La mañana del jueves 12 de junio, una fuerte explosión causada por una granada sacudió la autopista Simón Bolívar, una de las principales vías de Buenaventura, dejando al menos una persona herida y generando alarma entre los habitantes de la ciudad puerto.
El hecho se registró hacia las 6:20 a. m., cerca de la Casa de la Cultura, en el barrio Santa Rosa, una zona de alto tránsito vehicular frecuentada por trabajadores y estudiantes.
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Según información preliminar de las autoridades, la persona herida por la onda expansiva fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.
La explosión también causó daños materiales a un taxi, cuyo conductor resultó ileso, pero fue trasladado a un hospital para ser evaluado.
La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, informó que se activó un operativo de seguridad para atender la emergencia, asegurar la zona y recolectar evidencias que permitan identificar a los responsables del atentado.
Este es el segundo ataque con explosivos registrado en Buenaventura en menos de 48 horas, en una escalada violenta que ya ha dejado 26 atentados en el Valle del Cauca en lo corrido del año.
Apenas doce horas antes del incidente, el Palacio Nacional de Buenaventura tuvo que ser evacuado por una alarma de bomba, que finalmente resultó ser una falsa alarma.
El hallazgo de un maletín sospechoso obligó a evacuar las oficinas de la Registraduría y varios juzgados, intensificando la sensación de inseguridad entre la población.
El nuevo atentado ocurre en medio de un clima de creciente violencia que azota no solo a Buenaventura, sino también a otras regiones del suroccidente colombiano.
Municipios como Jamundí, Argelia y Santander de Quilichao también han sido escenario de ataques armados en las últimas semanas, configurando un panorama de ofensiva coordinada por parte de grupos armados ilegales.
Las autoridades han atribuido estos hechos a organizaciones criminales que buscan debilitar el control institucional en zonas estratégicas del país.
Aunque no se ha confirmado oficialmente la autoría del atentado en Buenaventura, los entes de seguridad no descartan la participación de bandas criminales que operan en la región.
En total, según reportes de El Heraldo, se han registrado al menos 24 atentados en los últimos días solo en esta zona del país, lo que refuerza la hipótesis de una ofensiva estructurada.
La detonación del explosivo también coincide con la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Cali, capital del Valle del Cauca, donde firmó un decreto para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral.
El acto, realizado en la Plazoleta de San Francisco, estuvo rodeado de estrictas medidas de seguridad ante la creciente violencia en la región. Observadores han interpretado la visita como un intento del Gobierno Nacional por reafirmar el control del Estado frente al accionar de los grupos armados.
Ante la grave situación de orden público, las autoridades han implementado medidas extraordinarias. En Cali se estableció ley seca y se ordenó el cierre temporal de comercios en sectores vulnerables.
Además, se reforzó la presencia policial con el despliegue de 100 nuevos uniformados. A estas acciones se suma la creación de un bloque de búsqueda especializado, anunciado por el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Triana.
Este bloque estará liderado por un coronel y compuesto por expertos en inteligencia, investigación criminal y operaciones urbanas.
Su objetivo es enfrentar a las más de 75 estructuras delictivas que operan en Cali y otros municipios del departamento. La estrategia contempla también el fortalecimiento del mando institucional con el envío de 14 nuevos tenientes coroneles y la incorporación de 760 nuevos policías recién graduados.
Asimismo, en respuesta a la crisis de seguridad en Jamundí, se ordenó el envío de una comisión permanente de inteligencia integrada por agentes de la Dijín y el Gaula.
Mientras las investigaciones avanzan, la población de Buenaventura sigue sumida en un clima de temor e incertidumbre.
La constante presencia de grupos ilegales, sumada a la debilidad institucional en algunos sectores del puerto, ha hecho que los habitantes vivan bajo una amenaza constante, pese a los esfuerzos de las autoridades por restaurar la seguridad y la confianza.
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