Los desafíos del nuevo gobierno interino de Nepal tras las protestas

La reciente caída del gobierno de K.P. Oli en Nepal, seguida de una ola de protestas juveniles y violencia inédita, dio lugar a una nueva etapa política con la designación de Sushila Karki, exjueza del Tribunal Supremo, como primera ministra interina. Este cambio, que marca el inicio de un gobierno transitorio, enfrenta desafíos de enorme magnitud en un país atravesado por la desconfianza ciudadana y la presión de una generación joven que exige reformas profundas, según International Crisis Group.

El estallido social que precipitó la renuncia de Oli tuvo su epicentro en Katmandú y otras grandes ciudades, donde miles de jóvenes de la “Generación Z” salieron a las calles el 8 de septiembre para denunciar la corrupción política y el abuso de poder. La represión estatal provocó la muerte de 21 manifestantes, de los cuales 14 eran menores de 28 años, y desencadenó una escalada de violencia que incluyó ataques a residencias de líderes políticos, incendios en edificios gubernamentales y agresiones a figuras como el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y la entonces ministra de Exteriores, Arzu Rana Deuba. En total, murieron 73 personas en dos días, miles resultaron heridas y el caos permitió la fuga de presos de todo el país. El ejército impuso un toque de queda para restablecer el orden, mientras comenzaba una reconfiguración política de emergencia.

En este contexto de crisis, la formación del gobierno interino fue consecuencia de intensas negociaciones entre el presidente Ram Chandra Paudel, el jefe del ejército Ashok Raj Sigdel y representantes de los manifestantes. La ausencia de líderes claros entre los jóvenes y la falta de demandas unificadas dificultaron el proceso, pero la presión social y la amenaza de un vacío de poder aceleraron la búsqueda de una figura de consenso. Sushila Karki, reconocida por su postura contra la corrupción y su respaldo a las protestas, surgió como candidata luego de una consulta virtual a través de la plataforma Discord, en la que participaron cerca de 8.000 activistas. Karki alcanzó el 50% de los votos y, tras aceptar el compromiso, fue nombrada primera ministra interina el 12 de septiembre, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en Nepal. Su primera medida fue disolver la cámara baja del parlamento y convocar elecciones para el 5 de marzo de 2026, aunque persisten dudas legales sobre la constitucionalidad tanto de su nombramiento como de la disolución parlamentaria, como indica International Crisis Group.

El nuevo gobierno enfrenta retos inmediatos de gran envergadura. Entre sus prioridades están la restauración de las funciones estatales, dañadas por los disturbios y la destrucción de registros y sistemas ministeriales, y la organización de elecciones creíbles en un contexto de alta tensión. El costo estimado de las reparaciones es de USD 21.200 millones, lo que representa la mitad del PIB nacional, situación que ha forzado la adopción de medidas de austeridad. Además, la administración de Karki debe impedir nuevos estallidos de violencia a lo largo del proceso electoral y sortear la resistencia de los partidos tradicionales, que podrían presentar impugnaciones legales para retrasar los comicios y debilitar la legitimidad del gobierno interino.

A estos retos se suman importantes obstáculos legales y políticos. Ocho de los principales partidos, incluidas formaciones como el Congreso Nepalí, los Comunistas Unificados Marxista-Leninistas y los Maoístas, han rechazado la disolución del parlamento y cuestionan la base constitucional de la designación de Karki. La presión de grupos monárquicos, que buscan restaurar la figura del exrey Gyanendra Shah, introduce un factor de inestabilidad, mientras la polarización social y la posible infiltración de estos sectores en las protestas mantienen en alerta a las autoridades. La propia Karki denunció la “destrucción sistemática de instituciones sensibles y esenciales del gobierno”, aunque no atribuyó responsabilidades directas a ningún grupo, según recoge International Crisis Group.

La sociedad nepalí, especialmente su juventud, mantiene expectativas elevadas respecto al nuevo gobierno. Los manifestantes reclaman reformas estructurales, el fin de la corrupción y una mayor representación de sectores tradicionalmente excluidos. La presión para investigar la represión de septiembre y sancionar a los responsables es intensa, aunque ex primeros ministros como Dahal, Deuba y Oli advierten que tales investigaciones podrían agravar la animadversión hacia los partidos. De manera paralela, la popularidad de figuras independientes como el alcalde de Katmandú, Balen Shah, y la exministra Sumana Shrestha, ambos ajenos a la “Generación Z” pero con fuerte respaldo juvenil, insinúa que el próximo ciclo electoral podría permitir el surgimiento de nuevas figuras políticas.

Las redes sociales han tenido un papel determinante tanto en la difusión de denuncias de corrupción como en la organización de las protestas. La decisión del gobierno de Oli de prohibir 26 aplicaciones, en un país donde más de la mitad de la población es menor de 30 años, y casi el 50% utiliza estas plataformas, se percibió como un intento de silenciar la disidencia y privó a muchos jóvenes de una fuente de ingresos. Esta medida, combinada con la escasez de oportunidades laborales y la emigración masiva de jóvenes, alimentó el descontento y la movilización.

En los próximos meses, la estabilidad de Nepal dependerá de la capacidad del gobierno interino para cumplir el calendario electoral, investigar los hechos de septiembre y asegurar un proceso transparente. La vigilancia de la sociedad civil y la presión de los jóvenes serán claves para que la transición siente las bases de un sistema político más limpio y representativo, tal como concluye International Crisis Group.