Escocia ante el desafío de la reforma agraria: ¿de quién es esa tierra?

El paisaje de Escocia, con sus vastos campos y majestuosos castillos, esconde un antiguo conflicto sobre la propiedad de la tierra.

En un país donde más de la mitad del territorio pertenece a un reducido grupo de grandes propietarios, el Parlamento escocés debate un nuevo proyecto de ley de reforma agraria que busca redistribuir el acceso a la tierra.

Como menciona The New York Times, el caso de Taymouth Castle, en las Highlands, ha reavivado esta discusión, enfrentando a comunidades locales con desarrolladores privados y despertando un debate histórico sobre la concentración de la tierra y sus consecuencias para el futuro del país.

Taymouth Castle, una imponente construcción de estilo neogótico situada en la región de Loch Tay, simboliza la opulencia de la antigua aristocracia escocesa.

Construido en el siglo XIX por el poderoso clan Campbell, el castillo cambió de manos en 1922 cuando la familia, acorralada por deudas de juego, se vio obligada a venderlo.

Desde entonces, ha pasado por diversas etapas: hotel de lujo, hospital durante la Segunda Guerra Mundial, centro de entrenamiento para la preparación de conflictos nucleares y, finalmente, una escuela de teatro.

Durante décadas, múltiples intentos de restauración fracasaron y la propiedad quedó en un estado de deterioro.

Sin embargo, gracias a la Ley de Reforma Agraria de 2003, que garantiza el derecho de circulación por las tierras escocesas, locales y turistas seguían teniendo acceso a los terrenos del castillo, beneficiando al turismo en la cercana aldea de Kenmore.

La situación cambió en 2018, cuando Discovery Land Company, una firma inmobiliaria estadounidense, adquirió la propiedad con un ambicioso plan de restauración.

Con una inversión de 380 millones de dólares, la compañía pretende transformar el castillo en el centro de un exclusivo complejo residencial con campo de golf, restringido a propietarios adinerados.

La compra de varios negocios locales, incluido el histórico Kenmore Hotel y la tienda del pueblo, avivó la preocupación de la comunidad, que teme un impacto negativo en el medioambiente, un aumento de los precios de la vivienda y, sobre todo, la posible restricción del acceso público a las tierras.

El descontento cristalizó en una petición de la organización Protect Loch Tay, que reunió más de 160.000 firmas contra el proyecto.

“Hay una sensación de que los activos locales están siendo absorbidos por la visión de la empresa, y eso no necesariamente funciona para la sostenibilidad a largo plazo de la comunidad”, advirtió Mark Ruskell, parlamentario escocés por la región de Loch Tay.

Por su parte, Discovery Land Company se comprometió a respetar la Ley de Reforma Agraria y aseguró que el proyecto generará 200 empleos en la zona, además de mejorar la infraestructura local. A pesar de estas promesas, el temor a perder el control comunitario sobre el territorio sigue latente.

El caso de Taymouth Castle es solo un reflejo de un problema más amplio en Escocia: la extrema concentración de la tierra en pocas manos. Según datos oficiales, las propiedades de más de 1.000 hectáreas representan más del 50% de la superficie del país, mientras que solo el 11% es de propiedad pública o gestionada por la Corona escocesa.

Este patrón de tenencia es uno de los más desiguales del mundo. Según el investigador Andy Wightman, exparlamentario y especialista en propiedad de tierras, 421 propietarios privados controlan la mitad de la tierra rural de Escocia.

La falta de regulación permite que grandes extensiones sean adquiridas sin restricciones, a menudo por inversores extranjeros que buscan beneficios fiscales o créditos de carbono.

Entre ellos destaca el multimillonario danés Anders Povlsen, el mayor terrateniente privado de Escocia, con más de 200.000 acres (81.00 hectáreas) en su haber.

Entre 2020 y 2022, el precio de la tierra rural se disparó hasta un 58% en algunas zonas, dificultando el acceso a la propiedad para agricultores y comunidades locales.

“No tenemos un verdadero control sobre quién compra tierras en Escocia ni sobre qué hacen con ellas”, alertó Josh Doble, de la organización Community Land Scotland, que promueve la adquisición de tierras por parte de comunidades locales.

La desigualdad en la propiedad de la tierra en Escocia tiene orígenes que se remontan a siglos atrás. Durante los Highland Clearances, un proceso que comenzó en el siglo XVIII, miles de agricultores fueron expulsados de sus tierras por grandes terratenientes en busca de mayor rentabilidad.

Estos desplazamientos destruyeron comunidades enteras, marcando el inicio de un sistema de propiedad altamente concentrado.

Aunque a lo largo de los años se implementaron ciertas reformas, Escocia solo abolió su sistema feudal de tenencia en el año 2000.

A diferencia de países como Francia o Irlanda, donde se produjeron procesos revolucionarios que redistribuyeron la tierra, Escocia ha mantenido un modelo en el que el poder sigue en manos de pocos.

“En muchos sentidos, el sistema actual es una versión moderna del siglo XIX, solo que ahora en lugar de aristócratas, los dueños son corporaciones”, señaló Mark Ruskell.

Ante esta situación, el Parlamento escocés debate un nuevo proyecto de ley de reforma agraria con el objetivo de redistribuir la propiedad y fortalecer el control comunitario sobre la tierra. La propuesta contempla:

• La posibilidad de dividir grandes propiedades de más de 1.000 hectáreas cuando se pongan a la venta, permitiendo su adquisición por comunidades locales y pequeños agricultores.
• Un mayor poder para los arrendatarios rurales y pequeños propietarios.
• La obligación de que los grandes propietarios consulten a las comunidades locales sobre el uso de la tierra.

El gobierno escocés sostiene que la actual concentración está causando un daño prolongado a las comunidades rurales, generando una crisis de vivienda, disminución de la población y una caída en los ingresos de los habitantes locales.

Las posturas frente a la reforma son variadas. Sus defensores argumentan que la medida es fundamental para equilibrar el acceso a la tierra y fortalecer la sostenibilidad de las comunidades rurales.

Por otro lado, sus detractores, en su mayoría representantes de grandes propietarios, advierten que la iniciativa desincentivará la inversión en el campo y afectará a los agricultores de gran escala.

Sarah-Jane Laing, directora ejecutiva de Scottish Land & Estates, sostiene que el gobierno se enfoca demasiado en la historia y no en la realidad actual. “En realidad, no importa quién posee la tierra, sino lo que hacen con ella”, afirmó.

Mientras tanto, en Kenmore, las opiniones están divididas. Algunos vecinos valoran la restauración de Taymouth Castle y la inversión en la zona. “¿Qué prefieres? ¿Un castillo en ruinas o alguien que haga algo al respecto?”, expresó Shirley Shearer, dueña de un negocio local.

Otros, en cambio, consideran que el precio a pagar es demasiado alto. Chris Heasman, activista y residente de la zona, cuestionó: “La mayoría de la gente nunca podrá disfrutar del castillo ni siquiera verlo”.

Sea cual sea el resultado del actual debate, los expertos coinciden en que la reforma agraria en Escocia será un proceso lento y progresivo. “Probablemente necesitemos otra ley en diez años para dar el siguiente paso”, concluyó Ruskell.

La cuestión de fondo sigue abierta: ¿quién debe poseer la tierra en Escocia y con qué propósito? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro del país y el equilibrio entre inversión privada, conservación del patrimonio y el derecho de las comunidades a habitar y gestionar su propio territorio.