El Gobierno de Guatemala asentó las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana y reforzó la seguridad del presidente electo Bernardo Arévalo de León y su compañera de fórmula, Karin Herrera.
El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, informó que por “instrucción” de Alejandro Giammattei, “el futuro tándem presidencial cuenta con más medidas de seguridad, lo que pasa, entre otras cosas, por un mayor despliegue de la Policía y constantes análisis de riesgo”.
Inclusive, funcionarios de la cartera se reunieron con “personal de confianza” del líder del Movimiento Semilla para afinar los detalles de la vigilancia.
Este jueves, la CIDH respondió a las denuncias presentadas por los mandatarios electos y les otorgó medidas cautelares.
En un comunicado difundido por el organismo precisaron que los políticos fueron sujetos de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que se incrementaron “tras la segunda vuelta electoral” y por lo que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala”.
Días antes, el equipo de Arévalo había recibido información “preocupante sobre un plan para asesinarlo, con la participación de agentes estatales e individuos particulares”. “Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado ‘Colosio’, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, sumó la Comisión al respecto.
También se dieron, en el último tiempo, un aumento en la actividad de cuentas netcenters en redes sociales y el mensaje del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, en el que advertía a Arévalo que lo vería preso o prófugo por sus supuestos “varios delitos graves”.
Por último, el Ministerio Público notificó a la fórmula de un tercer plan ligado a “estructuras criminales de pandillas”.
Ante la falta de respuesta rápida del Ejecutivo de Giammattei, el Movimiento recurrió al refuerzo de la seguridad de los elegidos por la gente, de forma privada.
El cambio en la decisión oficial se conoció horas después de que la ex primera dama y competidora en los últimos comicios, Sandra Torres, denunciara fraude en el conteo de votos y avivara nuevamente la polémica en los comicios más controversiales en la historia del país desde la vuelta a la democracia.
Carlos López, abogado del Partido de Unidad Nacional de la Esperanza, con el que competía por la presidencia del país, apuntó este viernes contra el sistema de conteo de votos que reflejó los resultados que la dieron perdedora y cuestionó ante la Fiscalía las actas en las que se procesan los datos sobre los votos emitidos en cada urna.
“La denuncia va girada a fraude electoral que consideramos se cometió al procesar los datos”, dijo López al salir de presentar la denuncia, en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los que también atribuyó los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral.
Este es, de todas formas, una de las tantas maniobras que el oficialismo ha realizado con el fin de imponerse en las elecciones. Desde el inicio de la carrera electoral, se han presentado numerosos pedidos de suspensión del Movimiento Semilla y de sus miembros, que acabaron por ser desestimados por la Justicia.
(Con información de Europa Press)
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