El proceso judicial que enfrenta el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado podría obligarlo a pagar de su propio patrimonio una suma de $1.674 millones como indemnización a la Procuraduría General de la Nación, según reveló Semana.
Esta demanda de reparación, inédita en la historia reciente del país, surge tras la anulación de la sanción disciplinaria que Ordóñez impuso en 2010 a la fallecida dirigente política Piedad Córdoba, y pone en juego no solo una cifra millonaria, sino la responsabilidad personal del exprocurador por sus decisiones al frente del ente de control.
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En una audiencia celebrada el 12 de noviembre en el Consejo de Estado, quedó claro que ni la Procuraduría ni Ordóñez están dispuestos a conciliar.
El acta recoge la declaración del despacho: “Después de interrogar a las partes, el despacho, ante la falta de ánimo conciliatorio, declara fallida esta etapa”.
De este modo, la disputa continuará en los estrados judiciales, sin posibilidad de un acuerdo extrajudicial que cierre el caso de manera anticipada.
La defensa de Ordóñez, encabezada por la exmagistrada y exministra de Justicia Ruth Stella Correa, manifestó su intención de agotar todas las instancias legales, argumentando que las decisiones tomadas se basaron en pruebas incautadas por las autoridades colombianas que, según su criterio, vinculaban a Córdoba con la guerrilla de las Farc.
El caso cobró nuevo impulso después de cuatro años de inactividad, cuando el Consejo de Estado envió en solo dos días cinco oficios a entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Banco Popular y el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá, con el objetivo de recaudar pruebas fundamentales para tomar una decisión definitiva en el primer semestre del año 2026.
Entre los documentos solicitados, destaca la constancia de los $1.435 millones que la Procuraduría consignó el 27 de diciembre de 2017 a la familia de Piedad Córdoba, suma que el ente de control busca recuperar y que, de prosperar la demanda, saldría directamente del bolsillo de Ordóñez.
La raíz del conflicto se encuentra en la sanción disciplinaria que, en 2010, expulsó a Piedad Córdoba del Congreso y la inhabilitó por 18 años, bajo la acusación de haber excedido sus funciones como congresista y delegada para la liberación de secuestrados, estableciendo lazos con las Farc, en la que era conocida como Teodora de Bolívar.
La decisión de Ordóñez se apoyó, entre otros elementos, en la aparición del nombre completo de Córdoba en los computadores incautados durante la operación Fénix, en la que fue abatido el comandante guerrillero Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, el primero de marzo de 2008 en la frontera con Ecuador.
Según la información extraída de estos dispositivos, Córdoba habría asesorado a la guerrilla para enviar videos de secuestrados como pruebas de supervivencia y así presionar un intercambio humanitario. Entre los secuestrados figuraba Ingrid Betancourt, de quien, según los archivos, se solicitó retrasar la liberación y evitar la difusión de imágenes encadenada para no dañar la imagen de las Farc.
No obstante, el Consejo de Estado anuló la sanción al considerar que la Procuraduría basó su decisión en “conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario”. El fallo judicial ordenó además el pago inmediato de los salarios y prestaciones que Córdoba dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010 y el 19 de julio de 2014.
La demanda de reparación presentada por la Procuraduría solicita que se declare a Alejandro Ordóñez Maldonado responsable por culpa grave en su actuación, al haber expedido los fallos disciplinarios que impusieron la destitución e inhabilidad general a Córdoba. Por ello, pide que se le condene a pagar a favor de la Procuraduría $1.674 millones “con la respectiva indexación e intereses”.
Para fundamentar su decisión, el magistrado ponente Alberto Montaña Plata solicitó información adicional sobre otros procesos penales relacionados con los hallazgos en los computadores de Raúl Reyes.
A la Corte Suprema de Justicia se le pidió una certificación sobre la investigación contra la exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, mientras que a la Fiscalía y al Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá se les requirió información sobre el expediente contra el sociólogo y profesor universitario Miguel Ángel Beltrán Villegas, también vinculado a las Farc según los mismos dispositivos electrónicos.
El Consejo de Estado deberá entregar el expediente completo sobre la discusión y el fallo, firmado el 9 de agosto de 2016, que anuló la sanción disciplinaria contra Córdoba.
Aunque en 2021 el caso parecía listo para fallo, una anotación de la representante de Ordóñez indicó que aún faltaban etapas procesales, pero la decisión final se encuentra próxima.
Ordóñez reiteró que la evidencia es contundente y que Piedad Córdoba mantenía comunicación constante con los comandantes del secretariado de las Farc.
La defensa sostiene que aceptar una conciliación equivaldría a reconocer responsabilidad, por lo que ha rechazado cualquier acuerdo. La Procuraduría, por su parte, insiste en que el exprocurador debe responder patrimonialmente por la millonaria suma desembolsada tras la anulación de la sanción.
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