CTI y la Policía de Bogotá lideran la investigación, destacando que las armas eran traumáticas modificadas, un detalle inusual en ataques de este tipo.
Fuentes del caso indicaron que se analizan posibles vínculos con el Tren de Aragua y no descartan que el atentado haya sido un mensaje intimidatorio más que un intento de homicidio.
El presidente Gustavo Petro ordenó reforzar la protección a activistas extranjeros, mientras que la opositora venezolana María Corina Machado calificó el ataque como una grave agresión contra la defensa de los derechos humanos en la región.
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