
Una célula delincuencial del Cártel de Sinaloa es la responsable de los últimos asesinatos y atentados que han sufrido los elementos de la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía general de Justicia del Estado (FGE) en Ensenada, Baja California.
El 28 de abril asesinaron al ministerio público Hiram Rivera Lizárraga, el 15 de mayo intentaron hacer lo mismo con el coordinador de Ministerios Públicos, Vicente Huerta, pero fueron descubiertos. Y una semana después, 22 de mayo, le quitaron la vida a Manuel Avendaño Rojas, agente estatal de Investigación de Ensenada, asignado a la Unidad contra Narcomenudeo.
Las autoridades lo tienen claro: Jesús Salvador Villavicencio Meza “El Venado” y/o “El Rayder”, sus hermanos Germán y César Ulises y Leopoldo Lizárraga Ochoa “El Polo” o “El Pantera”, todos operadores criminales del Cártel de Sinaloa en la célula de René Arzate García, están detrás de estas agresiones.
Los Villavicencio y Lizárraga se han convertido en objetivos prioritarios de las Mesas de Coordinación por la Paz y la Seguridad.

Todo empezó el 15 de febrero en Isla de Cedros, como parte de los preparativos para las Jornadas de la Paz del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Algunos miembros de Narcomenudeo fueron enviados para realizar algunos aseguramientos para que el mandatario pudiera mostrar resultados en materia de seguridad.
El personal solicitó y ejecutó órdenes de cateo en las tienditas de droga de los hermanos Villavicencio Meza, pero a los homicidas y traficantes no les pareció que la autoridad se ejerciera en su contra; avisaron que matarían y quemarían a los agentes, sus familias y sus pertenencias.
Los agentes amenazados fueron extraídos, les dieron vacaciones pero regresaron a laborar, en el inter los cateos y aseguramientos continuaron en narcotienditas en diversas zonas de Ensenada, incluso después del asesinato de Hiram Rivera el 28 de abril. Los que incomodaron a los del Cártel de Sinaloa, fueron las acciones judiciales ejecutadas en Isla de Cedros, Villas del Real, Punta Banda y Acapulco.

A partir de entonces las amenazas de muerte se han recibido en los teléfonos particulares de algunos agentes de la FGE y al Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4), informó personal de la Fiscalía.
De hecho, investigadores estatales de Ensenada, aseguraron que aproximadamente una semana antes de ser asesinado el agente Manuel Avendaño, el C4 recibió una amenaza de muerte en su contra, la cual fue remitida a los jefes de este, pero no hicieron nada al respecto. “El coordinador de Homicidios y el de Narcomenudeo en el Estado, un tal Pelayo, se quedaron con la información por alguna razón y no la bajaron”, expusieron.
Avendaño estaba asignado a Narcomenudeo, pero desde 2017 había dejado de ser agente activo en investigaciones, los últimos tres años había estado comisionado a la barandilla en el área de celda, donde recibía y procesada las capturas realizadas por sus compañeros.
El agente había pedido su salida de este grupo desde 2016, sin éxito. Ese año, recién llegado de Mexicali lo designaron jefe de Narcomenudeo cuando la unidad empezó a trabajar investigaciones en Ensenada, en un corto tiempo realizó varios decomisos y detuvo en tres ocasiones a un narcomenudista y presunto homicida de Los Venados: Arley Aguilar Salgado.
Inconforme por las capturas y decomisos, Aguilar Salgado denunció a Avendaño ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Asuntos internos, pero no le sirvió porque igual fue procesado. Entonces, él y sus cómplices lo amenazaron: “Te va a cargar la chingada”, todo quedó consignado en una carpeta de investigación hace tres años.
Entonces Avendaño pidió por primera vez su reubicación y lo enviaron a barandilla. “No quería más problemas administrativos ni con narcos, era un agente de perfil bajo, tranquilo. No había versiones ni dentro ni fuera que anduviera de baquetón, a pesar de estar en Narcomenudeo, al contrario, le sacaba la vuelta porque tenía dos hijos menores”, confió a ZETA uno de sus compañeros.
Hace seis o siete meses, el agente solicitó una nueva asignación, quería volver a investigar pero no indagando la venta de droga; había pedido su cambio al Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes.
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