La Unidad para las Víctimas y el pueblo raizal inician la ruta para concertar el Plan de Reparación Integral, exponiendo los tres daños colectivos causados por el conflicto armado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El reconocimiento, ocurrido el jueves 14 de diciembre de 2023, posiciona al pueblo raizal como víctima del conflicto armado y Sujeto de Reparación Colectiva, marcando un hito a favor de los pueblos étnicos cuya pervivencia se ha visto afectada por los estragos de la guerra.
Desde Providencia, Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, liderará la notificación al pueblo raizal, presentando la resolución 2023-111763 del 29 de noviembre, que detalla los daños que debilitaron su proyecto colectivo. Este reconocimiento histórico brinda la oportunidad de reparar y garantizar los derechos colectivos a la autonomía, la integridad cultural y al maritorio y territorio, que fueron vulnerados.
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El proceso, resultado de un año de trabajo en colaboración con la población víctima raizal, se enmarca en una estrategia de intervención integral. Durante 2023, la Unidad realizó diálogos comunitarios para fortalecer la organización y reconstruir la confianza en la institucionalidad.
En estos encuentros, el pueblo raizal compartió la historia detrás de la llegada del narcotráfico a las islas en la década de 1980, las disputas territoriales y la instrumentalización que han sufrido sus navegantes y pescadores.
A pesar de múltiples testimonios, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y diversos informes sobre la violencia contra esta población declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el pueblo raizal ha padecido las consecuencias del conflicto sin la atención adecuada del Estado.
Consciente de esto, la Unidad emprendió el proceso, incluyendo actividades de memoria y reivindicación con los pobladores ancestrales de las islas caribeñas. Siguiendo la instrucción del Gobierno Nacional, la Unidad busca garantizar los derechos de los pueblos étnicos, respaldados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto Ley Étnico 4635 de 2011, enfocado en víctimas negras, afros, raizales y palenqueras.
La resolución 2023-111763 del 29 de noviembre incluye en el Registro Único de Víctimas a la comunidad raizal y establece daños directos e indirectos al derecho a la autonomía, afectando su ejercicio político y de gobierno propio. También señala daños al derecho a la integridad cultural, evidenciando la pérdida de identidad debido a hechos de violencia, narcotráfico, desarrollo turístico y sobrepoblación.
El derecho al territorio y maritorio también se vio afectado, especialmente por las dinámicas de violencia derivadas del narcotráfico, provocando la reconfiguración del maritorio y cambios en los significados y usos culturales. Entre los daños individuales con efectos colectivos, la resolución enumera desaparición forzada, homicidio, delitos contra la libertad e integridad sexual, entre otros.
El reconocimiento de la Unidad evidencia que la colombianización es el punto de partida de las vulneraciones, un proceso de modernización impuesto para homogeneizar la cultura regional y asimilar la identidad nacional: la lengua española, la llegada libre de familias continentales y la educación a cargo de la Iglesia católica fueron expresiones de este fenómeno instaurado con la ley 52 de 1912 que creó la intendencia nacional de San Andrés y Providencia.
La directora de la Unidad para las Víctimas destaca la exigencia histórica del pueblo raizal al Estado colombiano para superar el racismo institucional y reconocer sus derechos. “Cambiamos para servir” es el lema de la Unidad, comprometida con la implementación de una política que contribuya a superar los rezagos, brinde una reparación transformadora y permita a las víctimas del conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
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