Daniel Quintero aseguró que ha actuado con honestidad, a pesar de las investigaciones en su contra: “El uribismo corrupto ha intentado sacarme del camino”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero aseguró en declaraciones públicas recientes que ha enfrentado montajes y persecución política por parte del uribismo, atribuyendo a estos sectores intentos reiterados para apartarlo del escenario electoral.

Esta postura fue expuesta por Quintero a través de su cuenta oficial en X y ampliada en entrevista el 29 de septiembre de 2025 con Noticias Caracol.

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Según expresó Quintero, la presión judicial que ha recibido busca obstaculizar su proyección política y, específicamente, sus aspiraciones presidenciales.

“En el caso mío, en Medellín, me hicieron un montón de montajes cuando vieron que estaba creciendo en las encuestas”, afirmó el exalcalde de la capital antioqueña.

El líder político enfatizó que se utilizaron mecanismos judiciales para frenar su avance, relacionándolo con su discurso sobre la necesidad de reformas estructurales en la justicia y la política colombianas.

Durante la conversación con el noticiero, Quintero calificó la situación judicial en Colombia como desigual y afirmó que la justicia no opera de la misma forma para ciudadanos con y sin recursos económicos.

“A mí nadie me puede decir que es la misma justicia para el que tiene plata que para el que no tiene plata en Colombia”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la proliferación de investigaciones en su contra, que alcanzaron un total de 600 procesos entre distintas entidades, obedece a una estrategia coordinada para desafiliarlo de la contienda presidencial.

A preguntas sobre su defensa ante los cargos, el exalcalde explicó que afrontó la mayoría de los procesos sin la representación de abogados y que un alto porcentaje de las investigaciones ya han sido archivadas.

De acuerdo con la entrevista, “al principio eran como 600 procesos que me montaron, porque además no es que son 600 diferentes, sino que el mismo proceso te lo hacen procuraduría, en contraloría, en fiscalía, en personería”. Actualmente, según Quintero, quedan cuatro diligencias activas, las cuales estarían próximas a cerrarse.

El exalcalde argumentó que su independencia política proviene de su trayectoria como empresario y del financiamiento propio de sus campañas electorales.

“Yo he hecho una política honesta, yo vengo de ser empresario, yo he financiado mis propias campañas, y eso me ha dado independencia para poder hacer la política como se debe”, afirmó.

Quintero ha insistido en su proyecto de “resetear” tanto la política como la justicia en Colombia, y reiteró su disposición a continuar su carrera pública.

Su video de la entrevista en Noticias Caracol lo acompañó con un mensaje donde le tiró a la derecha en Colombia: “He hecho la política con honestidad y puedo mirar a mi familia y a los colombianos a los ojos. Porque enfrenté al uribismo corrupto han intentado hacerme montajes y sacarme del camino. Dios me ha protegido y la gente está conmigo”.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, hoy precandidato presidencial por el Pacto Histórico, enfrenta 43 cargos de la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su administración.

Las imputaciones también alcanzan a 36 exfuncionarios y contratistas de su equipo, profundizando la tensión política local y nacional tras menos de dos años desde su salida del cargo.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación abarcan delitos como peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos y prevaricato.

Los procesos involucran a secretarios de despacho, directores de programas y contratistas, quienes habría participado en maniobras irregulares de contratación y administración de recursos públicos.

Entre los episodios más destacados está el caso del programa social Buen Comienzo, que, según la Fiscalía, habría direccionado contratos por casi $22.000 millones a la Corporación Colombia Avanza.

Este mecanismo dejó un presunto detrimento patrimonial de $2.333 millones y llevó a la Procuraduría General a sancionar a la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, con inhabilidad de ocho años.

El caso Aguas Vivas involucra una operación inmobiliaria sobre un lote de 147.000 metros cuadrados. Según la acusación fiscal, se habría intentado beneficiar a privados por más de $42.000 millones mediante la transformación de una cesión gratuita en venta. Quintero figura como principal imputado en este proceso.

Otros expedientes en curso incluyen el Parque de las Aguas, el Inder y el escándalo de las zonas verdes, en los que se investigan contratos interadministrativos, sobrecostos y presunto direccionamiento a empresas vinculadas.

Las autoridades han identificado adjudicaciones irregulares, pérdidas por más de $1.600 millones y extinción de dominio sobre bienes de los implicados, cuyo valor supera los $3.000 millones.

Frente a las acusaciones, Quintero ha denunciado persecución política, asegurando que su aspiración presidencial motiva los señalamientos, y ha prometido impulsar reformas institucionales si resulta electo en 2026.