La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la mañana de este lunes 31 de agosto, por presunta operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.
De acuerdo con Milenio, la detención ocurrió a las 10:00 horas cuando asistía a una reunión en la Ciudad de México y fue un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito a dicho centro penitenciario libró la orden de aprehensión.
La detención es consecuencia de tres denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal.
El directivo era investigado desde el 2019 y fue a finales del mes de mayo que la UIF informó que detectó actividades irregulares del presidente del patronato de la UAEH y bloqueó seis cuentas de la institución.
La suma de dichas cuentas asciende a USD 151 millones, las cuales están a nombre del patronato de la UAEH, pero vinculadas con las supuestas actividades de Gerardo Sosa.
En junio, la UIF desmintió que la Universidad hubiera comprobado el origen de los recursos, ya que les fueron liberadas 46 cuentas con el fin de no afectar el pago de trabajadores, proveedores y servicios, pero mantenían bloqueo de USD 151 millones, recursos que fueron transferidos de Suiza a México y a través de cuentas de 22 naciones.
En un comunicado de prensa del 2019 se indicó que “el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros”. Posteriormente, se dio a conocer que la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigaba a la UAEH por el lavado de dinero.
“No hay persecución política, bajo ninguna circunstancia, pero es un tema que afecta la estabilidad del sistema financiero y es un tema que tiene que ser esclarecido de manera pronta”, aclaró Santiago Nieto, titular de la UIF.
La UAEH indicó en un comunicado en junio le habían liberaron 44 cuentas, lo cual confirmaba “la confianza en los órganos de justicia federal ante quienes ha quedado probada la licitud sobre el origen, manejo y destino de los recursos que administra la máxima casa de estudios de la entidad”.
La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que las seis cuentas que permanecen bloqueadas se mezclaron recursos públicos y privados y que no es dinero que pertenece al fondo de jubilados como había justificado la institución.
La UIF destacó que se dejaron a salvo las cuentas bancarias de la universidad que recibe subsidios federales y estatales, dispersa pagos de nómina a los trabajadores académicos y administrativos, tanto activos como jubilados; recibe pagos de colegiaturas, exámenes de admisión y demás servicios educativos; administra ingresos propios y becas; efectúa el pago a proveedores e impuestos federales y locales.
En febrero del 2019, la UIF emitió un medida cautelar que se tomó después de que un reporte alertara de “movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias” de la casa de estudios.
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