La Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre bienes valorados en más de 143.746 millones de pesos, presuntamente utilizados por una red criminal para ocultar recursos provenientes del narcotráfico.
Las diligencias se llevaron a cabo en varios municipios de Antioquia, donde se identificó el uso de empresas exportadoras de aguacates como fachada para el lavado de activos.
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De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría enviado toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa, utilizando el comercio exterior de aguacates para dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos.
Los responsables de estas operaciones habrían consolidado un patrimonio ilegal, que intentaron ocultar mediante la adquisición de bienes a nombre de familiares y personas cercanas, con el objetivo de evadir el rastreo de las autoridades.
“Con esta fachada, los señalados articuladores de la operación ilícita habrían consolidado un millonario patrimonio que intentaron ocultar mediante distintas maniobras financieras. Como resultado de la investigación, fueron identificados bienes muebles e inmuebles que aparecían a nombre de familiares y personas cercanas a los señalados integrantes de la red ilegal, con el fin de evadir el rastreo de las autoridades”, detalló José Iván Caro, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio.
El proceso judicial, liderado por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, permitió la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre un total de 46 inmuebles rurales y urbanos, 18 vehículos de alta gama y 3 sociedades comerciales. El valor preliminar de estos activos supera los 143.746 millones de pesos.
La ocupación de los bienes fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades del Ejército Nacional, en procedimientos efectuados en los municipios de Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó.
“Con esta acción, se golpea el músculo financiero de una red que pretendía encubrir los bienes obtenidos ilegalmente, producto del narcotráfico”, añadió José Iván Caro.
Entre los propietarios reales de los activos figuran miembros de una misma familia, algunos de los cuales han sido extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.
Cae red de narcotráfico en Colombia, dos capturados serán extraditados a Estados Unidos
La coordinación entre autoridades colombianas y estadounidenses concluyó el 21 de agosto de 2025 con la captura en Neiva y Coveñas de dos integrantes de una red de narcotráfico requeridos para extradición por Estados Unidos.
La operación fue el resultado de un despliegue conjunto entre la Armada de Colombia, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Las detenciones recayeron sobre Julián David Mosquera Dussan, alias Mosca y exintegrante de la Armada, y Eduardo Martínez Barón, conocido como “Eduardito”. Ambos son señalados de colaborar con organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes. “Mosca” fue ubicado en Neiva mientras cumplía detención domiciliaria, y “Eduardito” en un centro carcelario de Coveñas. Ambos deberán responder ante una Corte Federal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
La investigación determinó que “Mosca” proporcionaba información sensible sobre operaciones navales a redes delictivas, favoreciendo estrategias de infiltración y logística para el tráfico en el Caribe colombiano. “Eduardito” ejercía como coordinador de la distribución de drogas hacia el exterior. Las autoridades ya habían identificado a ambos dentro de la operación “Resplandor”, ejecutada en febrero de 2025, donde documentaron sus funciones dentro de la estructura criminal.
La Armada de Colombia sostuvo que el resultado representa una afectación directa a las capacidades de inteligencia de las redes de narcotráfico y limita los intentos de establecer vínculos ilegales entre el crimen organizado y algunas ramas de las Fuerzas Militares. De esa manera, la institución reiteró su política de resguardar la integridad institucional y combatir la corrupción interna.
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