La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Óscar Obeso Hernández, exfuncionario de la Procuraduría seccional Barranquilla, por haber ejercido presunta presión para el traslado del empresario Emilio Tapia, quien estuvo involucrado en los casos de corrupción como el carrusel de la contratación, al Batallón Militar Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo, Atlántico.

Obeso Hernández habría amenazado con la suspensión al comandante del Batallón de Ingenieros de Combate Vergara y Velasco si no se cumplía con un fallo de tutela que ordenaba recibir en las instalaciones militares a Tapia.

En un documento publicado por Blu Radio, la Procuraduría le atribuye al exfuncionario actuar en motu proprio, extralimitación de funciones y posible abuso de la función pública. Obeso, quien ya había presentado su renuncia en julio, enfrentará este proceso en calidad de exfuncionario.

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“Formular pielgo de cargos en contra el servidor Oscar Guillermo Obeso Hernández (...) en su condición de profesional universitario grado 17, adscrito a la procuraría provincial de instrucción Barranquilla” , se puede leer en el documento publicado en el medio.

Durante la investigación, se descubrió que Obeso Hernández se encontraba en labores como profesional universitario para la fecha en la que fue asignado el estudio del caso. Por otro lado, la instancia acusadora determinó archivar el proceso contra Jorge Antonio Vásquez al considerar que su subalterno actuó a espaldas de él, además, no se encontraron evidencias que comprometan a Vásquez en los hechos.

Emilio Tapia permanecerá recluido en la cárcel de Barranquilla después de su disputa con el Inpec y el Batallón de Malambo. La controversia surgió alrededor del lugar de reclusión para el involucrado en el escándalo contrato del Ministerio de las TIC con Centros Poblados, será mantenido bajo custodia en la cárcel El Bosque de la capital del Atlántico.

Tapia había cuestionado las condiciones de su reclusión, pidiendo ser trasladado del Batallón de Artillería, argumentando razones de seguridad y salud. Tras evaluación, las autoridades competentes confirmaron que Tapia deberá cumplir su condena en las instalaciones carcelarias actuales, decisión respaldada por garantías procesales y normativas institucionales.

La defensa de Emilio Tapia había interpuesto un recurso de habeas corpus en busca de un cambio en la medida de reclusión, alegando un presunto riesgo para su integridad física y emocional. Sin embargo, este recurso fue desestimado, prevaleciendo la determinación del Inpec, entidad encargada de la administración penitenciaria en el país.

El caso Centros Poblados, el polémico contrato del Ministerio de la TIC, se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más controversiales en la historia del país, con Tapia como uno de los principales implicados según la Fiscalía General de la Nación por “su presunta participación en distintos actos de corrupción identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas”, en tres procesos es señalado de “quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos”.

“Dos de los eventos que se le atribuyen al procesado están relacionados con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal ‘Centros Poblados’, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales”, indicó el ente de acusación.

Además, añadió que el empresario oriundo del municipio de Sahagún del departamento de Córdoba, Emilio Tapia, “conoció de la obtención de pólizas falsas para respaldar ante el Ministerio de las TIC la seriedad de la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos, por concepto de anticipo”.