En la década de 1930, en un contexto de fuerte anticomunismo y xenofobia, Estados Unidos vivió una batalla política que puso en evidencia los límites del poder ejecutivo en materia de deportación.
La secretaria de Trabajo, Frances Perkins, enfrentó un intento de destitución por negarse a deportar a Harry Bridges, un líder sindical de origen australiano acusado, sin pruebas suficientes, de intentar derrocar al gobierno.
Tal como recuerda Time, este episodio histórico, aunque ocurrido hace casi un siglo, resuena hoy en el debate sobre inmigración y deportaciones masivas, como las que han sido promovidas en los últimos años por diversas administraciones.
Harry Bridges y el poder de la organización sindical
Harry Bridges llegó a Estados Unidos desde Australia y se convirtió en una figura clave del movimiento sindical.
En 1932, se destacó como portavoz de los estibadores de la costa oeste, que buscaban mejores condiciones laborales.
Un año después, lograron su sindicalización y, en 1934, Bridges lideró una huelga general de estibadores y trabajadores de almacenes.
El movimiento fue un éxito: los empleadores aceptaron reducir las horas de trabajo, mejorar los salarios y garantizar mayores condiciones de seguridad.
Su liderazgo consolidó su figura, pero también lo convirtió en un blanco de persecución, especialmente por sus supuestas simpatías comunistas, en un contexto de paranoia anticomunista creciente.
Intento de deportación y la intervención de Perkins
En 1937, el director del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) en Seattle solicitó el arresto de Bridges bajo cargos ambiguos de subversión.
Antes de que Perkins asumiera como secretaria de Trabajo en 1933, el INS tenía libertad para ordenar deportaciones sin supervisión. Sin embargo, Perkins implementó controles para evitar abusos y exigió pruebas contundentes antes de actuar.
El pedido de arresto de Bridges fue rechazado por falta de evidencia. No obstante, el INS continuó investigándolo en la costa oeste y en Nueva York. Su caso pronto atrajo la atención del Congreso.
Acusaciones contra Perkins y la lucha por el debido proceso
En enero de 1939, el congresista J. Parnell Thomas, un ferviente opositor del New Deal, presentó una resolución para destituir a Perkins.
Alegó que su negativa a deportar a Bridges era un acto de “traición”, sugiriendo falsamente que el líder sindical buscaba derrocar al gobierno.
Perkins respondió al Congreso con un comunicado en el que defendió su actuación:
- No tenía la facultad de deportar a una persona solo porque sus ideas fueran impopulares.
- Si el Congreso o los tribunales determinaban que la afiliación comunista era motivo de deportación, ella cumpliría la ley.
- No había pruebas de que Bridges estuviera conspirando contra el gobierno.
A pesar de sus argumentos, la presión contra ella aumentó en un clima de hostilidad política y anticomunismo exacerbado.
Empresarios y sectores conservadores aprovecharon la controversia para debilitar su imagen y las políticas progresistas del New Deal.
La audiencia ante el Congreso
Perkins recibió cartas de odio con insultos y ataques antisemitas, a pesar de que no tenía ascendencia judía. En una misiva, un remitente afirmaba que protegía a Bridges porque ambos pertenecían a “la misma banda”.
El 8 de febrero de 1939, Perkins testificó ante el Congreso en una audiencia a puerta cerrada. Defendió su postura y dejó claro que su intención no era promover el comunismo, sino mejorar el capitalismo a través de reformas laborales.
Argumentó que la deportación arbitraria violaba la ley y que su negativa a deportar a Bridges era un acto en defensa de los principios democráticos.
“Si él amenazara la democracia, lo deportaría. Pero la amenaza real es intentar destituirme por cumplir la ley”, advirtió.
Consecuencias políticas y el legado de Perkins
El Congreso no aprobó su destitución, pero el escándalo dañó su imagen y tuvo repercusiones en su carrera.
En 1940, el presidente Franklin D. Roosevelt impulsó la transferencia del INS del Departamento de Trabajo al Departamento de Justicia, con el fin de evitar controversias sobre inmigración en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.
Perkins quedó marcada como una funcionaria pro-inmigrante, lo que la convirtió en una figura políticamente incómoda. Sin embargo, su lucha por el debido proceso y su defensa del estado de derecho dejaron una huella en la política migratoria del país.
Lecciones para el presente
La historia de Frances Perkins es un recordatorio de los peligros de politizar la inmigración y de la importancia de garantizar un sistema justo y basado en la ley.
En un momento en que las deportaciones masivas vuelven a estar en el centro del debate político, su ejemplo subraya la necesidad de respetar los derechos fundamentales y evitar que decisiones sobre inmigración se conviertan en armas políticas.
El caso de Bridges y Perkins demuestra que la historia tiende a repetirse, y que el respeto por el estado de derecho sigue siendo una batalla vigente en Estados Unidos.
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