La Procuraduría General solicitó la nulidad absoluta del contrato suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la impresión de pasaportes colombianos.
La demanda, presentada el martes 14 de octubre ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, busca frenar la implementación del modelo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, con el cual la producción de las libretas de pasaporte pasaría a manos del Estado colombiano.
Frente a la acción judicial de la Procuraduría General en contra del contrato de pasaportes, el presidente Gustavo Petro manifestó en su cuenta de X que la nación debe poder decidir sobre la producción y manejo de estos documentos oficiales.
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El presidente Gustavo Petro defendió la capacidad del Estado para asumir la impresión de documentos oficiales y cuestionó que información sensible de la ciudadanía quede bajo control de empresas privadas.
Además, dejó claro su desacuerdo con la posición de la Procuraduría General respecto al contrato de pasaportes.
“El país tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de su ciudadanía, los datos íntimos de la ciudadanía no deben quedar en manos privadas comerciales. Me aparto por completo del procurador en este tema”, afirmó Gustavo Petro en su mensaje con respecto a la demanda de la Procuraduría General de la Nación.
El primer mandatario del país aseguró que el nuevo pasaporte colombiano contará con altos estándares, anticipando que se ubicará entre los mejores a nivel internacional.
“Ya vi el desarrollo del pasaporte y será el cuarto en calidad en el mundo”, concluyó en su publicación de la red social X el presidente de la República, Gustavo Petro.
La senadora Angélica Lozano se refirió a la controversia sobre la expedición de pasaportes, subrayando que las decisiones administrativas no garantizan necesariamente que existan razones sólidas que las respalden.
Además, advirtió que dentro del plazo anunciado no será posible producir pasaportes en la Imprenta Nacional.
“Imponer órdenes administrativas es distinto a tener la razón y fundamento. En el plazo anunciado, no habrá pasaportes fabricados en la @ImprentaNalCol”, señaló la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.
Y es que, la Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad absoluta del contrato estatal de 1,3 billones de pesos suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, alegando que el convenio vulnera los principios fundamentales de la contratación pública.
La demanda presentada el martes 14 de octubre pretende invalidar el contrato suscrito el 28 de julio, mediante el cual se definieron los términos para la elaboración y emisión de pasaportes y visas en Colombia.
En el documento, el Ministerio Público solicita además que la compañía internacional contratada por el Estado reintegre la totalidad de los pagos efectuados.
Según el organismo, se pide: “Ordenar a la empresa extranjera contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio, dado que la nulidad absoluta del mismo implica volver las cosas al estado anterior en la medida de lo posible, en atención a lo dispuesto en los artículos 1746 del Código Civil y 48 de la Ley 80 de 1993”.
El Ministerio Público también solicita que la empresa contratista cancele al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia los intereses de mora máximos permitidos por la legislación vigente sobre los montos adeudados, hasta que se realice el pago completo.
Así lo establece la demanda: “Ordenar a la empresa extranjera contratista a liquidar y pagar en favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia, a partir de la ejecutoria de la sentencia que acoja las pretensiones atrás formuladas, intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley sobre todas las sumas liquidadas y hasta que se produzca el pago efectivo de tales valores”.
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