A ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llamó a diversas instituciones de gobierno a hacer pública la información solicitada sobre el caso.
Y es que de 2014 (año de la desaparición) a 2022, el INAI ha recibido un total mil 508 solicitudes de información referentes al caso, mismo que no ha sido esclarecido por las autoridades, es por ello que el instituto llamó a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo de la Judicatura Federal y la Policía Federal a entregar la información solicitada por la ciudadanía.
Entre los argumentos manifestados por la institución está el del derecho de la sociedad y en particular de las familias de las víctimas de contar con información para vigilar él actuar de las autoridades en las averiguaciones del Caso.
Dentro de las solicitudes registradas, se ha requerido de la versión pública de la averiguación previa del caso, las acciones emprendidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), diligencias, declaraciones de los involucrados, operativos, peritajes, informes o partes militares del 27 Batallón de Infantería, bitácoras, fotografías y registros, entre otros documentos.
De acuerdo con los registros del INAI, las instituciones que acumulan mayor número de solicitudes son la FGR (556) —antes Procuraduría General de la República—, Sedena (117), Segob (131), la CNDH (72), el Consejo de la Judicatura Federal y la Policía Federal (con 53 cada una).
Cabe señalar que en fechas recientes, es decir, en febrero de 2022, el INAI instruyó a la FGR entregar versión pública de la averiguación previa del caso, actualizada, con la totalidad de actuaciones llevadas a cabo.
Entre otra información que el Pleno ha instruido entregar se encuentran: las declaraciones de los militares involucrados en los hechos; los documentos que dan cuenta de las actividades del personal militar del 27 Batallón de Infantería en días previos y posteriores a la desaparición de los 43 normalistas; fotografías y registros tomados a los estudiantes por el Ejército.
También se pidió la entrega de las bitácoras e informes de elementos de la Sedena y la PF sobre el suceso; las videograbaciones de los vehículos que transitaron por la caseta de cobro de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre, y los documentos que den cuenta de la participación de buzos de la Secretaría de Marina (Semar), en la búsqueda de los normalistas en el Río San Juan.
“A ocho años de este lamentable acontecimiento, el Pleno del INAI se suma a las voces que exigen el esclarecimiento de los hechos y refrenda su compromiso para garantizar la apertura de toda aquella información que contribuya a conocer la verdad”, se lee en el comunicado.
Cabe señalar que hasta el momento, el gobierno federal ha informado que emprenderá una queja contra el juez Samuel Ventura Ramos, luego de que se le señalara como responsable de dictar sentencias absolutorias a 120 personas que posiblemente están involucradas en el crimen de Estado.
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