Irregularidades detectadas en el proceso de selección de interventoría para validar los pagos de reclamaciones a las IPS, llevaron a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a suspender el proceso por recomendación de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con indagaciones hechas por el Ministerio Público, la Adres al parecer, presentó inconsistencias en el proceso de selección que llevaron al ente de control a crear las alertas debidas.
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Para la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la entidad no tuvo en cuenta dentro del proceso, los factores de ponderación y verificación del ofrecimiento económico.
También se hallaron inconsistencias en la publicación de documentos en la plataforma de Secop y falta de claridad en la información de empresas oferentes.
Ante los hechos, el Ministerio Público ordenó a la entidad a suspender los trámites de contratación hasta tanto no aclaren las dudas y respondan las inquietudes sobre el estado actual del procedimiento de selección, la publicación del informe definitivo de evaluación de los proponentes y el manual de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso de selección de referencia.
Así las cosas, la entidad en cuestión, recogiendo las advertencias hechas por el ente de control sobre los riesgos que corre el proceso, decidió suspender la licitación del concurso de méritos abierto, cuyo objeto es “Realizar la interventoría integral técnica, administrativa, jurídica, médica y financiera a los contratos de Auditoría de cuentas médicas en las zonas del país delimitadas por la ADRES”.
“Adres está al día con giro de UPC a EPS; no se puede suspender el servicio”: Contraloría
La Contraloría General de la República entregó los primeros hallazgos de las auditorías que realizó a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y las inconformidades de los usuarios en relación con la prestación de los servicios de salud.
El ente de control fiscal indicó que la Adres está al día y viene realizando con regularidad los giros de la UPC a las EPS y a las IPS en casos de giro directo, de tal manera que “no hay riesgo de iliquidez en el sistema y no puede haber suspensión en el servicio por parte de las EPS”.
En las auditorías, la Contraloría encontró que entre 2018 y 2022, se recibieron 4.436.032 peticiones, quejas, reclamos y denuncias, de las cuales 1.690.128 (el 38%) fueron por “riesgo de vida”, es decir que el paciente se encontró en una situación en que su vida o integridad estaba en peligro si no recibía atención médica inmediata.
Adicionalmente, la Contraloría revisó los informes de la Defensoría del Pueblo que consolidan las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados, reclamando el derecho a la salud: se reportaron 483.866 peticiones.
Las reclamaciones más frecuentes de los usuarios fueron: la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguida de retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.
La conclusión del análisis de la Contraloría es que las deficiencias en la prestación de los servicios de salud pueden causar sanciones económicas a las EPS, y estas a su vez han usado indebidamente los recursos del sistema de salud para superarlas, generando así daño patrimonial al Estado e impactando negativamente la atención y, por ende, la calidad de vida de los usuarios.
Por lo anterior, sugirió que las entidades de vigilancia y control fortalezcan aceleradamente el seguimiento a la capacidad gerencial de las EPS, tanto para el cumplimiento de la normatividad, la calidad y oportunidad en prestación de servicios y la administración del flujo de recursos establecido por el sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud.
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