En una nueva alerta sobre la crisis humanitaria y de orden público en el Catatumbo, la E.S.E. Regional Noroccidental anunció la suspensión de los traslados de pacientes hacia el hospital Emiro Quintero Cañizares, ubicado en Ocaña.
La decisión, informada mediante un comunicado, obedeció a amenazas proferidas por actores armados ilegales.
“Debido a las órdenes impartidas por los infractores y las graves amenazas directas proferidas contra la integridad y la vida de nuestro personal de salud el día de ayer, 07 de junio de 2025, mientras se encontraban en el ejercicio de sus funciones”, indicó la entidad.
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De acuerdo con la información que publicó Caracol Radio, los traslados desde Convención y el corregimiento San Pablo quedaron cancelados hasta nuevo aviso.
La gerencia de la institución señaló que no reactivará las remisiones desde estas IPS hasta que se garanticen condiciones plenas de seguridad.
La situación ha agravado un problema estructural en la región: la falta de personal médico dispuesto a trabajar en zonas de riesgo. La E.S.E. confirmó que varios integrantes de la misión médica manifestaron su decisión de abandonar la subregión.
“Para la subregión del Catatumbo representa un desafío constante atraer y retener al personal de salud necesario para atender a la comunidad”, expresó la institución en el documento.
Guerra entre el ELN y disidencias de las Farc agudizó la crisis humanitaria en el Catatumbo
En el Catatumbo, la violencia no dio tregua. La disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc dejó un saldo de al menos 135 personas asesinadas en los primeros cinco meses de 2025.
La región, que se encuentra ubicada entre Colombia y Venezuela, soportó una escalada de enfrentamientos que provocó desplazamientos masivos, confinamientos forzados y un recrudecimiento de la crisis humanitaria.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 67.800 personas abandonaron sus hogares mientras otras 12.913 permanecieron confinadas. Las comunidades más afectadas fueron las de Tibú, El Tarra, Hacarí, Convención, Teorama y Sardinata, donde los grupos armados ejercieron control territorial, impusieron restricciones de movilidad y sembraron el miedo entre la población civil.
Los choques más recientes ocurrieron entre El Tarra y Tibú. Habitantes de la zona reportaron que murieron más de diez combatientes de ambas facciones, aunque las autoridades aún no ofrecieron información oficial.
“Tras los enfrentamientos recientes, los cuerpos de las víctimas fueron recogidos por integrantes de las mismas organizaciones armadas”, señalaron voceros comunitarios, lo que complicó la verificación de cifras.
En estos territorios, líderes sociales, niños, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas quedaron atrapados en el fuego cruzado. Muchos perdieron la vida o debieron desplazarse para salvarse. En algunos municipios, los actores ilegales impusieron un régimen de facto, impidiendo el tránsito de personas y limitando el acceso a bienes esenciales.
La ausencia del Estado también profundizó la sensación de abandono. A pesar de las advertencias constantes de organizaciones sociales y organismos internacionales, el gobierno no logró implementar una presencia institucional sostenida ni ejecutar medidas de protección efectivas.
“El Catatumbo sigue siendo uno de los epicentros más críticos del conflicto armado en Colombia”, advirtieron colectivos humanitarios en redes sociales.
También insistieron en la urgencia de activar estrategias que garanticen derechos básicos: justicia, educación, salud y participación ciudadana.
Esta guerra responde a mucho más que simples rivalidades entre grupos armados. En el fondo, se disputa un territorio con un valor estratégico inigualable, tanto por sus condiciones geográficas como por su rol clave en economías ilegales que incluyen narcotráfico, minería ilícita, extorsión y lavado de dinero.
Desde enero de 2025, la región ha enfrentado una ola de violencia que, según cifras oficiales, ha dejado más de 130 personas asesinadas y decenas de miles de desplazados y confinados.
Aunque en los últimos meses algunos desplazados han comenzado a regresar, el conflicto sigue activo, especialmente en el municipio de Tibú, donde los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias continúan.
Las nuevas tecnologías, como el uso de drones cargados con explosivos, han agravado aún más el impacto sobre la población civil, como lo demostró la muerte de un niño de 12 años en mayo.
La crisis ha forzado a cientos de personas a cruzar diariamente la frontera hacia el estado Zulia, en Venezuela, huyendo de la violencia y la falta de atención del Estado colombiano.
En el terreno, el miedo domina: líderes comunitarios, docentes, comerciantes y campesinos consultados por medios y organizaciones humanitarias coinciden en que la situación podría empeorar, en parte por la ambición del ELN de convertirse en el único grupo armado con dominio sobre el territorio.
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