Human Rights Watch denuncia expansión de ganadería ilegal en la Amazonía brasileña

La expansión de la ganadería ilegal está transformando la vida de comunidades e indígenas en Pará, en la Amazonía brasileña. Según un informe publicado el 15 de octubre de 2025 por Human Rights Watch, el avance de ranchos irregulares ha devastado territorios como el asentamiento Terra Nossa y el territorio indígena Cachoeira Seca. La ausencia de controles efectivos sobre la cadena de suministro de la mayor empresa cárnica del mundo, JBS, expone a la Unión Europea al riesgo de importar productos asociados a deforestación y violaciones de derechos humanos.

El informe de Human Rights Watch describe la apropiación ilegal de tierras por parte de ganaderos, que ha destruido los medios de vida de agricultores y vulnerado derechos fundamentales de comunidades originarias. En Terra Nossa, creado en 2006, la invasión de ganaderos ilegales ha ido acompañada de violencia contra residentes. Para 2023, el 45,3% de las 150.000 hectáreas del asentamiento se había transformado en pastizales, y un censo del 2016 mostró que el 78,5% del área estaba ocupada de forma ilegal. A pesar de contar con estos datos, las autoridades no han implementado medidas efectivas de desalojo y analizan dividir el asentamiento, una decisión que, según Human Rights Watch, perpetuaría la impunidad de quienes cometen delitos ambientales.

En el territorio indígena Cachoeira Seca, habitado por el pueblo Arara, la situación es igualmente grave. La ocupación por ranchos ilegales de 733.000 hectáreas ha reducido la fauna y los productos del bosque, limitado la movilidad comunitaria y erosionado derechos culturales. En 2024, Cachoeira Seca fue el territorio indígena con mayor superficie deforestada de la Amazonía brasileña.

La responsabilidad de JBS resulta central en este escenario. Human Rights Watch, a partir del análisis de permisos de transporte de ganado, identificó cinco casos de ranchos ilegales en Terra Nossa y Cachoeira Seca que enviaron animales a fincas fuera de esas zonas protegidas; posteriormente, estos animales fueron vendidos a mataderos de JBS. La organización resalta que la empresa no cuenta con un sistema para rastrear a sus proveedores indirectos, pese a haberlo prometido en 2011.

“JBS sigue sin contar con un sistema para rastrear a sus proveedores indirectos, a pesar de haber prometido desde 2011 que lo implementaría”, afirmó Luciana Téllez Chávez, investigadora sénior sobre medio ambiente de Human Rights Watch. “Sin ese sistema, la empresa no puede cumplir su compromiso de eliminar la deforestación de su cadena de suministro para fines de 2025”.

En la actualidad, Brasil no exige por ley el rastreo individual del ganado entre fincas, lo que permite que animales criados en ranchos ilegales ingresen a la cadena de suministro formal. JBS, en comunicación con Human Rights Watch, sostuvo que monitorea a sus proveedores directos y que, a partir del 1 de enero de 2026, requerirá que estos informen sobre sus propios proveedores. Sin embargo, la carencia de un sistema integral permite que productos derivados de la ganadería ilegal lleguen a los mercados internacionales.

Tanto autoridades brasileñas como europeas han anunciado medidas al respecto, aunque su avance es lento. El gobierno de Pará planea establecer un sistema de trazabilidad individual del ganado para 2026 y limitar permisos de traslado hacia zonas protegidas. A nivel nacional, Brasil propone un sistema general de trazabilidad para 2032. La demora en la implementación de estos sistemas podría poner en riesgo los logros alcanzados en la lucha contra la deforestación y el comercio ilegal de ganado.

En el ámbito internacional, la Unión Europea planea aplicar desde enero de 2026 el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación, que prohibirá la importación de productos bovinos originados en tierras deforestadas después de 2020 o que infrinjan leyes nacionales. Sin embargo, los legisladores europeos debaten un posible retraso en la entrada en vigor de la normativa, lo que, según Human Rights Watch, permitiría que productos contaminados persistan en el mercado europeo y pondría en duda el compromiso de la UE con la reducción de su huella global de deforestación. Entre 2020 y 2025, países como Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, España y Suecia importaron carne de municipios donde operan instalaciones de JBS, mientras Italia se encuentra entre los principales destinos de productos de cuero.

Frente a este panorama, Human Rights Watch insta al gobierno brasileño a desmantelar los ranchos ilegales, responsabilizar a quienes ocuparon y explotaron tierras de manera ilícita y acelerar la trazabilidad efectiva del ganado. Asimismo, JBS debería adoptar medidas para remediar cualquier implicación en fraudes de tenencia, deforestación ilegal o violaciones de derechos humanos, aunque la participación haya sido involuntaria.

La preservación de la Amazonía y la defensa de las comunidades que dependen de ella exigen una respuesta coordinada entre los países exportadores y los mercados de destino, como Brasil y la Unión Europea, para garantizar cadenas de suministro libres de deforestación y abusos.