La Unión Europea impuso el lunes sanciones a siete funcionarios iraníes de prisiones y justicia debido a lo que el bloque de 27 naciones describe como una campaña políticamente motivada por parte de la República Islámica para detener a ciudadanos de la UE.
La UE lleva años preocupada por el creciente número de sus ciudadanos detenidos por Irán bajo “motivos espurios”, muchos de los cuales, según afirma, “continúan siendo retenidos en condiciones degradantes sin posibilidad de un juicio justo”.
En respuesta, los ministros de Exteriores de la UE impusieron congelación de activos y prohibiciones de viaje a tres jueces, dos fiscales y dos funcionarios de prisiones, incluido Hedayatollah Farzadi, quien está a cargo de la notoria Prisión de Evin, que ya había sido objeto de sanciones anteriormente.
El bloque afirma que Farzadi es “directamente responsable de graves violaciones de los derechos humanos de los prisioneros políticos, en particular por restringir sus derechos de comunicación y visita y por ordenar arbitrariamente el confinamiento solitario”.
La UE también congeló los activos de la Prisión Central de Shiraz. Indicó que “varios rehenes de países europeos han sido detenidos ilegalmente en esta prisión, donde se les ha negado el acceso a un juicio justo y donde han experimentado graves violaciones de sus derechos más básicos”.
La primera rama del Tribunal Revolucionario de Shiraz en la provincia de Fars también fue objeto de sanciones, con la UE señalando su papel en “juicios injustos y ejecuciones de disidentes políticos y persecución de individuos de comunidades minoritarias”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, acogió con satisfacción las sanciones, describiendo las acciones de Irán como “una política estatal” de toma de rehenes.
“Es hora de actuar porque las condiciones en las que algunos de nuestros compatriotas franceses y europeos están siendo detenidos son vergonzosas y comparables a la tortura según el derecho internacional”, afirmó Barrot a los periodistas. Advirtió a los ciudadanos franceses que eviten viajar a Irán.
El mes pasado, el francés Olivier Grondeau, quien estuvo encarcelado en Irán durante más de 880 días, fue liberado junto con otro ciudadano francés que había estado bajo arresto domiciliario en la capital Teherán durante más de cuatro meses.
Un tribunal iraní había sentenciado a Grondeau, un mochilero y viajero del mundo, a cinco años de prisión por cargos de espionaje que él, su familia y el gobierno francés negaron enérgicamente. Fue retenido en la Prisión de Evin, que alberga a occidentales, ciudadanos con doble nacionalidad y prisioneros políticos que Irán utiliza a menudo como moneda de cambio en negociaciones con Occidente.
Ejecuciones aumentaron un 16 % en 2024
Al menos mil personas fueron ejecutadas en las prisiones iraníes el pasado año, según el cómputo del opositor Centro Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) a partir de recuentos oficiales, lo que significaría un aumento de casi el 16% respecto a 2023.
Casi el 70% de esas ejecuciones (695) se produjeron desde finales de julio, desde el inicio del mandato del actual presidente, Masud Pezeskhian, destacó en un comunicado el CNRI, que señaló, además, que este pasado 1 de enero al menos doce prisioneros fueron ajusticiados en cuatro cárceles.
Para esta organización opositora, que afirma recoger esos datos de fuentes públicas oficiales, el ritmo de las ejecuciones está en relación con la situación política en Irán y, en concreto, con “las crisis y las derrotas del régimen”.
Eso explicaría que en el cuarto trimestre, cuando se enfrentó a “graves derrotas en la región” —en alusión indirecta a conflictos como el de Siria o con Israel— o a “crecientes crisis económicas y sociales”, las penas de muerte aplicadas se dispararon y representaron el 47 % de las de todo el año.
La mitad de todos los presos ejecutados en 2024 fueron colgados en ocho prisiones: Qezelhessar (165), Shiraz (97), Idfahan (61), Tabriz (59), Karak Central (44), Qazvin (38), Mashhad (33) y Birjand (29). No obstante, se tiene constancia de que hubo en 86 centros penitenciarios de 31 provincias.
De todos los reos a los que se aplicó la pena capital, 34 eran mujeres y siete tenían menos de 18 años en el momento en que sucedieron los hechos por los que fueron sentenciados. La mitad (502) habían sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico.
(Con información de AP)
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